Zaragoza.- Aragón sigue sin presupuestos para este 2017 y por lo tanto se han prorrogado las cuentas aprobadas para 2016. Una decisión que desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que no es nada positiva para la Comunidad, aunque puntualizan que el de Aragón "no es un caso aislado en España".
En cualquier caso, desde la DGA han asegurado que esta prórroga, si se alarga para todo el año, supondrá la pérdida de más de 250 millones de euros y se verán afectados 100 millones de gasto social.
"Sin presupuestos, solo se pueden afrontar los gastos obligatorios de personal, gasto corriente, contratos en vigor o intereses y amortización de la deuda. Todo lo que sea gasto voluntario se paraliza por completo. Incluso sufrirán retrasos algunos proyectos plurianuales en función de la fase de tramitación en la que se encuentren y del grado de obligación", han detallado desde el Gobierno en un pequeño informe.
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales sufriría afecciones por valor de 18 millones de euros. No se pondría poner en marcha la Renta Social Básica, tampoco aumentaría el IAI ni la dotación para la dependencia, y no se podría proceder al pago de la pobreza energética.
La prórroga para el Departamento de Educación, Cultura y Deporte se traduciría en 65 millones de euros menos para, por ejemplo, becas de comedor, pago de interinos o nuevos centros escolares.
En Sanidad (30 millones) no se podría invertir en el Hospital de Alcañiz, tampoco en el de Teruel y no se aplicaría el nuevo Plan de Salud Mental. Tampoco habría dinero en el Departamento de Investigación e Universidad (14,8 millones) para la reforma de Filosofía y Letras, para el Pacto por la Ciencia o para el acuerdo de financiación con la Universidad.
El Departamento de Presidencia tendría 26,5 millones menos y el de Vertebración del Territorio, 11 millones. Dinero que no llegaría a las comarcas, a la justicia gratuita, a la Ley de Capitalidad o al alquiler y la vivienda social.
En Economía, Industria y Empleo (86,5 millones) se verían afectados el FITE y las ayudas a emprendedores y parados de larga duración. Hacienda no podría pagar los 20 millones del 25% de la paga extra de 2012 y Desarrollo Rural (29 millones) también tendría problemas en seguros agrarios, gestión forestal o sostenibilidad.
