Zaragoza.- El Gobierno de Aragón espera que antes de que acabe el año la Comunidad Autónoma cuente con una ley que reconozca a las víctimas del franquismo. Para ello, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Memoria Democrática que ha elaborado la Consejería de Presidencia, en colaboración con las de Educación, Cultura y Deporte y de Vertebración del Territorio. El documento, que ahora iniciará un proceso participativo y después pasará por las Cortes de Aragón, contempla la creación de un censo de desaparecidos, la ampliación de los mapas actuales de fosas comunes, un protocolo de exhumaciones y otro de muestras de ADN, así como la elaboración de un plan estratégico que facilite el desarrollo de la ley.
El texto aprobado hoy regula los "símbolos y actos contrarios a la memoria democrática", tal y como ha explicado el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro. Así, "se prohíbe cualquier exhibición pública como placas, escudos e insignias" y contempla "la revocación de los títulos honoríficos concedidos a figuras del franquismo". Además, "no se permitirá concurrir a ayudas o subvenciones públicas a personas o entes sancionados por atentar o alentar prácticas contrarias a la memoria democrática", entre las que se incluyen a municipios que no cumplan con la obligación de retirar los símbolos franquistas de los lugares públicos. Además, incluirá un régimen de sanciones, "a diferencia de la ley de ámbito nacional", ha remarcado Soro, en el que "se considerará grave la destrucción de fosas o la no retirada de los símbolos franquistas".
El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha explicado que "la ley incluye que el 3 de marzo sirva para conmemorar el día de la memoria democrática de Aragón, en recuerdo al bombardeo que sufrió el municipio turolense de Alcañiz". También ha resaltado la necesidad de aprobar esta ley para actuar "frente a la asfixia económica" que el Gobierno central está ejerciendo sobre la ley de ámbito estatal, aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que "ha puesto cero euros estos cinco años". Así, la ley aragonesa contará con 275 mil euros para su puesta en marcha, según ha anunciado Guillén. Eso sí, la ley no prevé una reparación económica para las víctimas, sino "reparación moral y jurídica", ha dicho el consejero, porque "el resarcimiento económico debería depender del Gobierno de España".
El documento también contempla medidas en materia educativa y cultural, tal y como ha explicado la consejera del ramo, Mayte Pérez, quien ha explicado que "se van a revisar los currículos" para "ofrecer una información veraz" a los alumnos y "formar a los jóvenes para adquirir una actitud crítica". Además, "se implementarán actividades extraescolares que refuercen estos contenidos como con visitas a lugares reconocidos" de la Guerra Civil. Y, en relación a estos espacios, serán reconocidos como patrimonio cultural y se elaborarán inventarios e itinerarios que ayuden a su difusión como recuerdo del pasado".
