El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza dan nuevamente una vuelta de rosca en sus respectivas actividades institucionales. El ariete utilizado para embestir contra derechos y libertades constitucionales hunde sus raíces en un mohoso y retorcido sectarismo que nutre sus más erráticas pretensiones. Con la rebelde obsesión por lo laico y lo público, tanto el PSOE, Podemos, IU como ZeC, intentan celosamente minar y destruir todo aquello que huela a catolicidad. No es de extrañar, San Juan, el apóstol evangelista lo señaló: "El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán..." (Jn. 15, 20)
Dos acontecimientos han marcado en los últimos días el pulso de la ciudadanía aragonesa. Por un lado el excentricismo desamortizador de Pedro Santisteve, el orate alcalde zaragozano, que osa litigar la titularidad de la catedral de La Seo y reclamar el dominio público de la iglesia de la Magdalena. Por otro, el retraimiento Ponciano del gobierno socialista de nuestra Comunidad Autónoma que, presionado por Podemos ante la aprobación de los presupuestos, propone disminuir drásticamente aulas en la enseñanza concertada.
Contemplando este escenario entre satírico y circense, no se entiende muy bien si es la animadversión a la religión lo que mueve ficha, o la ignorancia del ordenamiento jurídico, o la desfachatez de ciertas personas, o el ansia engreída por el poder totalitario. En cualquier caso, estas conductas desvelan una burla manifiesta a la letra y al espíritu que anida en nuestra ninguneada Constitución y en el resto de la regulación normativa. En aquella, claramente, se observa un mandato dirigido a los poderes públicos, al tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones (art. 16.3 C.E.).
Asimismo, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, ayudando a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca (art, 27.3.9). Es paradójico que, quienes se jactan de la aconfesionalidad estatal tildándola de laicidad, no entiendan que las Administraciones Públicas deben permanecer neutrales y colaborar con la diversidad de credos e ideologías, pues estos preceptos constitucionales les obligan imperativamente.
Convendría recordarles a las autoridades que ejercen políticas de acoso y derribo que cada cual tiene su espacio, y que la libertad es plena cuando la convivencia pacífica de las ideas no implica una única forma de proceder, de pensar o de formarse. Así como el sector comunista y el socialista radical opinan que la religión se viva en privado –craso error-, también les animo desde esta Tribuna a que su ateísmo obstinado lo fomenten en su más estricta intimidad, por aquello de la igualdad.
No olvidemos que, a estas alturas de la historia y con una tangible experiencia acumulada, lo más acertado y justo es dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es Dios, sin extravagancias estridentes que perturben la calma y la sencillez.
