SERÁN 246 PARCELAS

Iniciados los trámites para expropiar los terrenos donde se instalará BonÀrea

El Gobierno de Aragón ya ha iniciado los trámites para la expropiación de los terrenos donde se instalará la planta de BonÀrea en Épila. Serán unas 220 hectáreas, una parte de propiedad municipal, situadas a ambos lados de la A-1305 junto al polígono de El Sabinar. Está previsto que las obras arranquen en enero de 2019.

Zaragoza.- El Gobierno de Aragón ya ha iniciado los trámites para la expropiación de los terrenos donde se instalará la planta de BonÁrea en la localidad zaragozana de Épila. Se trata de un proceso administrativo que está previsto que finalice el 31 de octubre de 2018 con la transmisión de los terrenos a la empresa agroalimentaria al mismo precio de adquisición por parte de la DGA.

Serán 246 parcelas situadas a ambos lados de la carretera A-1305 junto al polígono industrial de El Sabinar. En total, 220,73 hectáreas a un precio medio de 10.000 euros por hectómetro cuadrado (un euro por metro cuadrado), según recoge el convenio firmado por la DGA, BonÁrea, DPZ y Ayuntamiento de Épila. Una parte de esos terrenos son ya propiedad municipal, otros de una empresa pública ya extinta y, el resto, de pertenencia privada. Aunque el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, este miércoles aun no disponía del dato exacto de hectáreas públicas y privadas, en los próximos días se publicarán en el BOA la relación de bienes y derechos con los propietarios afectados. En el caso de las tierras de dominio del Ayuntamiento de Épila, se realizará una permuta con otras parcelas que adquirió Guissona desde hace años en una ubicación cercana.

Para poder iniciar este proceso, el consejo de Gobierno aprobó el Decreto Ley 1/2017, convalidado por las Cortes de Aragón hace una semana. "Si no hubiéramos aprobado este decreto, no hubiéramos podido empezar los trámites expropiatorios. Con la regulación anterior, heredado de una reforma del PP, solo podíamos haber iniciado el trámite una vez que hubiéramos aprobado el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) después del verano de 2018", ha explicado Soro. De esta forma, el consejero ha reconocido que se han evitado "incrementos artificiales de precio, especulación" y habría perdido "la función social que tiene que cumplir", ha comentado.

Estos primeros pasos han consistido en declarar la utilidad pública de la expropiación y la necesidad de ocupación de los suelos para el desarrollo del PIGA. Asimismo, se ha reconocido la condición de beneficiaria de la expropiación a la sociedad municipal Suelo y Vivienda de Aragón, promotora del Plan junto con los Departamentos de Economía y de Vertebración del Territorio. El próximo paso será la publicación en el BOA de la relación de propietarios de los terrenos.

Primeros pasos del PIGA

Asimismo, otro de los compromisos del Gobierno de Aragón en el convenio marco firmado el 3 de febrero con BonÀrea es impulsar un Plan de Interés General de Aragón de iniciativa pública para facilitar la ejecución del proyecto. "Es evidente que se trata de un proyecto que entra de lleno en la consideración de un Plan de Interés General por su magnitud, por su incidencia territorial, económica y social", ha señalado Soro.

Este PIGA consta de dos fases. Una previa para que el Gobierno de Aragón declare formalmente el interés general del proyecto y, después de eso, se inicia formalmente el procedimiento de aprobación. A esa solicitud, realizada por el promotor del proyecto (Suelos y Viviendas de Aragón), hay que acompañarla de seis documentos: características fundamentales del Plan y la justificación, la inserción del Plan en el modelo territorial de Aragón, el impacto territorial, las previsiones organizativas, la especificación del proyecto que se va a ejecutar y el documento inicial estratégico que requiere la Ley de Evaluación Ambiental.

Toda esta documentación se presentó el 23 de marzo ante la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial. A partir de ahora, los pasos consisten en hacer una audiencia a las localidades afectadas (los 17 municipios de Valdejalón más Muel y Alfamén, del Campo de Cariñena), presentar el informe local de Aragón y el informe del departamento colaborador, en este caso, el Departamento de Desarrollo Rural. Una vez se presenten estos informes, el Departamento de Vertebración elaborará un informe que, junto con el expediente completo, se remitirá al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón y la Comisión Delegada lo trasladará al Gobierno de Aragón para que se produzca la declaración de Interés General. Este proceso debería completarse a finales de abril de este 2017.

A partir de ese momento, empieza propiamente la elaboración y aprobación del PIGA. "Es un procedimiento largo y complejo que deberá estar finalizado el 31 de agosto de 2018", ha detallado Soro. Tras la aprobación inicial, tiene lugar la evaluación ambiental que requerirá meses de trabajo, la información pública, una nueva audiencia a las entidades afectadas, los informes preceptivos y, finalmente, será aprobado por el Gobierno de Aragón.

Una vez sea aprobado el PIGA antes del 31 de agosto de 2018, se tendrá que aprobar el proyecto de reparcelación, es decir, agrupar las fincas, hacer una nueva división, y adjudicarlas según el destino urbanístico que vayan a tener. Este proceso tiene que estar completado, según el convenio, el 31 de octubre de 2018. De esta forma, la ejecución de las obras comenzaría en enero de 2019.

Evaluación ambiental

El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, ha garantizado que la instalación de BonÀrea en esos terrenos "no afecta a ningún espacio protegido, a ninguna zona declarada dentro de la Red Natura 2000 ni tampoco a ninguno de los planes de recuperación o protección de especies vigentes en la Comunidad Autónoma".

Asimismo, ha explicado también que el proceso de evaluación ambiental "no solo se trata de valorar el impacto, sino de introducir en el diseño los elementos ambientales, incluir la dimensión ambiental como un elemento estratégico".