Zaragoza.- La Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado un informe con opinión desfavorable sobre las cuentas anuales del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (Casar) de 2013 y 2014. Las cuentas anuales no expresan la imagen fiel ni del patrimonio, ni de la situación financiera, ni de los resultados económicos ni presupuestarios y tampoco cumplen los principios legales de temporalidad, integridad del total de gastos e ingresos o el equilibrio. Además, se han identificado otros incumplimientos legales en materia contractual y en personal, se constata la aplicación irregular de la normativa de contratos de interinidad.
Y es que señala que desde la misma creación del consorcio, el gasto real ha ido evolucionando sin respetar la cobertura presupuestaria, comprometiendo gasto sin tener crédito suficiente para realizarlo. Así, en 2014 el saldo de la cuenta 409 (obligaciones pendientes sin partida presupuestaria, facturas en los cajones) era de 15,24 millones de euros, 2,48 millones de euros más que en 2013.
De este modo, la situación, indican, es de "desequilibrio total", equiparable a la quiebra empresarial, con una inestabilidad que ha llevado a su disolución e integración en la estructura de la Comunidad, que ha asumido sus obligaciones pendientes afectando a los fondos públicos.
Son 15,9 millones de euros en los cajones, lo que equivale al 80% del presupuesto anual del organismo y usando la cuenta 409 (acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto) de forma "improcedente" para poder registrar obligaciones contraídas para las que no existía consignación, lo que ha sido una infracción "recurrente durante toda la vida del Casar"; pérdidas de ahorro de 3,11 millones de euros en 2014 y 3,95 millones de euros en 2013; un periodo de pago a acreedores de 468 días en gasto corriente y de 918 días en inversión en 2014, incumpliendo el plazo legal de 30 días.
El órgano fiscalizador subraya que ya la Intervención General vio que el presupuesto no refleja la realidad porque no facilita información completa ni detalla el gasto, no incluye los importes de la explotación de servicios y suministros que se presta con el Salud, tampoco respeta el principio de devengo ni vinculación de los créditos y, además, existen puntos débiles de control interno que no permiten asegurar que las obligaciones reconocidas respondan a bienes y servicios efectivamente recibidos con lo que se estipuló en los contratos o que se hayan liquidado a los precios establecidos y figuren bien contabilizados.
Por otro lado, tampoco se ve un adecuado control y supervisión en los procedimientos para facturar, recaudar y contabilizar ingresos. Y en materia de personal, usa términos retributivos que no constan en el sistema además de no haber medios para controlar la asistencia y presencia de trabajadores en los centros.
No sólo eso, sino que el 77% de las compras se han realizado con contratos menores o de forma directa, sin ningún tipo de negociación y en algún caso no se han ajustado a lo dispuesto en contratación pública y habiendo fraccionamientos sin publicidad y concurrencia y aumentando la arbitrariedad y discrecionalidad para comprar suministros. Tampoco están expedientes para verificar seguimiento de los cobros y ni siquiera consta la recepción el bien en las compras de inmovilizados.
El Casar lo conforman centros situados en Jaca, Ejea de los Caballeros, Fraga y Tarazona que atienden a 116.800 personas, pero no presentan una contabilidad diferenciada por centro. En octubre de 2013 se acordó su disolución, quedando a partir del 1 de enero de 2015 sus derechos y obligaciones subrogados por el Servicio Aragonés de Salud. La Cámara no ha podido disponer de los asientos de integración en la contabilidad del Salud de los saldos de cierre y no ha podido concluir la fiscalización entre diciembre de 2014 y la fecha real de traslado de los activos y pasivos, que era uno de sus objetivos.
