Si los aragoneses no sufrimos suficiente castigo con los impuestos de sucesiones, de donaciones y plusvalía, ahora nos amenazan en Zaragoza con el ICA (Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas), del que ya debemos 45 euros por familia en lo referente al año pasado. En este año el pago será de 60 euros. En el año 2018 pueden llegar a 150 euros lo que pague cada familia por este concepto. Estamos los aragoneses hartos de pagar más impuestos que el resto de Comunidades autonómicas para estar peor que en muchas de ellas. Somos unos auténticos pagafantas (solícitos a la espera de un beneficio que no llega).
Aragón es la cuarta Comunidad que más paga por IRPF, la primera por Patrimonio, la tercera por Sucesiones, la séptima por donaciones. Mientras tanto, en lugar de solucionar los problemas de los zaragozanos, el Ayuntamiento pierde tiempo y esfuerzo en tratar de anular las inmatriculaciones de la iglesia católica y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón suspende el cierre de aulas en colegios concertados decidido por el Gobierno autonómico. Según el Juzgado Contencioso Administrativo, no existe ni un solo razonamiento explícito sobre la viabilidad de lo que se pretende llevar a cabo en lo que respecta a las inmatriculaciones.
¿A qué se dedican nuestros políticos que no sea a dar golpes al aire, brindis al sol, traspiés o bandazos inútiles?. ¿Cuándo devolverán los Ayuntamientos las plusvalías por ventas o herencias en las que haya habido pérdidas económicas tras la sentencia del Tribunal Constitucional?. Se supone que tardarán mucho tiempo en cumplir con la sentencia y hay que preguntarse de qué manera recuperarán en su día el dinero que paguen por ese concepto, ¿con otros nuevos impuestos, subidas de tasas o de impuestos que ya pagamos?
Según el asesor jurídico de la UCA, el Ayuntamiento de Zaragoza recaudó el año pasado 75.8 millones de euros por plusvalía, de los que tendría que devolver 75 millones, unos 250 o 300 millones en los últimos cuatro años. No era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Unos 14.000 aragoneses están afectados por estas plusvalías ilegalmente cobradas, unos 4.500 euros por cabeza. Creen las autoridades que nos malgobiernan que el ciudadano es una especie de limón al que se le puede exprimir sin límite, que pagamos poco y nos quejamos por vicio o capricho.
