Zaragoza.- La defensa del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, ha solicitado este martes que sea un tribunal profesional y no un jurado popular quien juzgue el denominado caso Karting. Así lo ha expuesto durante la vista previa al juicio por esta causa, en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
En este caso, García Becerril compartirá banquillo con el exconsejero delegado de la plataforma y exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Esco, y con el dueño de los antiguos terrenos del kartódromo, Santiago Becerril. Presuntamente, los dos primeros se repartieron una comisión superior a los 660.000 euros en una operación de compraventa de estos suelos por parte de Plaza, que los adquirió por un precio supuestamente muy superior al del mercado.
García Becerril y Esco se enfrentan a penas de hasta once años de cárcel por malversación y cohecho. Subsidiariamente, también se solicita una condena por apropiación indebida, estafa y administración desleal.
El abogado de García Becerril, José María Gimeno del Busto, entiende que estos tres últimos delitos y el cohecho han prescrito y considera que un jurado popular no tiene competencias para juzgarles por malversación porque, en este caso, es "impropia" ya que Esco y García Becerril "son particulares, en el peor de los casos, a los que se les ha asignado un encargo de fondos públicos". El Ministerio Fiscal "solicita malversación impropia" y la ley del tribunal del jurado "incluye únicamente como su competencia la malversación propia", ha expuesto Gimeno del Busto.
Sobre el delito de cohecho, la representación de Plaza entiende que éste tiene un plazo de prescripción de diez años. A ello, Gimeno del Busto expone que se considere que el auto de incoación de diligencias previas data del 13 de abril de 2015 y la entrega de supuestos pagarés al vendedor de los terrenos del kartódromo es el 16 de febrero de 2004.
El abogado Valentín Romero, que defiende al vendedor de los suelos para el que se pide un año y medio de cárcel al tener en cuenta su cooperación, entiende que tanto el delito de cohecho como el de malversación de caudales públicos están prescritos al haber transcurrido ya "más de diez años".
El abogado de Carlos Esco, Juan Monclús, también coincide en la prescripción de delitos porque "han transcurrido más de diez años", incluso en los supuestos agravados. Monclús ha asegurado que "no tiene preferencia" entre un tribunal popular y uno profesional, pero ha subrayado la "complejidad" del asunto en lo que respecta a si se trata de fondos públicos y funcionarios, algo sobre lo que "los propios profesionales tienen dudas", ha dicho. Este letrado defiende que Plaza se constituyó con capital exclusivamente público, pero inmediatamente varias cajas de ahorro asumieron el 38% de la participación de su capital.
Las acusaciones se oponen
La Fiscalía ha rechazado los argumentos expuestos, considera que los principales delitos que se imputan "son competencia del jurado" y entiende que dirimir si se trata o no de fondos públicos no es objeto de las cuestiones previas.
El abogado de la DGA, Ignacio Susín, ha defendido que las calificaciones "subsidiarias o alternativas no impiden la competencia del jurado en cuanto a conocer de los delitos principales por los que son acusados".
Por su parte, el abogado de Plaza, Rafael Alcácer, entiende que la prescripción depende "de una resolución de fondo" y expone que, en cualquier caso, el delito de cohecho no habría prescrito porque "la última dádiva entregada es el 30 de junio de 2005".
