PP acusa al PSOE de intentar vaciar de contenido su propuesta de ley de Garantía Jurídica Universal

Mañana comienza en las Cortes el debate en ponencia de una proposición de ley de Garantía Jurídica Universal, presentada por el PP, y a la que los grupos han presentado más de un centenar de enmiendas. Los populares acusan al PSOE de “intentar vaciar de contenido” el documento con las modificaciones planteadas.

Zaragoza.- Mañana comienza el trabajo en ponencia para avanzar en la proposición de ley de Garantía Jurídica Universal que presentó el grupo parlamentario del PP ante el Parlamento. En este órgano se estudiarán las 109 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, siendo el paso previo para su aprobación definitiva ante el plenario. Según el diputado popular Fernando Ledesma, “todas las enmiendas planteadas tienen espíritu constructivo, excepto las del PSOE”.

Para el PP las propuestas de modificación de los socialistas tienen “la intención contraria” al objetivo del texto, para “acabar con la solución que veníamos planteando”. El grupo del PSOE busca “vaciarla de contenido y no solucionar el problema que ha venido generando”, según Ledesma, para quien las enmiendas socialistas “quieren transformarla en una proposición no de ley, para que no sea de obligado cumplimiento y que sea la DGA la que se siente con los sectores implicados para definir la ley”.

Unos sectores implicados que, según Ledesma, ya han sido escuchados por todos los grupos parlamentarios, lo que ha permitido que “hayan aportado mucho”, y que “todas sus demandas vayan a ser trasladadas al documento porque han sido recogidas por los grupos”.

Intención de la ley

A grosso modo, Ledesma también ha explicado que la principal intención de esta ley es agrupar todos los servicios de asesoría jurídica que presta la DGA bajo el prisma del Departamento de Justicia, como ya lo están los de la Asistencia Jurídica Gratuita y el Turno de Oficio. Así, se pretende que también se haga con el servicio jurídico a mujeres víctimas de violencia de género, que ahora depende del Instituto Aragonés de la Mujer, y el de inmigrantes, que se ofrece desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Estos dos últimos, como ha explicado el diputado, “se prestan con convenios que se negocian cada dos años y su renovación genera tensiones. Queremos evitar el riesgo de inestabilidad que la renovación genera”.

Además, se pretende que “sean los colegios de abogados” los que presten todos estos servicios porque “es una mayor garantía. No tienen ánimo de lucro, tienen a todos los abogados a su disposición, cubren todo el territorio y tienen capacidad para prestar las asesorías jurídicas específicas”, ha dicho.

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