La defensa de la unidad de cuenca en el caso del Ebro

La unidad de cuenca ha sido y es un concepto defendido por todas aquellas personas que a lo largo de los años hemos aprendido que el consenso, la negociación y la comprensión de las necesidades mutuas es la única forma de alcanzar el justo equilibrio entre recurso y demanda en materia de recursos hídricos. Ha sido un largo aprendizaje, fruto de reconocer como legítimos todos los intereses de las partes y respetar el derecho al acceso al agua y al desarrollo de todos los territorios.

La unidad de cuenca ha sido y es un concepto defendido por todas aquellas personas que a lo largo de los años hemos aprendido que el consenso, la negociación y la comprensión de las necesidades mutuas es la única forma de alcanzar el justo equilibrio entre recurso y demanda en materia de recursos hídricos. Ha sido un largo aprendizaje, fruto de reconocer como legítimos todos los intereses de las partes y respetar el derecho al acceso al agua y al desarrollo de todos los territorios.

Quienes tachan el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE) achacándole en sus defectos cuestiones como su vocación trasvasista o la mercantilización del agua, hacen un uso demagógico de cuestiones que ni se contemplan en dicho PHCE, ni el PHCE es la herramienta con los permite.

La defensa de la unidad de gestión de la cuenca del Ebro pasa por reconocer que son los usuarios a quienes les corresponde el protagonismo en la gestión del agua. Que es el principio de cooperación el que debe reinar en la gestión del recurso, al margen de las tensiones político administrativas, y mucho más lejos de las de carácter territorial.

Le ha tocado al Ebro vivir las más intensas tensiones. La apetencia por el agua, que camufla de “objetivos medioambientales” un proceso de “soberanización” del agua. Hemos puesto la etiqueta de caudal ambiental al afán desmedido por acaparar el mayor porcentaje de recursos hídricos de la cuenca del Ebro.

De nada sirve apelar al régimen estacionario de nuestros ríos, argumentar la imposibilidad de que en años secos la Plataforma de Defensa del Delta pretenda más del 60% de los recursos de la cuenca del Ebro. El medio ambiente está sirviendo de excusa para uno de los mayores procesos de intento de acaparación de recursos que hemos vivido en los últimos tiempos.

También es en el Ebro donde la incorporación de nuevas sensibilidades se produce de forma que lejos de aportar su visión a la construcción conjunta de la gestión del agua del Ebro, abogan por dar por caducado y romper con una amplia cultura en materia de pacto que ha permitido mantener la estabilidad de los distintos territorios. Ruptura además que se plantea carente de contenidos y alternativas realizables.

Se tacha al PHCE de trasvasista, aún a sabiendas de que es el Plan Hidrológico Nacional el que debe prever y planificar esta figura, no en el PHCE. Se obvian las necesidades de los sectores productivos, entendiendo como legítimos tan solo los medioambientales y los de determinados territorios. Descalificando cualquier demanda histórica de los territorios, al ser metida de forma intencionada bajo el paraguas de la amenaza del trasvase.

Es en el marco de la Cuenca del Ebro en el que se acusa a los regantes de querer aprovecharse del PHCE para mercantilizar el agua a través de la cesión de derechos. Figura, por cierto, contemplada en TRLA no en el PHCE. Figura a la que la Ferebro siempre se ha opuesto, rechazando el comercio con el agua por entender que al igual que ha de defenderse una gestión única y solidaria del recurso en toda la cuenca, debe defenderse su naturaleza pública.

Se habla de pactos obsoletos, de nuevas normas, con marcada miopía a la hora de valorar lo que la gestión a través de la Planificación Hidrológica, que no se remonta al año 2000 con el nacimiento de la Directiva Marco del Agua, sino mucho más allá, se ha ido consiguiendo.

Es necesario poner en valor lo que el PHCE ha conseguido a lo largo del tiempo. Y entre ello está una gestión de los sistemas de explotación independiente del ámbito territorial administrativo con una eficiente gestión de las infraestructuras y una eficaz respuesta a los periodos de sequía.

También la aplicación de criterios homogéneos y procedimientos únicos en el otorgamiento de las autorizaciones administrativas.

Asimismo, la utilización de criterios similares en toda la cuenca en actuaciones de vigilancia del dominio público hidráulico.

Además, la participación de todos los actores en la planificación hidráulica y con libertad de defensa de sus legítimos intereses. Y la aplicación de iguales criterios y objetivos en la asignación de recursos, caudales ecológicos y objetivos medioambientales.

Por otro lado, está un marco común de trabajo para todas las comunidades de usuarios, independientemente del ámbito administrativo.

Y para finalizar y a modo de reflexión debemos preguntarnos porque tan solo el caudal ecológico del Ebro está sometido a tamañas tensiones. Como los ríos de las cuencas internas catalanas no tienen establecidos caudales ambientales proporcionales a los que se demanda en el tramo final del Ebro. Como que el caudal ecológico del Ebro es actualmente muy superior a la suma de los caudales ambientales de todos los demás ríos de la península y aun así sigue siendo insuficiente. No podemos seguir disfrazando de legitimidad medioambiental cuestiones que tienen que ver con tensiones territoriales y apetencia por el recurso.