Zaragoza.- Los abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel temen perder unos 350.000 euros anuales con el sistema de pagos que estable el nuevo decreto de Justicia Gratuita que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre. Los abogados ya han anunciado que recurrirán esta norma y quieren hacerlo antes de que termine el año para pedir también la suspensión cautelar y evitar que la medida entre en vigor el próximo 1 de enero.
Una de las "lamentables consecuencias" de este decreto es la reducción de plantilla que va a acometer el Colegio de Abogados de Zaragoza, según ha explicado este viernes su decano, Antonio Morán. Lo hará del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), que hasta ahora se prestaba en el propio Colegio y en la Ciudad de la Justicia.
"No podremos tener el Servicio de Orientación Jurídica abierto todos los días, de 9.30 a 13.30 horas, como hasta ahora se hacía", ha apuntado Morán, quien ha asegurado que no pueden "llevar el mismo ritmo" con lo que van a percibir a partir de ahora por los costes de garantizar el servicio a la Justicia Gratuita.
Los letrados zaragozanos insisten en que "no es una responsabilidad de los colegios" porque, según ha explicado Morán, "para dispensar estos servicios tenemos que contar con la transferencia del Gobierno de Aragón y lo que no podemos hacer es trasladar estos costes al resto de compañeros para que con sus cuotas, de forma parcial, asuman estos gastos".
Antonio Morán ha recordado que la Justicia Gratuita es "un servicio público comparable con Sanidad, Educación u otros" y los poderes públicos "han de ser los últimos responsables de la dispensación de estos servicios". Y ha lamentado que la Comunidad aragonesa esté "a la cola" en la inversión en Justicia Gratuita, solo por delante de La Rioja.
En 2016, el presupuesto destinado a Justicia cayó un 0,8% respecto a ejercicios anteriores y "de la cantidad destinada a Justicia, el 5,9% se dedica a Justicia Gratuita", ha añadido Morán, quien ha destacado también que en 2015 se hicieran más de 20.000 actuaciones en el marco de la Justicia Gratuita.
Para el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, con el nuevo decreto de la DGA se "ha perdido la oportunidad" de haber publicado una Ley de Justicia Gratuita, "más ambiciosa", ya que "había muchos flecos pendientes de solución". Morán ha vuelto a mostrarse abierto al diálogo con la DGA.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Teruel, Manuel Gómez, ha lamentado que la atención al ciudadano se vaya a "resentir". El decreto de Justicia Gratuita "se nos ha impuesto, pero no veo en qué vamos a negociar. La DGA se ha equivocado", ha puntualizado.
Desde Huesca, los abogados denuncian además que se ha dificultado la sustitución de letrados cuando uno de ellos no puede asistir un asunto. El decano del Colegio de Abogados de Huesca, Ángel García, ha señalado que "o se establecen mecanismos de sustitución o tendremos verdaderos problemas para acudir a las asistencias". "Eso es preocuparse por el territorio, a un Gobierno que, por otra parte, se le llena la boca con el problema de la despoblación", ha añadido.
