Zaragoza.- La Escuela Pública ha mostrado de nuevo su rechazo a las decisiones judiciales tomadas en torno a la concertada, después de que hace dos semanas el TSJA diera la razón a siete colegios concertados que recurrieron la decisión del Departamento de no renovarles su concierto.
Desde el colectivo consideran que “hay un gobierno en la sombra” y que los tribunales “están impidiendo”, ha indicado el portavoz de la Escuela Pública José Manuel Larrodera, “la actuación normal de una administración educativa que intenta cumplir su programa con un amplio apoyo de la comunidad educativa”.
Desde la Escuela Pública creen que los jueces “han confundido” la escolarización con la renovación de conciertos ya que su respuesta a la primera decisión del Departamento de Educación fue decretar medidas cautelares sobre los centro que recurrieron para esperar a que las familias decidieran. En este sentido, insisten en que la renovación de conciertos no es anual y que por lo tanto el Departamento no se basa solamente en criterios de demanda de un año a la hora de renovar los conciertos, sino que baraja también otros aspectos como los ratios o la atención que los centros hacen a los más desfavorecidos.
Además, Larrodera también ha criticado el modo en el que se han tramitado los recursos presentados por los colegios. Según ha indicado, los centros estaban en su derecho de recurrir pero “por el procedimiento contencioso ordinario y no por el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales, que es el que es más rápido y que lleva el tema de las cautelares”. Por eso creen que los tribunales deberían “haber derivado esos recursos a otra vía o haberlos desestimado” pero, sin embargo, ha lamentado el portavoz de la plataforma, esos recursos “entran en horas”. “Da la impresión que la decisión está tomada y lo otro hay que completarlo sin muchos miramientos”, ha añadido.
Por todo ello, han mostrado su apoyo al Departamento de Educación, a quien le han pedido que continúe con la presentación de alegaciones y esperan que las sentencias no se demoren mucho. Asimismo, solicitan a los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón que continúen trabajando para instar el Gobierno nacional a derogar la Lomce.
Todas estas consideraciones y peticiones han sido plasmadas en un comunicado apoyado por diversas organizaciones y por PSOE, CHA, Podemos e IU.
