Zaragoza.- Tras casi 16 años al frente de la Fiscalía Provincial de Huesca, Felipe Zazurca regresa a su tierra natal y pasa a suceder a Alejandro Fernández Furquet como fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Zaragoza. Tomó posesión de su cargo el pasado 14 de marzo y llega cargado de "ilusión" y con el objetivo de "hacer que funcione bien el trabajo de cada día".
Zazurca reconoce que la Fiscalía de Zaragoza así como la Unidad Anticorrupción, que va camino de cumplir tres años, han funcionado bien. Respecto a esta última, no ve necesaria una modificación, "al menos inmediata", en cuanto a los planteamientos.
El nuevo fiscal jefe de la Fiscalía de Zaragoza también se muestra partidario de recuperar la empatía con la sociedad y, para ello, un aspecto que considera fundamental es explicar determinadas decisiones judiciales.
Pregunta.- Llega a Zaragoza después de 16 años en Huesca, ¿cómo afronta el reto?
Respuesta.- Con ilusión y responsabilidad. Llevo 40 años fuera de Zaragoza y desde el punto de vista personal, es casi un sueño vivir aquí otra vez. Profesionalmente, tengo una experiencia de 15 años y medio en Huesca y eso ya me permite partir de una base. El fondo de la Jefatura Provincial, en lo esencial, es igual, aunque Zaragoza es un territorio mucho más grande, con el triple de fiscales que en Huesca. Supone un salto cuantitativo, al menos.
P.- Por lo que ha podido observar hasta la fecha, ¿funciona bien la Fiscalía de Zaragoza?
R.- Yo vengo a trabajar sobre lo que han sembrado ya otros. Creo que la Fiscalía funciona razonablemente y trataré de mantener el nivel y mejorar las cosas que son mejorables. La de Zaragoza es una Fiscalía con tradición de fiscales de nivel. Aragón es tierra de juristas.
P.- En su toma de posesión, usted hablaba de la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y, en concreto, al expediente digital que ya ha comenzado a implantarse en Aragón, ¿es éste uno de los aspectos mejorables?
R.- Más que mejorable es seguir el ritmo de adaptación a las nuevas tecnologías. En los últimos quince años se ha avanzado muchísimo, pero para llegar al ideal queda mucho todavía. El expediente digital es un camino en el que no hay retorno, tardará más o menos en perfeccionarse su funcionamiento, pero se ha pasado el Rubicón y entiendo que una de las grandes cosas pendientes es el expediente digital.
P.- Se comenzó en los juzgados de Barbastro, ¿cómo va la implantación en la Comunidad?
R.- No va a ser fácil porque es una meta alta, es pasar de unos juzgados que están hasta arriba de expedientes, a llegar al papel 0 como meta última. Las personas que ya tenemos años nos hemos tenido que ir adaptando, eso supone un esfuerzo. Seguro que para las nuevas generaciones será más sencillo. El camino, por lo tanto, va a ser largo.
P.- Usted asume el reto de la instrucción de los procedimientos por parte de la Fiscalía, condicionado a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿es un cambio realmente complejo?
R.- La Ley de Enjuiciamiento Criminal es del siglo XIX, eso significa que es una buena ley, porque si no, no habría aguantado tanto, pero a la vez las circunstancias en las que se promovió han cambiado. Es lógico que haga falta una nueva ley. El tema de la asunción de la instrucción por el fiscal lo llevo oyendo desde hace 31 años, cuando comencé en la carrera fiscal. Significa que no es un tema fácil, se discute sobre la imparcialidad del fiscal, sobre los medios materiales que harían falta...
Ahora se habla de que, al parecer, hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas para realizar esta reforma. Queda por saber si se hará en esta legislatura y el calado. Desde mi punto de vista, yo creo que haría falta. Supone un reto importante de ampliar las plantillas y establecer una nueva organización, redimensionar el papel de los hasta ahora jueces de instrucción... Habrá que ver el sistema que se aplica y se impone.
P.- Habla usted de la necesidad de medios y, sobre todo, de una nueva forma de organización, ¿cómo sería ésta?
R.- Hablamos mucho de más medios, pero no solo ha de pensarse en eso, sino que también hay que reorganizar para adaptarse y modernizar las oficinas judiciales y fiscales. Muchas veces, una reorganización adecuada de las funciones de las personas que trabajan en la Administración de Justicia y del sistema, bien hecha, supone que a lo mejor no hacen falta tantos medios como, a priori, una persona podría pensar.
P.- Para que lo entienda el ciudadano, ¿qué supone este cambio en la instrucción?
R.- Supone que es el fiscal, la acusación, quien tiene que aportar las pruebas en el juicio oral. Implica que el fiscal tiene que tener la capacidad de trabajar para conseguir esas pruebas, habiendo siempre un juez de garantías porque el fiscal nunca podrá tomar decisiones que afectan a derechos fundamentales como autorizar una entrada y registro, decretar prisión provisional… Ahora bien, eso supone más trabajo y más responsabilidad por nuestra parte. Luego habría que arreglar otras situaciones como el papel de las acusaciones particulares en la instrucción.
P.- ¿Este cambio supondría agilizar la Justicia?
R.- Con una buena ley y una buena puesta en práctica, yo creo que sí.
P.- ¿Cree que realmente hace falta mejorar la Administración de Justicia?
R.- En Aragón funcionan razonablemente los plazos legales, pero lo que es evidente es que una Justicia moderna debe ser ágil, cercana e igual para todos. Por mucho que no estemos en el peor lugar dentro de la celeridad de la Justicia, también hay que mejorar.
"Hay una opinión pública muy crítica con la Justicia"
P.- Reconoce que hace falta recuperar la empatía con la sociedad, ¿considera que un buen camino es castigar duramente la corrupción?
R.- Hablo de mejorar la empatía porque entiendo que hay una opinión pública muy crítica con la Administración de Justicia y las decisiones judiciales.
Tenemos que ser autocríticos y asumir las cosas que hacemos mal y debemos mejorar, pero también pienso que a veces no se explican bien determinadas decisiones. Han proliferado las redes sociales y ahora cualquier información ya no solo tiene la dimensión que se le da en la prensa sino que en las redes sociales cada uno da su opinión. A veces sería bueno que el ciudadano tuviera una mayor formación jurídica y, en parte, eso depende de nosotros. Cundo no se entiende que alguien esté en prisión provisional, cuando una determinada pena se considera pequeña y otra excesiva… La solución es explicarlo, de manera general.
Habla usted de la corrupción, yo creo que se debe castigar de manera proporcional, cada caso es cada caso. Desde hace años hay una situación justificada de alarma o indignación social por una serie de casos que han proliferado en exceso, pero hay que esperar siempre a la sentencia firme para valorar la conducta de una persona. Hay que distinguir también conductas inmorales de otras tipificadas por el delito. No todo lo que está mal es delito, necesariamente, aunque esta es una frase que habría que precisar mucho. Ha habido bastantes condenas a personas implicadas en casos de corrupción que han entrado en prisión. Vamos a seguir confiando en que la Justicia siga haciendo su papel, que tendría que ser más rápida puede ser, pero que ha habido unos resultados, también es cierto.
P.- En este sentido, ¿qué futuro se plantea para la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Zaragoza? ¿Cree que hay que dotarla de más personal o medios?
R.- Hasta este momento ha funcionado. Que haya o no más medios depende del número de casos, que puede fluctuar. De hecho, se han ido depurando las responsabilidades y en estos momentos hay muy pocos asuntos pendientes aparte de los que lleva la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, lo que no quiere decir que de aquí a tres meses aparezcan de pronto dos o tres. Hasta ahora ha funcionado bien y no es necesaria una modificación, al menos inmediata, en cuanto a los planteamientos.
P.- Usted se ha mostrado partidario de acercar su labor a los ciudadanos, ¿cómo le explicaría a la sociedad los acuerdos entre acusados y fiscales que suponen una considerable rebaja de los años de prisión? Por ejemplo, en el caso de La Muela, hubo algunos acusados que alcanzaron estos pactos.
R.- En general, las conformidades están previstas por la ley y hay diversos tipos. Es un acuerdo entre las acusaciones y las defensas que supone una cesión mutua, el fiscal cede en lo que considera que puede ceder y, a cambio de esa rebaja de penas, el acusado asume una responsabilidad, aceptan haber cometido unos hechos y una pena.
Las condiciones para que haya esa conformidad pasan por que el acuerdo encaje en el Código Penal y, por otro lado, un criterio recogido en las instrucción de la Fiscalía General del Estado es que al menos la víctima y el perjudicado o perjudicados sean escuchados. También hay que ver cada caso y la discrepancia es buena cuando estamos hablando de derecho. Hay que ver las circunstancias. Por ejemplo, hay personas que prefieren una reducción de la pena a su agresor a enfrentarse otra vez en un juicio a los hechos. También influye el paso del tiempo y una forma de no reabrir la herida es buscar un acuerdo.
Las conformidades sirven a veces para solventar situaciones que la estricta aplicación de la ley pueda suponer una injusticia. Summum ius summa iniuria, la rígida aplicación de la ley puede ser una grave injusticia en algunos casos. Otras veces hay que evitar la rutina de llegar a un acuerdo.
Justicia igual para todos
P.- ¿Cómo se explica a los ciudadanos que la Justicia es igual para todos después de conocer la sentencia del caso Nóos?
R.- Está pendiente de recurso y ya veremos a ver qué pasa, si el Supremo confirma la sentencia o la amplía. Si los imputados más famosos entran en prisión, la gente dejará de pensar que la Justicia no es igual para todos. Los jueces y fiscales intentamos que sea igual para todos, pero hay muchas circunstancias. Una prisión provisional es una medida excepcional y que al principal imputado en este caso se le haya dejado en libertad provisional se puede considera que es un privilegio o que no hay peligro de que se evada de la Justicia. Lo que pasa es que sociedad no es justa y en ella misma no hay igualdad de oportunidades.
Se aspira a que todos partamos del mismo punto de meta y eso se refleja también en la Justicia, el que tenga más dinero podrá permitirse pagar un abogado con un despacho importante y con un montón de medios a sus servicio para defenderle, quien no tenga dinero, a lo mejor no se puede permitir eso. Ahora bien, yo creo que no se puede afirmar que hay un trato de privilegio buscado y que la Justicia no es igual para todos.
P.- En el sentido de acercar la Fiscalía a los ciudadanos, ¿cuáles van a ser sus líneas de trabajo de cara al futuro?
R.- Hacer que funcione bien el trabajo de cada día, que haya una agilidad en el despacho de las cuestiones penales para que se celebren en un plazo razonable, que sigamos trabajando en materia de protección de menores, de incapacidades y en la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género. Son tres grupos de personas en una posición de inferioridad y parte del fundamento de la función del fiscal es la defensa de quienes tienen menos posibilidades.
P.- ¿Cómo se puede mejorar en la lucha contra la violencia de género?
R.- Es un problema de educación, social… Desde la Fiscalía, hay que seguir mejorando para conseguir las pruebas para una sentencia condenatoria, en lo que a veces hay dificultades por la propia idiosincrasia de las personas implicadas. Ir controlando la ejecución de las penas, que se cumplen las medidas de alejamiento, de prohibición de comunicación… Al final es una cuestión de trabajo pluridimensional, en cuanto a que hay que trabajar en coordinación con la Policía, el Instituto Aragonés de la Mujer…
P.- ¿Habría que ser más duro con los agresores?
R.- Es un tema donde no cabe el descuido, hay que afinar y, por lo tanto, hay que controlar muy bien la ejecución de las penas. ¿Que es un problema de dureza de penas? Yo creo que no, llevamos muchos años en esto, pasamos de considerar que una agresión de este tipo era una más y existe una mayor concienciación, nos lo hemos tomado muy en serio.
Hay que afinar en la búsqueda y aportación de las pruebas, lo cual no quiere decir que pueda haber casos concretos en los que habría que ver cómo endurecer la pena, no es lo mismo una discusión ocasional que una reiteración, hay que valorar el concepto de violencia. Por ejemplo, un señor puede tener sometida a su familia a una situación de violencia sin ponerles una mano encima. Quiero decir que podemos alicatar más las cosas en ese sentido, pero no me parecen blandos los artículos del Código Penal que castigan la violencia machista y la violencia doméstica en general.
