Huesca.- La Audiencia Provincial de Huesca juzga desde este martes al exalcalde de Santaliestra, Francisco Javier Mur, como posible autor de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ministerio Fiscal y la acusación particular le imputan haber desviado unos 100.000 euros de una subvención de 240.000 que la Diputación Provincial de Huesca (DPH) concedió en 2006 al Ayuntamiento. Mur habría destinado este dinero a ayudar a que varios vecinos saldaran los créditos contraídos con entidades bancarias para pagar las minutas de los abogados en el pleito que entonces se llevó a cabo contra el proyecto del pantano de Santaliestra, finalmente revocado por los acuerdos del Pacto del Agua.
Además de atenderse a la declaración inicial del exalcalde, también han pasado por la sala de la Audiencia el grupo de vecinos demandantes que denunció los hechos y no había recibido ninguna cantidad económica pese a encontrarse en la misma situación y litigar como particulares afectados por el embalse. Tras dirigirse a la DPH, esta les informó de la que se ha convertido en la cuestión clave del juicio: la subvención estaba dirigida a sufragar los gastos de abogados del Ayuntamiento y no para fines particulares.
Mur y la defensa mantienen que aquél actuó en todo momento dentro de la legalidad vigente. Alcalde por Chunta Aragonesista hasta 2015, cuando no se presentó a las elecciones municipales y se dio de baja de la formación política tras ser imputado, se le impuso una fianza de 130.000 euros. Ahora, la Fiscalía y la acusación particular piden penas de prisión que oscilan entre cuatro y cinco años más ocho de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público.
Según la denuncia, el exalcalde repartió las ayudas de manera arbitraria y sin que hubiese un acuerdo plenario previo. Entre los beneficiarios se encontraba su padre y todos ellos figuran en la instrucción del caso como presuntos responsables civiles subsidiarios. Mur ha declarado esta mañana que "el Ayuntamiento recuperó ese dinero y los vecinos no tenían que pagar esos intereses tan elevados". Ha insistido en que "se aportaron todo tipo de facturas, del consistorio y de particulares" y en que "todos pensábamos que el Ayuntamiento era el que avalaba los créditos, se acordó en un pleno".
El exalcalde ha remarcado que el firmó el certificado del acuerdo plenario pero que, a su vez, todos los documentos tenían el visto bueno del secretario interventor del Ayuntamiento, fallecido hace unos años, y que "si emitía un informe favorable, yo no tenía dudas acerca de su legalidad". "Los vecinos firmaron créditos para que el consistorio pudiera pagar las minutas de los abogados", ha explicado Mur, quien preguntado por el resto de habitantes de Santaliestra afectados se ha referido a que "ellos habían cancelado ya sus créditos y solo se podía actuar en los créditos que estaban vivos".
Además de la subvención de la DPH estaba prevista otra del Instituto Aragonés del Agua (IAA) que Santaliestra no llegó a percibir. Citado como testigo, el entonces director del IAA, Alfredo Cajal, ha dicho esta mañana que se buscó la puesta en marcha de una fórmula para ayudar a los vecinos de Santaliestra y "no pudo ser porque lo impedía un apartado de la Ley de Subvenciones del Gobierno de Aragón". Para cerrar la primera de las tres jornadas del juicio se ha leído la declaración que el entonces secretario interventor realizó en 2011 y en la que aseguraba que no se había avalado a los vecinos. Mañana está llamado a declarar el alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, que en 2006 presidía la DPH.
