La concejala Arantza Gracia, del área de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, hizo alarde días atrás, en una de sus intervenciones, de que la igualdad "no se logra solo con simbolismos". Sin embargo, la realidad es bien distinta, pues en ciertos asuntos de competencia municipal, la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades no se observa.
Paradójicamente quienes se atrincheran en el populismo son, a su vez, quienes ningunean a sus administrados.
En este sentido, la Ordenanza Fiscal Municipal relativa al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica contempla la exención de dicho impuesto para aquellas personas que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33%, que según criterio municipal, el certificado que lo avala es el otorgado exclusivamente por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), como órgano competente en la materia. A priori y a tenor de lo expuesto, nada resulta ilógico, incluso parece razonable, pero lo cierto es que desde hace tiempo subyace una batalla administrativa en torno a la aplicación de la normativa reguladora, concerniente a la discapacidad, la cual debiera impulsar una equiparación automática de aquella con ciertos pensionistas.
Así las cosas, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su artículo 4 (Titulares de los derechos), establece que "1.) Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 2.) Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad".
Tras esta sucinta declaración, y con una somera interpretación literal, no debería haber ningún tipo de cortapisa administrativa al respecto, pues se pone de manifiesto que con el estricto reconocimiento de las pensiones reseñadas, la acreditación es más que suficiente para verificar un grado de minusvalía al menos igual al 33%, por efecto o ministerio del propio texto legal. Por tanto, es innecesaria la reiterada certificación por parte del IASS que reclama forzosamente el Ayuntamiento de Zaragoza, con el fin de llevar a cabo la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a los pensionistas referidos. Pero aún así, la traba, persiste.
Ante este nuevo panorama protector de la discapacidad, no puede desatenderse el hecho de que la declaración de equiparación automática se ha ampliado a todos los ámbitos jurídicos, sin que les sea exigible a los pensionistas de la Seguridad Social y de Clases Pasivas una nueva resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma (en nuestro caso el IASS) para acreditar el grado de minusvalía igual al 33%. De forma que, conforme al artículo 2 del Real 1414/2006, solamente sería preciso contar con ese reconocimiento expreso del órgano competente (a través del procedimiento recogido en el Real Decreto 1971/1999) para acreditar un grado de discapacidad superior al 33%.
La normativa es clara, palmaria e incuestionable, sin embargo desde la entrada en vigor de aquel Real Decreto Legislativo, y en aplicación del mismo, se siguen produciendo decisiones administrativas heterogéneas e incluso contradictorias, emanadas de las diversas Administraciones Públicas con relación a la forma de acreditar la asimilación o equiparación al grado de minusvalía de aquellos pensionistas prevista en el ordenamiento jurídico vigente.
Con todo, no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Por tanto, sirva esta Tribuna para reclamar un derecho que les asiste a todas personas pensionistas que se encuentran en las situaciones aludidas, sufriendo además un despótico menoscabo por parte del Consistorio zaragozano. A tal efecto, recordemos que ZeC es una franquicia de Podemos, la cual rige el Ayuntamiento no por votación ciudadana mayoritaria como partido propio, sino por un consenso de partidos orientado para barrer a la formación política que en su día fue la más votada en Zaragoza. Aún así, y a pesar de dichos apoyos, la gestión municipal es más que deplorable. Recordemos que el imperio de la ley es una razón necesaria en un Estado de Derecho, y que la Constitución garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Sepan los representantes electos, los militantes y los acólitos de ZeC que solamente con ideología y adoctrinamiento no se gobierna con integridad. ¿Dónde están aquellos alcaldes del cambio, los que socorrerían a los desfavorecidos, qué cambio prometían? Para ello se precisa inteligencia política, sensibilidad social y solvencia técnica. Puede ser que la primera la tengan, una locuacidad charlatana, pero permítanme dudar de las otras dos. Pedro Santisteve, además de ser regidor de una ciudad que cada vez está más postergada, es abogado. A partir de ahora no podrá alegar ignorancia al caso que nos ocupa, a no ser que eso del populismo alimente sectaria y únicamente a los propios, en detrimento del resto de la ciudadanía. Como dijo el filósofo griego, Diógenes el Cínico: "El movimiento se demuestra andando"... A ver si a su Excelencia y a sus Ilustrísimas les suena, relegan los simbolismos y van tomando nota, que buena falta hace.
