El PP denuncia que ZeC oculta informes de la DGA sobre la liquidación del tranvía

El PP ha denunciado la ocultación de ZeC del informe elaborado por el Gobierno de Aragón sobre la liquidación de las obras del tranvía. Los populares aseguran que el informe entró en el Ayuntamiento en diciembre, pero ZeC lo ha ocultado a su grupo municipal llegando a sacarlo del expediente para que no pudiesen consultarlo.

Zaragoza.- Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sebastián Contín y María Navarro, han denunciado la ocultación del informe elaborado por el Gobierno de Aragón sobre la liquidación de las obras del tranvía. 

Contín ha explicado que este informe entró en el Ayuntamiento en el mes de diciembre, pero el Gobierno de Zaragoza en Común lo ha ocultado al Grupo Municipal Popular llegando a sacarlo del expediente para que los concejales del PP no pudiesen consultarlo. 

El edil del PP ha recordado que este miércoles, en virtud de los derechos de información contemplados en el Reglamento Orgánico Municipal, él mismo y María Navarro se presentaron en las dependencias de Economía exigiendo una copia del mismo, petición que fue denegada tras aducir que existía una cláusula de confidencialidad firmada por los responsables del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón. 

Por eso, Contín ha anunciado que pedirá un informe al Secretario General del Pleno sobre la posibilidad de ocultar a los concejales de Zaragoza un documento público como éste. 

"Los del streaming se dedican ahora a firmar cláusulas de confidencialidad entre administraciones para ocultar los informes de la obra más oscura de la historia de la ciudad", ha denunciado tras constatar la "gravedad" de que Zaragoza en Común vuelva a pisotear los derechos de la oposición.

Por su parte, María Navarro ha recordado que el Grupo Municipal Popular exigió copia del informe para saber por qué el Gobierno de Aragón dice que sólo quiere pagar 7 de los 40 millones que debe al Ayuntamiento de Zaragoza por las obras del tranvía. 

En este sentido, ha explicado ante los medios de comunicación algunas de las conclusiones que ayer pudo copiar manualmente de la documentación "sesgada y desordenada que pudimos examinar en los 20 minutos que nos dejaron". Entre ellas, que el ejecutivo de Lambán asegura que el Ayuntamiento no ha aportado documentación justificativa correspondiente a 5 de los 10 conceptos contemplados en el anexo del convenio, cuantificados en 76.240.000 euros. 

También dice la DGA que en la documentación justificativa del Ayuntamiento de Zaragoza se han detectado varias partidas duplicada superiores a 6 millones de euros y otras partidas por valor de 157.859.000 € que no se pueden reconducir a ningún concepto de los previstos en el convenio. 

Por estas razones, el Gobierno de Aragón concluye en su informe que el saldo de sus obligaciones por la construcción de la línea uno de tranvía ascienden a 7.920.589 €, muy lejos de los 40 millones que reclama el consistorio zaragozano. 

La concejal del PP se ha preguntado por las razones de esta ocultación cuando "los ciudadanos tienen derecho a saber qué se está haciendo con el dinero público" y ha anunciado que mañana presentará una pregunta sobrevenida al consejero de Economía para que dé explicaciones sobre el informes y sobre la falta de transparencia que rodea a la liquidación de las obras del tranvía.

Rivarés critica el "afán destructivo" del PP

El consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, ha negado que haya oscurantismo y ha apuntado que no enseñaron la liquidación del convenio del tranvía porque es confidencial por ley. Además, ha criticado el "afán destructivo" del PP con el tranvía y le ha invitado a argumentar.

Rivarés asegura que la cifra denunciada por el PP responde a las discrepancias que mantienen el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza por el precio final que costaron estas obras de la primera línea. 

El edil de Economía ha apuntado que para solucionar estas discrepancias se está elaborando una auditoría. Según Rivarés, su objetivo será determinar si la aportación pública al tranvía ha sido la adecuada, y ha añadido que es "más que probable" que después de la misma vayan a los tribunales para cobrar los 40 millones que entienden que debe la DGA.