Los padres y las madres del Colegio Pío XII de Huesca critican la "segregación escolar" que sufre el centro

Los padres y madres del Colegio Pío XII de Huesca critican la "segregación escolar" que sufre el centro "desde hace años". Han denunciado el "reiterado incumplimiento de la legislación que regula el equilibrio del alumnado Acneae entre todos los centros escolares, vulnerando por tanto el derecho a la educación en condiciones de igualdad".

Zaragoza.- Noelia Ferrer y Adela Laliena, representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Pío XII de Huesca, han intervenido este lunes en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes para exponer ante los parlamentarios su visión sobre "el reiterado incumplimiento de la legislación que regula el equilibrio del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Acneae) entre todos los centros escolares, vulnerando por tanto el derecho a la educación en condiciones de igualdad".

Ferrer y Laliena han denunciado que el centro sufre "segregación escolar desde hace años" y que el derecho a la igualdad "está siendo vulnerado". "Nuestro centro es un centro en desventaja porque se están incumpliendo los artículos de la actual ley educativa que obligan a la administración a garantizar la equilibrada implantación de estos alumnos", ha expuesto Ferrer. 

"Pedimos –ha continuado- que se establezca un adecuado mecanismo de distribución, pues esta situación está afectando a todos los alumnos del centro, a sus profesores y a todo el barrio, cuyos habitantes ven como su colegio no representa su composición poblacional".

Las representantes de la Amypa han criticado "que se siga primando la libertad de elección de centro frente a la lucha por evitar la segregación", y que a pesar de los "esfuerzos" de la comunidad educativa del Pío XII, las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón "no se adecuaban" a sus necesidades, "por lo que no tuvimos otro camino que el judicial", en referencia al proceso que han llevado a cabo frente al Ejecutivo autonómico. 

Asimismo, han subrayado que los convenios firmados al respecto con los ayuntamientos "son importantes para identificar posibles familias cuyos hijos puedan necesitar apoyo educativo, pero los vemos insuficientes y consideramos que otros organismos deberían participar en ellos".

Por su parte, Laliena ha indicado que otros de los principales problemas del colegio consisten en que "no se ha respetado el criterio de proximidad", así como la "irregular zonificación" o la "sobre ofertación de plazas". 

"Con todas estas circunstancias vemos que existen centros con un porcentaje muy bajo de Acneaes en Huesca, ciudad que se divide en tres redes, una pública, otra concertada y otra asistencial integrada por el Pío XII, un centro en desventaja por los incumplimientos legales que se han producido", ha explicado la portavoz de la Amypa.

Grupos parlamentarios

Por parte del PP, Fernando Galve ha reconocido que el centro recibe muchos alumnos Acneaes, por lo que ha mostrado el "apoyo" de su grupo a la Amypa y su "compromiso" de que "seguiremos trabajando para que esta situación se revierta". "Se trata de un problema serio que tiene que resolverse poco a poco porque no es fácil, pero el PSOE no puede ahora sacar pecho porque en doce años de Gobierno solo puso parches sin afrontar verdaderamente la situación", ha recordado el popular.

La socialista Julia Vicente ha manifestado que desde el Gobierno "se comparte esta preocupación", por lo que "se han buscado soluciones desde el primer momento". "Se aprobó un decreto por el que se regula la escolarización de alumnos con necesidades de apoyo para compensar las desigualdades existentes, se ha puesto en marcha un programa de apoyo educativo y se han reducido las ratios de forma generalizada, garantizando así una atención más individualizada; aspectos que demuestran el compromiso del Departamento en este sentido", ha destacado Vicente.

Desde Podemos, Alfonso Clavería ha transmitido su "ánimo" a las integrantes de la Amypa, "por tratar de evitar que no todo el mundo tenga las mismas oportunidades desde la infancia", al tiempo que ha señalado que los datos apoyan la tesis de que "el panorama al respecto no es equitativo" y que la situación del Pío XII es "alarmante". "De todas formas, los guetos no se han generado en los últimos cuatro años, pues muchos vienen de los doce anteriores de Gobierno socialista, lo cual se pone de manifiesto sobre todo en barrios cuyas familias tienen una situación económica desfavorable", ha asegurado el miembro de la formación morada.

Lucía Guillén (PAR) ha reconocido que, aunque los diferentes gobiernos "han hecho esfuerzos" para solventar los problemas del centro llevando a cabo "una discriminación positiva al tratar de hacerlo atractivo a otro tipo de familias, esto no se ha conseguido". "Cada centro debe contar con los recursos suficientes para atender a todos los alumnos y, a pesar de que consideramos que además del de proximidad debe tenerse en cuenta el criterio de la ubicación laboral de los padres, no puede haber unas concentraciones tan altas de Acneaes porque se desequilibra la vida del centro", ha señalado la diputada.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha afirmado que su partido está a favor "de una educación pública, gratuita, de calidad y en condiciones de igualdad y equidad, y crear centros segregados no la garantiza". "La mala zonificación que Huesca ha tenido y sigue teniendo lleva a situaciones en las que padres que tienen enfrente de su casa un colegio no pueden llevar allí a sus hijos porque tienen en medio una determinada vía o carretera", ha señalado la diputada, que ha tildado de "insuficientes" las medidas tomadas por el Gobierno de Aragón al respecto.

Por el Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) ha puesto en valor "la lucha" de esta entidad "por defender la educación pública y de calidad independientemente del lugar en el que se viva, y esperemos que finalmente David gane a Goliat". "Aquí hay un problema evidente, pues los datos son muy claros. Llueve sobre mojado, porque ya se detectó esta situación en 2005. Se tiene que garantizar el cumplimiento de las sentencias porque si la administración no lo hace se transmite a la ciudadanía un mensaje perverso", ha concluido la parlamentaria.