La Delegación del Gobierno pide que se anule el Decreto de Paraísos Fiscales, pero el Ayuntamiento de Zaragoza se niega

El Ayuntamiento de Zaragoza no atenderá el requerimiento de la Delegación del Gobierno y seguirá adelante con el Decreto de Paraísos Fiscales. Un Decreto que impide contratar a empresas que hayan sido condenadas por realizar actividades ilícitas en paraísos fiscales. La Delegación considera que no es competencia municipal.

Zaragoza.- La Delegación del Gobierno en Aragón ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza que anule el Decreto de Paraísos Fiscales, por el que se impide contratar a empresas que hayan sido condenadas por realizar actividades ilícitas en paraísos fiscales. El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha anunciado que no van a cumplir la solicitud y seguirán adelante con el Decreto.

La medida fue aprobada por el Gobierno de la ciudad en julio y poco después, en septiembre, la Delegación de Gobierno solicitó el documento íntegro para impedir la contratación de empresas con cuentas en paraísos fiscales. Ahora, la Delegación requiere que se anule alegando que no es competencia del Ayuntamiento de Zaragoza y, en segundo lugar, que no se ampara en el respeto de la presunción de inocencia de estas compañías.

La postura del gobierno es contraria a estos argumentos. Así, Cubero ha insistido en que sí que es competencia municipal y también defiende que se respeta la presunción de inocencia. "No se dice que las empresas estén cometiendo estos hechos, sino que si los cometen, se les rescindirá el contrato", ha concretado.

Cubero ha mostrado su sorpresa por el hecho de que se intente perseguir a los ayuntamientos "que desde nuestras limitadas competencias estamos tratando de poner freno a los paraísos fiscales", ha sentenciado el consejero municipal. "No vamos a atender este requerimiento y vamos a seguir adelante con este decreto", ha subrayado. Y, de hecho, ha manifestado que "si es necesario nos veremos en los tribunales defendiendo cada uno nuestra postura".

Desde que se aprobó este decreto ya se introduce la cláusula en los pliegos de condiciones y, hasta ahora, "ninguna empresa ha puesto ningún problema". Tanto es así, ha agregado Cubero, que, según considera, "el 99% de estas empresas no tendrían ningún problema en declarar que no operan en paraísos fiscales". Eso sí, Cubero ha puntualizado que "quizás alguna sí lo tenga, y quizás por eso el delegado del Gobierno quiere poner freno a este Decreto".