Veinte colectivos respaldan a ZeC en su acción legal contra las inmatriculaciones de la Iglesia

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, formada por 20 colectivos, ha apoyado la decisión de ZeC de pedir la nulidad de las inmatriculaciones de la Seo y la iglesia de la Magdalena. Mantienen que fueron inscritas a nombre del Arzobispado en una "artimaña claramente inconstitucional".

Zaragoza.- La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, que agrupa a una veintena de colectivos de todo el país, ha apoyado la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza al iniciar los trámites legales para pedir la nulidad de las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia católica de dos bienes del patrimonio histórico aragonés: la Catedral de la Seo y la Iglesia de la Magdalena.

Ambos templos, pertenecientes al tesoro mudéjar, fueron inscritos de forma unilateral y subrepticia a nombre del Arzobispado de Zaragoza por medio de una artimaña que definen "claramente inconstitucional, el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, promovido en 1946 por el dictador Franco, que otorgaba a la Iglesia el privilegio de autocertificarse la propiedad de inmuebles sin aportar prueba documental alguna".

El Ayuntamiento zaragozano aprobó el pasado lunes pedir judicialmente la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones por una palmaria vulneración de la ley, pero también en la consideración de que se trata de bienes pertenecientes al dominio público desde tiempo inmemorial, aunque hayan sido administrados formalmente por la Iglesia.

Expertos medievalistas confirman que en la construcción de ambas joyas del arte mudéjar participó decisivamente la monarquía con su aportación de "rentas del rey, es decir, del Estado". Así lo certifica el prestigioso profesor José Luis Corral, experto en historia medieval y autor de una treintena de obras sobre la materia, particularmente su investigación sobre "La Seo del Salvador. Catedral de Zaragoza", publicada en el año 2000.

La causa de las inmatriculaciones eclesiásticas recibió un importante respaldo jurídico internacional con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del pasado diciembre, que condenó al Estado español a una indemnización de 600.000 euros en el caso de Ucieza, al permitir la inmatriculación por el Obispado de Palencia de una iglesia propiedad de un particular. El TEDH llegó a calificar las inmatriculaciones eclesiásticas de "arbitrarias".