Zaragoza.- La Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón ha llegado, finalmente, a un acuerdo para garantizar la racionalización y transparencia en la retribución de las dietas a los diputados. Serán 17 días por mes los que tengan que justificar los parlamentarios para percibir el máximo de estos emolumentos que, hasta ahora, recibían sin ningún tipo de control, más allá de la declaración de su domicilio de residencia.
Del total de días fijados para el cobro íntegro de las dietas, el acuerdo de la Junta de portavoces establece que cuatro jornadas deberán ser extramuros, es decir, fuera del Palacio de la Aljafería para "recorrer el territorio y conocer las preocupaciones de la gente, en la provincia que les corresponda", tal y como ha expresado la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, en declaraciones a los medios de comunicación.
El acuerdo contempla alguna serie de excepcionalidades en cuanto al reparto de jornadas, cuando se trata de meses inhábiles en las Cortes, como son enero, julio y agosto. En estos casos, la cifra de asistencia a la sede parlamentaria se rebaja de trece a cinco jornadas, aunque se mantiene el límite mínimo de 17 días de actividad.
El control de la asistencia, ha explicado Barba, se va a realizar mediante un sistema informático que se está probando en la Cámara autonómica. En el caso de los viajes, será necesaria una declaración jurada, que "tendrá la misma validez que se otorga a las declaraciones sobre el registro de intereses" que todos los parlamentarios dirigen al registro de la Cámara autonómica cuando toman posesión de su acta.
Estas modificaciones en la redistribución de dietas han de superar, primero, el trámite burocrático de la Intervención General de las Cortes. Aunque la previsión era aplicar esta medida en enero de 2017, fuentes del Parlamento creen que se va a demorar un poco y que, tras la fase necesaria de pruebas, será el 1 de febrero cuando se ponga en marcha.
Para Violeta Barba, la aprobación de esta medida va en "la línea de actuación" que defendió desde su llegada a la Presidencia de las Cortes, para aumentar la transparencia institucional. En este sentido, "estas dietas se están pagando con dinero público y es lógico que la ciudadanía quiera saber cómo se está gastando", ha subrayado.
