En los manuales avanzados de gestión de recursos humanos nos enseñan cuál debe ser el perfil ideal del jefe, directivo, gerente o manager de una empresa o entidad para conseguir los mejores u óptimos resultados de una organización social. Seleccionar a los dirigentes más idóneos es una decisión fundamental para conseguir éxito. En los cursos de gestión práctica de entidades sociales sin ánimo de lucro formamos a los directivos de las llamadas ONG para que desarrollen unas actitudes favorables y positivas que implementen “un buen hacer” o “un buen rollo”, y no repercutan negativamente en el clima laboral de la organización alcanzando la buena gestión en beneficio de la sociedad.
Algunas cualidades, por ejemplo serían: Comunicación. Saber transmitir la estrategia corporativa asegurando que el mensaje se entienda correctamente, dispuestos a escuchar las preocupaciones y sugerencias de sus empleados. Buen ejemplo. Los jefes deben dar ejemplo y comportarse de forma responsable. Asumir y delegar la responsabilidad. La experiencia y conocimiento de la empresa y del sector, su cualificación y profesionalidad, son factores que les acreditan para llevar a cabo sus funciones, pero deben saber delegar responsabilidades y tareas a sus empleados. Motivación. Un buen jefe es capaz de motivar e inspirar a sus empleados, además de fomentar su entusiasmo por los proyectos que se están realizando. Un empleado motivado es un empleado productivo. La consecución de objetivos del equipo y de la entidad son elementos esenciales para mantener un buen ambiente laboral. Fomentar el potencial de equipo. Debe ser capaz de reconocer las aptitudes y habilidades de las personas que conforman su equipo y saber cómo utilizarlas en beneficio de la empresa. Si un empleado destaca, su responsable debe alentarlo para que siga motivado y pueda seguir desarrollando su talento. Empatizar. Encontrar un equilibrio entre autoridad y comprensión. Los buenos jefes se caracterizan por ser comprensivos y cercanos a su equipo; aunque un exceso de confianza puede repercutir en los resultados. Tolerar los errores. Las personas pueden cometer equivocaciones. Por este motivo, el jefe adecuado debe contar con la suficiente capacidad de reacción para solucionar el problema y afrontar la situación. Establecer metas y expectativas. Es común que los equipos trabajen por objetivos. Los jefes que establecen plazos de entrega y definen objetivos claros y realistas obtienen buenos resultados. Autorreflexión. Analizar las capacidades de sus equipos, y ser conscientes de sus propias fortalezas y debilidades. Autenticidad. Las personas que fingen ser algo que no son o que intentan esconder su verdadera personalidad bajo su rol de jefes resultan falsos y no inspiran confianza. Un estilo de liderazgo propio y ser consecuentes con la forma de pensar para conseguir el respeto de los empleados. En definitiva, es necesario "saber mandar" con legitimidad.
Sin embargo, en las administraciones públicas, donde según la Constitución sirven con objetividad los intereses generales, no se deduce que estén cumpliéndose estos y otros parámetros para seleccionar y designar a directivos, jefes y cargos de confianza que corren a cargo de los políticos en base a decisiones libres y/o discrecionales. De esta forma en la organización pública, bien sea el aparato burocrático territorial, sus organismos autónomos, entidades y empresas, no mandan en la práctica los políticos elegidos por el pueblo, sino sus “validos” o directivos internos y/o externos traídos de fuera, y elegidos en base a criterios discrecionales, sin concurso, ni pruebas de evaluación, etc. Todo es posible según el manido principio de la confianza, donde pudiera tener más peso ser amigo de los que mandan, familiar de..., gente del partido, del pueblo, etc. Estas prácticas se han ido extendiendo sobremanera, generalizándose la discrecionalidad y el libre nombramiento incluso a otros puestos de la organización como técnicos, facultativos, cuadros intermedios e incluso administrativos a través del abuso de la figura de la comisión de servicios por razones de urgente e inaplazable necesidad que pasa a convertirse en una libre designación encubierta. Se pudiera estar obviando sistemáticamente el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública y a la carrera administrativa. Se ha comprobado que estas corruptelas repercuten gravemente en la eficacia y rendimiento de las organizaciones públicas.
El Estatuto Básico del Empleado Público de 2015 establece como fundamentos de actuación de la Administración la igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional, la objetividad, profesionalidad e imparcialidad, eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos, evaluación y responsabilidad en la gestión, y un Código de Conducta de los empleados públicos con principios como integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, entre otros. Las administraciones públicas deben proveer los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El concurso de méritos debe ser procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, valorando méritos, capacidades y aptitudes de los candidatos por órganos colegiados técnicos imparciales.
Es urgente que el nuevo Gobierno salido de las urnas, y las comunidades autónomas establezcan ya un régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, y que su designación atienda con la máxima transparencia a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, llevándose a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia de los mejores. El personal directivo debe también estar sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. Ello contribuirá a mejorar la credibilidad y confianza de los ciudadanos en sus administraciones públicas.
