Las carencias de Red Natura en Aragón

La Red Natura en Aragón cuenta con 204 espacios naturales catalogados: 48 Zonas de Especial Conservación para las Aves-ZEPA (870.000 hectáreas) y 156 Lugares de Importancia Comunitaria- LIC (1,046.100 ha), lo que supone cerca del 29% del territorio de la comunidad. Las restricciones y limitaciones que los planes de gestión de estas figuras conllevan para las zonas donde se aplican son tales que esta extensión de territorio protegido se presenta, a priori, como desmedida. Pero, sobre todo, la situación se ve agravada porque Aragón es una de las comunidades que no ha aprobado ningún plan de gestión para estos espacios y, los que se halla en tramitación, presentan importantes deficiencias.

La Red Natura en Aragón cuenta con 204 espacios naturales catalogados: 48 Zonas de Especial Conservación para las Aves-ZEPA (870.000 hectáreas) y 156 Lugares de Importancia Comunitaria- LIC (1,046.100 ha), lo que supone cerca del 29% del territorio de la comunidad. Las restricciones y limitaciones que los planes de gestión de estas figuras conllevan para las zonas donde se aplican son tales que esta extensión de territorio protegido se presenta, a priori, como desmedida. Pero, sobre todo, la situación se ve agravada porque Aragón es una de las comunidades que no ha aprobado ningún plan de gestión para estos espacios y, los que se halla en tramitación, presentan importantes deficiencias.

En la mayor parte de los casos, estos instrumentos no cuentan con una memoria económica y un presupuesto para su correcta financiación, lo que se traduce en una ausencia de compensaciones y oportunidades para los afectados a quienes, teniendo en estos territorios derechos consolidados, se les priva de ellos. De manera genérica, se limitan a enumerar una serie de impuestos y fondos europeos con los que pretenden financiar las medidas establecidas para la conservación, pero éstas no están cuantificadas en términos de coste ni asignadas a las fuentes de financiación. Tampoco se establecen partidas presupuestarias concretas para indemnizar a la población implicada, un hecho que se repite pese a lo que establecen la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se ha pronunciado en repetidas ocasiones.

La mayoría de los planes que regulan Red Natura incumplen la normativa europea, haciendo recaer el coste de la conservación exclusivamente sobre las economías y patrimonios de los particulares afectados, que ven restringidos hasta límites inimaginables el uso de sus propiedades y sus derechos como dueños.

Las limitaciones y prohibiciones que nos encontramos en estas normas afectan a la agricultura, ganadería, actividades forestales, investigación, mejora y apertura de nuevas carreteras y caminos, vallado de fincas, caza, talas, acondicionamiento y mejora de edificaciones, emisión de ruidos, colocación de antenas y repetidores, instalación de telefonía, actividades turísticas y recreativas y a un largo etcétera y ninguna de estas restricciones son compensadas.

La Comisión Europea ha apremiado a España para que aplique correctamente la Directiva Hábitat con el fin de garantizar la conservación del patrimonio medioambiental y, al mismo tiempo, potenciar el desarrollo socioeconómico del mundo rural. Sin embargo, la realidad es que la Red Natura se ha utilizado, en gran medida, para la mera captación y reparto de fondos europeos entre el mundo conservacionista, así como para el control de los ciudadanos y la intervención de la propiedad por parte de la Administración.

Asimismo, por norma general, las prisas con la que se están redactando estos planes de gestión han derivado en una falta de racionalidad y rigor en su propuesta, con objetivos de conservación vagos y medidas de protección sin justificación científico-técnica, generando inseguridad jurídica a los afectados. Nos encontramos con escandalosas carencias de estudios y análisis técnico–científicos que justifiquen la necesidad de protección de estos territorios, los lugares concretos donde se asientan y que respalden las medidas a adoptar y analicen su eficacia.

Por otro lado, nunca o muy pocas veces se abre un verdadero proceso de participación ciudadana y de los afectados en la elaboración de estos planes de gestión, ni tan siquiera se hace un llamamiento individualizado a los afectados o se establece el plazo correcto para dar audiencia a los interesados.

Con más de 20 años de experiencia en materia medioambiental como titular del despacho Pilar Martínez Abogados, considero que la Red Natura en España es desmesurada, está poco justificada y supone para los territorios y poblaciones a los que afecta un lastre para su desarrollo, propiciando su despoblación. Quienes nos dedicamos profesionalmente desde el mundo de la abogacía a trabajar en asuntos relacionados con la creación de esta red, su gestión y los efectos y consecuencias para el ciudadano, no tenemos una visión tan positiva de la misma.