Zaragoza.- Por costumbre parlamentaria, enero es un mes inhábil en las Cámaras autonómicas y las Cortes Generales. Este parón en la actividad legislativa y de orientación política al Gobierno, salvo determinadas excepciones, permite realizar un balance del trabajo realizado hasta el momento por los representantes de la Comunidad. En Madrid, los diputados y senadores aragoneses se toman un periodo de descanso, tras un año atípico, con una legislatura que no duró más de cuatro meses y que precedió a unas segundas elecciones generales en seis meses y a otro mandato de Mariano Rajoy (PP) gracias a la trágica abstención del PSOE. Por el momento, de las más de 400 iniciativas registradas por los representantes de Aragón en el Congreso y en el Senado, destacan las infraestructuras, las políticas hidráulicas y la minería como temas fundamentales.
En el haber de los trece diputados aragoneses en el Congreso, desde la constitución de la XII legislatura –a mediados de julio- hasta finales de diciembre, hay cerca de 400 preguntas escritas dirigidas al Gobierno, trece solicitudes de informes relativos a temas como la última versión del Proyecto de la Presa de Biscarrués y los ingresos y gastos de las BRIF, y dos preguntas orales en el Pleno realizadas por el diputado socialista por Teruel, Ignacio Urquizu, y la diputada del PP por Huesca, Ana Alós, al ministro de Educación, Ignacio Méndez de Vigo.
Los temas de las preguntas escritas van desde la explotación de los diferentes saltos de energía hidroeléctrica de Hidro-Nitro Española en las cuencas del Cinca y Ésera hasta el resultado de la regularización fiscal y el crecimiento de la recaudación tributaria de 2013 a 2015 en la Comunidad, pasando por otras como la reapertura de la línea internacional de Canfranc, los posibles fraudes en las ayudas concedidas a empresas derivadas de los planes Reindus en las comarcas mineras, el archivo de los expedientes penitenciarios de Zuera durante la Guerra Civil y la posguerra, y las becas educativas de residencia, movilidad y libros de texto. Además, hay otras cuestiones registradas por los diputados que trascienden del ámbito de la Comunidad y que están relacionadas con su actividad como portavoces o vocales en las diferentes comisiones del Parlamento.
El peso de la defensa de los intereses de Aragón es menor en las proposiciones no de ley que pretenden marcar, pese a su carácter no vinculante, la acción política del Gobierno central. Así, hay trece iniciativas relativas a la propia Comunidad aragonesa, de la que sólo una está dirigida al Pleno. Las doce restantes se elevan a las mesas de las comisiones parlamentarias de Fomento (6), Medio Ambiente (2), Educación, Defensa, Cultura e Interior.
Entre los grupos parlamentarios, el PSOE ha impulsado seis de estas PNL relacionadas con Aragón, Unidos Podemos le sigue con cuatro y Ciudadanos cierra con tres. Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular, que sostiene la acción del Ejecutivo de Mariano Rajoy, todavía no ha firmado ninguna iniciativa relacionada, directamente, con la Comunidad. Con estos datos, el socialista oscense Gonzalo Palacín es el diputado aragonés que más iniciativas relacionadas con la Comunidad ha impulsado, con cinco proposiciones no de ley suscritas que velan por la mejora de carreteras nacionales como la N-230 y la N-260, el desdoblamiento de la N-II y la reparación de los daños sufridos en Aragón por la avenida del río Garoña en 2013.
De momento, de las trece iniciativas tan sólo se ha tramitado una, aunque no con el efecto esperado. Ciudadanos sacó adelante una Proposición No de Ley para que el Cuartel Sancho Ramírez mantuviera "su actual funcionamiento" en los próximos años y no se produjera "su cierre en 2016", mientras no se adoptase un plan de estabilidad; a día de hoy, el acuartelamiento del Ejército de Tierra ya está clausurando sus puertas y la mayoría del personal, junto con sus familias, ha sido destinada a otros centros.
Temas aragoneses
El Congreso, además, ha abordado algunos temas fundamentales para Aragón y otras comunidades en materia hídrica. La aprobación en la Comisión de Medio Ambiente de una Proposición no de Ley de Ciudadanos, gracias al apoyo del PP y la abstención del PSOE, para un nuevo Plan Hidrológico Nacional despertó reacciones en la Comunidad. Entre ellas, la del Partido Aragonés, que concurrió con los populares a las elecciones nacionales con un acuerdo que incluía el cumplimiento del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y la inscripción de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos que figura en el Estatuto de Autonomía. "Encendemos las alarmas porque se están resucitando ciertos fantasmas que parecíamos tener olvidamos en Aragón", advirtió Aliaga, a mediados de octubre.
Además, el 14 de diciembre, la Comisión de Medio Ambiente debatió una iniciativa que pretendía "modificar los caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Ebro (PHE) correspondientes al 2015-2021" y asignar más al Delta, a iniciativa de Convergencia Democrática de Cataluña. La propuesta no prosperó debido a la negativa de PP y Ciudadanos, y la abstención del PSOE.
El popular Eloy Suárez defendió que el caudal del Ebro es "realista" y que se determinó con "consenso", mientras que Rodrigo Gómez, en representación de la formación naranja, pidió dejar de "utilizar el agua para enfrentar a territorios". Mientras, el PSOE se abstuvo en la votación, aunque no estuvieron presentes los dos diputados aragoneses con posibilidad de voto, Gonzalo Palacín y Susana Sumelzo. Su posición la defendió el parlamentario catalán Marc Lamuà, que sí cuestionó el acuerdo del plan hidrológico. Por su parte, Unidos Podemos votó a favor de la iniciativa porque el actual caudal "no garantiza su futuro", como defendió el zaragozano Pedro Arrojo, que alertó de los "problemas gravísimos de mosca negra" en la Comunidad por el caudal.
Mejor suerte corrió la iniciativa que las Cortes de Aragón llevaron hasta el Congreso para la reforma del Código Civil de la Comunidad. Una delegación aragonesa, con los diputados María Herrero (PAR), Gregorio Briz (CHA) y Yolanda Vallés (PP), defendió la Proposición de Ley, que abrió el primer Pleno de esta legislatura en la Cámara Baja. Impulsada por el Partido Aragonés y con enmiendas de otros grupos, el Parlamento autonómico aprobó, por unanimidad en 2014, esta iniciativa que defiende que la vecindad civil aragonesa no se pierda tras haber residido fuera de la Comunidad durante diez años, además de que se pueda recuperar.
"Es injustificable que de forma automática se pierda la vecindad civil que se tuviera desde el silencio, el desconocimiento y la involuntariedad, sin ninguna averiguación de si se quiere o no cambiar de régimen jurídico y de estatuto personal", subrayó María Herrero, tras recordar asuntos característicos del Derecho foral de Aragón gomo el régimen económico del matrimonio, la fiducia sucesoria, la viudedad, y la custodia compartida. En la misma línea, Gregorio Briz explicó que "lo que se plantea es que sólo haya adquisición voluntaria de la vecindad civil y no haya pérdida involuntaria de la misma", tras apuntar que hay "100.000 afectados por la pérdida de vecindad en este momento". Por su parte, Yolanda Vallés reivindicó el apoyo a la propuesta de "una tierra que tiene el derecho como seña de identidad y donde los acuerdos y la concordia han sido clave y enseñanza de la historia de Aragón y de España".
Como contrapunto a estas intervenciones, el diputado de Ciudadanos por Zaragoza en la Cámara Baja, Rodrigo Gómez, criticó el debate de la iniciativa: "¿Ustedes creen que lo que más les preocupa es la vecindad civil? Yo creo que gastar el cupo que tienen las Cortes de Aragón para presentar esta iniciativa […], creo que se podía haber dedicado a otra cosa". En ese sentido, "a los aragoneses lo que les preocupa es la despoblación, las infraestructuras, la lucha contra la corrupción y el clientelismo, de lo que en Aragón sabemos mucho", añadió el representante de la formación naranja, que se abstuvo en la tramitación inicial de la Proposición de Ley por "respeto a la unanimidad" que se alcanzó en las Cortes, durante la anterior legislatura.
La Proposición de Ley para preservar la vecindad civil aragonesa se tomó en consideración gracias al amplio apoyo de PP, PSOE, Unidos Podemos y PNV. La nota negativa la pusieron las formaciones catalanas PDC y ERC que votaron en contra y anunciaron que presentarían enmiendas al texto de las Cortes de Aragón durante la tramitación en el Congreso.
Además, hay sobre la mesa dos solicitudes de comparecencia dirigidas a los titulares del Ministerio de Medio Ambiente y del Interior, respectivamente, para que informen sobre asuntos de interés relacionados con la Comunidad. Así, el grupo de Unidos Podemos ha registrado una petición de comparecencia de Isabel García Tejerina para recabar explicaciones sobre "la oportunidad y grado de ejecución de las Obras de Interés General de las depuradoras del Pirineo aragonés" con fondos de su propio ministerio que "fueron asignados en un principio" para financiar las actuaciones del "Plan Nacional de Calidad de las Aguas". Mientras, el PSOE ha reclamado la asistencia de Juan Ignacio Zoido a la Comisión sobre Seguridad Vial por la adjudicación y financiación por la Dirección General de Tráfico de proyectos al Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza; entre ellos, los que fueron concedidos al investigador Francisco López Valdés, marido de la que fuera directora de la DGT María Seguí.
El lunes pasado, la ministra de Defensa,
Senado A la actividad de los diputados se suma la de los doce senadores electos por las tres provincias de Aragón. También se encuentran en la Cámara Alta los dos representantes designados por el Parlamento autonómico, los expresidentes de Aragón Marcelino Iglesias (PSOE) y Luisa Fernanda Rudi (PP). Precisamente, ni Rudi, que ocupa el cargo de presidenta de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad en el Senado, ni Iglesias, portavoz socialista en la Comisión general de las Comunidades Autónomas, han presentado, hasta el momento, preguntas dirigidas al Gobierno central ni elevado mociones al Pleno. En el lado contrario, se encuentran las senadoras del Partido Aragonés, Rosa Santos y Belén Ibarz. Santos, representantes de la formación aragonesista por Zaragoza, ha registrado 20 preguntas al Gobierno central para respuesta escrita, entre las que hay temas como el Cuartel Mayandía, la sociedad Zaragoza Alta Velocidad y el Plan de Cierre actualizado de la Minería por parte de la Administración estatal. Mientras, Ibarz, alcaldesa del municipio oscense de Velilla de Cinca, ha preguntado por escrito al Ejecutivo de Rajoy en cinco ocasiones sobre las medidas para la estabilidad en pequeños municipios y los regadíos sin concluir en los Monegros. También ha realizado una pregunta al Gobierno la senadora turolense por el PSOE, María Perla Borao, acerca de la "reactivación laboral en Ariño" ante el cierre de la mina subterránea. Por su parte, Octavio López, senador popular por Zaragoza, es, por el momento, uno de los dos únicos representantes aragoneses que han tomado la palabra en el Pleno de la Cámara Alta. Lo hizo para defender en el Pleno una moción del PP para adoptar "medidas" relacionadas con el empleo que salió aprobada. La otra es Begoña Nasarre, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, que intervino en la presentación de enmiendas a una iniciativa del PP para "impulsar" medidas de economía social.
