Los servicios públicos de titularidad municipal forman parte de la actividad cotidiana de los vecinos y residentes de una ciudad, y su catálogo, extensión de las prestaciones, formas de gestión, coste y tarifas, etc., entre otras variables, son indicadores de la calidad de vida que pueden disfrutar los ciudadanos, destinatarios finales de la actividad como consumidores y usuarios, así como de la eficacia, eficiencia y transparencia de sus gestores y responsables políticos en el ejercicio de su prestación mediante el uso racional y equilibrado de las potestades públicas que tienen atribuidas.
Los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, obligatoriamente por ley y/o voluntarios, son actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas por cuenta de la Administración municipal, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general de la población.
Todos los servicios públicos deben suministrarse con criterios de planificación, dirección, control técnico e inspección, tanto en sentido material como de funcionamiento, con estándares de calidad y eficacia; deben funcionar de manera permanente; es decir, de manera regular y continua para que puedan satisfacer necesidades vecinales acreditadas. La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines de lucro; sino que son fines u objetivos de interés general los que imperan, pero sus costes deben racionalizarse. Su prestación se puede realizar por gestión directa, cuando la Administración municipal ofrece el servicio directamente con sus propios medios; o bien por gestión interesada o gestión a través de sociedad de economía mixta, o gestión privada o indirecta mediante arrendamiento, el concierto y la concesión. Ahora está de moda la remunicipalización de los servicios, figura sumamente controvertida, que es contraria a la externalización o privatización, y cuya ejecución no planificada e improvisada puede suponer graves riesgos para la entidad local.
Las competencias municipales en materia de establecimiento de servicios públicos se reflejan en la Ley de Régimen Local, que define todas las áreas en las que necesariamente el municipio debe establecer y efectuar sus competencias. Además, nos da una lista de “números clausus” en la que se establece la obligación legal de prestación de servicios públicos en todos los municipios en función de su población, lo que genera un derecho inalienable de exigencia por parte del usuario al establecimiento y prestación efectiva del servicio. El Régimen Local presenta a día de hoy una radical obsolescencia por el paso del tiempo y por las razones de la vinculación del “sagrado” principio de la autonomía local a un bloque de competencias, por naturaleza locales, que han ido creciendo “ad infinitum” y que muchas veces no disponen de la financiación suficiente, ni su demanda por la ciudadanía está debidamente acreditada, sino que obedece a criterios políticos.
Pero no se trataría de dar muchos servicios al coste que sea, sin ponderar su eficacia, rentabilidad social y calidad, lo que obligaría a llevar a cabo las actuaciones idóneas para potenciar la mejora de los servicios públicos actuales, y lograr la plena satisfacción de las personas destinatarias con su buen funcionamiento. La mejora de la calidad de los servicios públicos que se presten debe ser uno de los objetivos prioritarios que deben impulsar los ayuntamientos. Deben establecerse actuaciones y medidas para que la calidad sea un factor clave en la gestión pública, así como la búsqueda de la excelencia como elemento diferenciador para satisfacer a los usuarios, y también al personal de la propia Administración en la correcta gestión de los recursos humanos, con el objetivo de que la percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Ayuntamiento y la prestación de los servicios públicos sea positiva y mejore continuamente, pues no es baladí señalar que se financian con el dinero de los contribuyentes al albur de la llamada “presión fiscal”, y que se gestionan muchas veces con el criterio personal de políticos que “están de paso”, que quieren “dejar su impronta” al coste que sea, y que luego no responden de las consecuencias cuando se van, aplicando las frases del refranero español “ahí te quedas barbero”, o “el que venga atrás que arree”.
