Zaragoza.- El Estado español tiene una deuda pendiente con Aragón. En esta ocasión, se trata de una deuda monetaria, una cuantía que se ha ido generado por las mermas tributarias, la falta de inversión en proyectos estratégicos e infraestructuras, y la asfixia financiera a la que se ha sometido a la Comunidad aragonesa para prestar las competencias transferidas, en unos tiempos de austeridad y con un sistema de reparto entre comunidades que no beneficia a un territorio disperso y con una baja densidad de población, además de envejecida. La cifra que se reclama, señalada por la DGA en un "riguroso informe", asciende a los 7.566 millones de euros, aunque otras formaciones políticas consideran que la extensión de la deuda es mayor que el dinero plasmado en las hojas de cálculo del documento. En próximas fechas, las Cortes constituirán una comisión, a iniciativa del PAR, con el propósito de llegar a un acuerdo sobre la cantidad que el Gobierno autonómico ha de reclamar al Estado en concepto de esta deuda, la la comúnmente conocida como deuda histórica.
El Ejecutivo PSOE-CHA, a petición del Parlamento autonómico, elaboró el informe que desglosa por áreas la cantidad de la deuda que el Estado ha adquirido con Aragón. Así, el grueso del dinero (4.887 millones de euros) corresponde a infraestructuras en las que el Gobierno central no ha aportado la financiación suficiente. Entre ellas, está el desdoblamiento de la N-232, tanto en el tramo entre Pedrola y Mallén (142 millones) como en la parte del Bajo Aragón (550 millones), la fase entre Teruel y Sagunto del Corredor de alta velocidad Cantábrico-Mediterráneo (100 millones) y la reapertura internacional del Canfranc (109 millones para la parte aragonesa). En resumen, más de 20 tramos de carreteras y autovías, así como cuatro líneas ferroviarias.
Más allá de esta deuda estatal en materia de infraestructuras, el Gobierno de Aragón también subraya otros compromisos incumplidos en competencias transferidas a la Administración autonómica como son Sanidad (1.227 millones de euros), Dependencia (535 millones) o Educación (76,6 millones). A la partida educativa, hay que sumar, recoge el informe, los 5,6 millones que ha supuesto la aplicación de la Lomce. Para completar la cuantía, destacan los 835 millones de euros relativos a mermas tributarias que el Estado ha generado, o tolerado, en perjuicio de la Comunidad.
El reclamo de la deuda histórica va a ser uno de los caballos de batalla del Ejecutivo autonómico en las relaciones bilaterales con el Estado, para las que ya hay una petición en firme por parte del presidente de Aragón, Javier Lambán. Sirva como precedente que Andalucía, con 1.204 millones de euros, y Extremadura, con 447 millones, fueron las dos últimas comunidades en conseguir que el Gobierno central accediera a saldar sus obligaciones incumplidas, en 2009 y 2015, respectivamente. Y, desde hace cuestión de un año, la Comunidad Valenciana también exige el pago de su deuda, que estima en 12.443 millones de euros.
Insuficiencia financiera
La autonomía financiera para el desarrollo de las competencias transferidas a las autonomías se encuentra en el artículo 156 de la Constitución Española, que establece que la financiación por parte del Estado se llevará a cabo con "solidaridad entre todos los españoles" y "coordinación con la Hacienda" nacional. No obstante, la puesta en práctica de este derecho constitucional cuestiona esas garantías contempladas en la Carga Magna, según asegura el Ejecutivo autonómico, así como el resto de fuerzas parlamentarias que han aprobado la reclamación de la deuda histórica.
Así, en una Comunidad como Aragón, que representa el 10% del territorio español pero tan sólo el 3% de la población, el sistema actual de financiación autonómica, aprobado por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, no responde, directamente, a estas características demográficas, en beneficio de otras autonomías con más habitantes. Como muestra de ello, el Fondo estatal de garantía de los servicios públicos (Educación, Sanidad y Servicios Sociales), financiado al 75% por las comunidades autónomas, confiere un escaso peso porcentual en el reparto a cuestiones como la superficie (1,8%) y la dispersión (0,6%).
Este modelo de financiación autonómica debería haberse revisado el año pasado, pero la situación económica y la inestabilidad política la han demorado. Ahora, el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, se ha comprometido a abordar esta modificación a través de una conferencia de presidentes autonómicos, que tendrá su primer capítulo en el encuentro convocado para el mes de enero en el Senado.
Consensuar la cifra
Entre tanto, las Cortes esperan constituir, en los próximos días, la Comisión especial de estudio para analizar y consensuar la cifra concreta de la deuda histórica que Aragón ha de exigir al Estado. En este caso, la iniciativa del PAR para articular este foro parlamentario también pide que se incorporen a la cuantía otros conceptos, debido a que la actual petición peca de “discreta”.
Así, las Cortes deberán analizar “la repercusión de haber quedado excluidos del objetivo 1 de los fondos estructurales europeos”, así como del Fondo de Compensación Interterritorial que reparte del Gobierno central para compensar los desequilibrios y que está fundado en el PIB por habitante, aunque el Ejecutivo autonómico desestimó esta posibilidad en su informe. También se pide tener en cuenta todas las competencias transferidas de forma deficiente y la insuficiencia de las partidas presupuestarias el Estado hacia Aragón sin considerar la realidad demográfica y territorial aragonesa que supone un “sobrecoste” en la prestación de servicios.
Durante la defensa de la iniciativa en el Pleno de las Cortes, la aragonesista Maria Herrero pidió al Ejecutivo aragonés que articule sus relaciones con el Estado para negociar la deuda histórica y la financiación autonómica gire en torno a tres artículos del Estatuto de Autonomía: el 108, donde se habla de un convenio económico-financiero entre Aragón y el Estado; el 90, en el que se fija que la Comisión Bilateral es el órgano para abordar estas cuestiones, y la disposición adicional tercera, que "es el porqué y la razón" del reconocimiento de los derechos históricos aragoneses, más allá del régimen de autonomía. Todo ello, sin olvidar los principios de “lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua, que están recogidos en el artículo 88 del Estatuto.
La propuesta, que fue aprobada por todos grupos excepto Ciudadanos, tiene un objetivo claro: "Que nos reconozcan que no somos tontos y que sabemos todo lo que debería haber venido a esta comunidad por favorecer el desarrollo equilibrado y que la igualdad de las personas sea real, vivamos donde vivamos", subrayó María Herrero.
Negociación con el Estado
Para el Ejecutivo aragonés, la reclamación del pago de la deuda histórica, junto con una revisión favorable del sistema de financiación, puede ser la piedra de toque con el nuevo Gobierno central. Lambán, en su discurso del Debate sobre el estado de la Comunidad, ya prometió que esta exigencia al Estado iba a acaparar parte de su política nacional. Y fue al día siguiente de conformar Gobierno en Madrid, con el reparto de las carteras ministeriales, cuando el presidente autonómico envió una carta a Rajoy para urgir la convocatoria de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, el órgano de mayor calado para la negociación y la rúbrica de acuerdos entre ambas administraciones.
La última Bilateral se celebró en 2013, cuando bajo la representación principal de José Ángel Biel, por entonces presidente de las Cortes y máximo dirigente del PAR, Aragón obtuvo una serie de compromisos, como el desdoblamiento de la N-232 y la reapertura de la línea internacional Canfranc-Olorón, que todavía no se han materializado.
En esta ocasión, el escenario de una posible Bilateral entre la Comunidad aragonesa y el Estado es diferente al anterior. Pese a que los Gobiernos son de diferente color político, la situación que atraviesa Rajoy en el Congreso, necesitado de apoyos para cuadrar una mayoría absoluta que las urnas no le han dado, obliga a negociar y ceder ante determinados asuntos, para granjearse, al menos, las abstenciones de partidos como el PSOE en la tramitación de leyes sobre las que se sustenta la acción de gobierno. Además, el Gobierno autonómico va a contar con la baza del "lobby", como avanzó el consejero Vicente Guillén, de los territorios despoblados de España, que ya han constituido un frente común para reclamar una financiación suficiente que permita prestar los servicios en igualdad de condiciones que en el resto del Estado.
Y queda otra carta para la Comunidad aragonesa en esta negociación con el Estado, la que va a jugar el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, el oscense Roberto Bermúdez de Castro. Hasta su nombramiento por el Consejo de Ministros, hace dos semanas, ejercía como portavoz del PP en el Parlamento aragonés, y en su discurso de despedida prometió atender las “peculiaridades” de comunidades dispersas y despobladas. Del mismo modo, Bermúdez de Castro conoce, de primera mano, las necesidades de Aragón, puesto que fue consejero de Presidencia en el anterior Ejecutivo PP-PAR y estuvo presente en las últimas reuniones de la Bilateral.
Como ya señaló el consejero de Presidencia en las Cortes, el Ejecutivo autonómico también va a priorizar, en su lista de reclamaciones al Gobierno, la dotación suficiente de las competencias transferidas y la realización de las infraestructuras en las que existe un compromiso claro, pero que duermen, desde hace tiempo, el sueño de los justos. Con el Estatuto en la mano, el objetivo "sería lograr un pacto fiscal", pero, en estos tres años de legislatura, hay que "traer a los aragoneses acuerdos factibles". "Muchos de los que ya se han hecho han resultado ser humo", criticó.
