Zaragoza.- El juez ha decretado libertad con cargos a la espera de juicio para la mujer acusada de facilitar el arma al asesino de Soraya, última víctima mortal de la violencia machista en Aragón. La Policía Nacional la detuvo el pasado viernes y le acusó de darle a Miguel Rubén M. P., presunto autor del crimen, el arma que terminó con la vida de Soraya y la suya el pasado 22 de febrero.
Según han informado fuentes policiales, la detención se produjo el pasado viernes, 26 de febrero, por parte del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Aragón. La detenida, M. P. G. M de 40 años, había mantenido hacía algún tiempo una relación sentimental con el asesino de Soraya, Miguel Rubén M. P., -que se quitó la vida tras cometer el crimen en el bar Planet de Miralbueno- y ambos habían retomado el contacto. Al parecer, ella le entregó el arma en la noche del 21 de febrero.
La Policía Nacional le imputa un delito de tenencia ilícita de armas y otro como cooperadora necesaria en el crimen.
Última víctima de la violencia de género
El asesinato de Soraya G.S de 37 años de edad tuvo lugar el pasado lunes en el bar en el que trabajaba de Miralbueno. La mujer, que había abierto el bar para preparar los productos de repostería de los desayunos, fue presuntamente asesinada por su expareja, M.R.M.P. de 41, que después se suicidó. Ambos cuerpos fueron encontrados por un cliente que alertó a la Policía Nacional.
Los vecinos aseguraron que la apertura solía realizarse cerca de las 8.00 de la mañana y permanecía abierto hasta más allá de la medianoche. Al parecer, y como relató una persona cercana a la fallecida, la asesinada, que tenía un hijo de cinco años –no del agresor- ya había recibido amenazas con anterioridad. Según la misma fuente, el agresor habría llegado a decir al menor que “me voy a llevar a tu madre a un viaje muy largo”.
De hecho el agresor fue detenido por la Policía Nacional el pasado 5 de febrero tras haber recibido una llamada de la propia víctima. El hombre pasó a disposición judicial y se dictó una orden de alejamiento de más de 500 metros, con un riesgo “no apreciado” y sin vigilancia, porque, según Delegación del Gobierno, el varón vivía en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, un extremo que había sido acreditado por la Policía.
Estas mismas fuentes señalaron que no tenían constancia de contactos telefónicos. Los vecinos del establecimiento aseveraron que no oyeron ningún “jaleo” que les hubiera alertado “ni esta noche, pero ni ninguna otra vez”.
En torno a las 11.40 horas se produjo el levantamiento de los dos cadáveres, realizado por la Hermandad de la Sangre de Cristo y en presencia de autoridades policiales y judiciales.
