Zaragoza.- Un juzgado de Madrid acaba de emitir un auto histórico y los protagonistas son dos hermanos de Calatayud (Zaragoza). Se trata de Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, que se convertirán en los primeros exhumados del Valle de los Caídos, donde constan más de 33.000 cuerpos.
Esto será posible gracias al auto emitido por el juez de apoyo adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial, José Manuel Delgado Seoane, quien ha estimado la petición de María Purificación Lapeña Nieto, nieta de Manuel Lapeña Altabás. Un auto que ya es firme y en el que el juez reconoció el derecho de ésta a dar "digna sepultura" a su abuelo y a su tío abuelo, Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, una vez que las pruebas de ADN confirmen la relación familiar.
Manuel Lapeña Altabás fue fundador de la CNT de Calatayud, desapareció el 27 de julio de 1936 y su acta de defunción data del 14 de agosto de 1936. Fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina y enterrado en una fosa común, "sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme a la legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo", explica el abogado de la familia, Eduardo Ranz.
Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, tras ocultarse de las autoridades, se entregó en octubre de 1936, y fue fusilado el día 20 de octubre de 1936 en la tapia del Cementerio Municipal de Calatayud, enterrándose los restos en fosa común, "sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo", señala Ranz.
El auto del juez señala que, entre los días 3 y 4 de abril de 1959, se procedió al traslado de restos cadavéricos de los hermanos Lapeña Altabás desde Calatayud al cementerio del Valle de los Caídos "sin que se les pidiera autorización a la familia". Eduardo Ranz recuerda así que la de los hermanos Lapeña Altabás será "la primera exhumación en el Valle de los Caídos y la primera en vía civil, en general".
En su declaración ante el juez, María Purificación Lapeña expuso que los restos de su abuelo y tío-abuelo, veterinario y herrero, respectivamente, fueron trasladados al Valle de los Caídos en varias cajas. Entiende que su abuelo fue asesinado en julio en 1936 mientras que su tío abuelo huyó al monte y una vez se entregó fue asesinado.
La lucha de la familia
La lucha de la familia para lograr la exhumación de estos dos hermanos bilbilitanos comenzó el 20 de noviembre de 2012 en la vía Penal. Un juzgado de Instrucción archivó la causa al entender que no se podía enjuiciar al culpable. La decisión fue recurrida a la Audiencia Provincial de Madrid, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos ellos archivaron la causa.
Dos años más tarde, el 20 de noviembre de 2014, la familia emprendió la vía Civil –"cuya ventaja es que no hay nadie demandado", detalla Ranz-, en base al Expediente de Jurisdicción Voluntaria en aplicación del articulado de la perpetua memoria.
Eduardo Ranz reconoce que, en cierto modo, la familia de los hermanos Lapeña Altabás tuvo suerte ya que aunque el Ministro del Interior derogó el articulado de la perpetua memoria recogido en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, en la reforma de julio de 2014, esto no les ha afectado para conseguir su meta. Ahora bien, esto puede dificultar otras sentencias de casos similares.
"Si no se hubiera derogado, este auto habría sentado un precedente que automáticamente valdría para el resto de familias que solicitaran una exhumación", señala Ranz, quien añade que, al haber sido derogado, "puede que los abogados que lo fundamenten en sus peticiones tengan dificultades".
Eduardo Ranz, una de las personas que más ha luchado por la Memoria Histórica en los últimos años, incide además en que este auto eleva a cuatro los identificados en el Valle de los Caídos: Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera, Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás.
Derecho a la digna sepultura
El derecho a la digna sepultura, recogido en el artículo 10 de la Constitución Española, es la base del auto. "El derecho a recibir sepultura digna esta indisociablemente unido a la dignidad propia de todo ser humano", reza el citado artículo y recoge el auto. Asimismo, "forma parte del contenido esencial del derecho fundamental de libertad religiosa, que comprende el derecho de la persona a ser inhumada conforme a los ritos y prácticas de la religión que profesa", añade el auto.
Y añade: "Sin un adecuado tratamiento jurídico de la muerte de acuerdo con las creencias religiosas de la persona fallecida o de sus familiares [...] no sólo se vulnera el derecho de libertad religiosa, sino que se afecta de manera directa a la propia identidad personal".
Ahora bien, hasta que la exhumación se lleve a cabo todavía pasará algún tiempo. El miércoles 11 de mayo se dio traslado a Patrimonio Nacional para que cumpla el auto. "Tiene 45 días hábiles para responder, entendemos que la respuesta será satisfactoria y luego entramos en tiempos científicos de arqueólogos, etc. que es difícil predecir", explica Eduardo Ranz. El objetivo de la familia, en principio, es llevar los restos al cementerio familiar.
