Zaragoza.- La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad se ha aprobado este jueves en el Pleno extraordinario de las Cortes de Aragón. Esta normativa ha salido adelante gracias a los votos de PSOE, Podemos, CHA e Izquierda Unida a la mayor parte del articulado. En ella, se ha recogido la bonificación del 70% al pago del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) por parte de los contribuyentes de Zaragoza. Ante esta aprobación general, los grupos de PP, PAR y Ciudadanos han mostrado su desacuerdo por la subida de la presión fiscal y la excesiva burocratización que este reglamento conlleva.
La ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos recoge, además de la modificación de la cuantía del ICA, la moratoria durante este año al impuesto al transporte por cable, la reducción a iniciativa de IU de los días festivos de apertura en centros comerciales, que pasan de once a diez ya en 2016, y la modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que aplica una deducción (con el límite de 50 euros) por abonos de transporte público y otra por inversión en entidades de la economía social. También se ha incluido, entre otros asuntos, la incorporación del aragonés y catalán como modalidades lingüísticas en la Ley del Patrimonio.
Además, esta normativa contempla, dentro de sus disposiciones, la dotación de unas partidas presupuestarias para la futura Ley de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza, conocida como ley de capitalidad, junto a la creación de la Ley sobre el Área o Comarca Metropolitana de Zaragoza. En este apartado, también se recoge el desarrollo y puesta en marcha de la Ley de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y la creación del impuesto sobre depósitos en entidades de crédito.
Por otra parte, se establece una exención en el pago de las tasas de examen en las oposiciones a personal funcionario de la Administración para aquellas personas que acrediten no haber percibido ningún ingreso durante seis meses o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
En cuanto al complemento salarial de los funcionarios de carrera que lo tuvieran reconocido con anterioridad, se igualará a la cuantía retributiva del complemento que la Ley de Presupuestos fije anualmente para los directores generales del Ejecutivo, que será absorbido por cualquier futura mejora retributiva.
Traducida a cifras, esta normativa afectará a 23 leyes autonómicas e incluye modificaciones a siete textos refundidos de leyes, así como un texto refundido para la Ley de Espacios Protegidos de Aragón. Del mismo modo, se modifican 15 tasas de la Comunidad y se crean dos nuevas: la tasa por ocupación o concesión del uso privativo del dominio público forestal de titularidad de la Comunidad y la de clasificación y aprobación de planes de emergencia de presas, embalses y balsas. En esta última, se fija para el Instituto Aragonés del Agua (IAA) una tarifa de 1.000 euros para la clasificación de estos espacios de reserva hídrica y otra de 500 euros para la aprobación del consiguiente plan de emergencia.
El diputado socialista Alfredo Sancho, coordinador de la Ponencia, ha valorado el “gran trabajo” realizado por todos los grupos parlamentarios en la elaboración del Dictamen de la ley de acompañamiento y ha resaltado el “ánimo de colaboración, negociación y voluntad”. En lo que respecta a su grupo parlamentario, Sancho también ha valorado los acuerdos para la bonificación establecida para el ICA y “la reducción de las cuantías de varias tasas”, pese al establecimiento de nuevos tributos.
Según ha informado Sancho, de las 147 enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, un total de 23 fueron retiradas antes de la Ponencia. Tras esta criba inicial (quedaron 40 del PP, 23 del PSOE, 13 de Podemos, 17 del PAR, 9 de Ciudadanos y 26 del Grupo Mixto)se han incluido 85 de ellas en el Dictamen; más de la mitad (48) por unanimidad.
ICA
La Ley de Aguas y Ríos de Aragón ha introducido finalmente una bonificación del ICA, para el 2016, del 80% de las tarifas en localidades con una población inferior a 200 habitantes, y del 70% para aquellos municipios que ya han costeado su depuradora, como Zaragoza, Jaca o Fabara. También se aplicará un porcentaje similar de bonificación (70%) a los municipios con más de 200 vecinos que no dispongan de instalaciones de tratamiento en funcionamiento cuando viertan sus aguas residuales a una red de alcantarillado de titularidad pública.
A partir de 2017, el porcentaje de bonificación descenderá en las localidades con depuradora hasta el 60% y en los municipios con menos de 200 habitantes se reducirá al 75%.
Además, contarán con una exención de esta tasa aquellas personas en situación de exclusión social que perciben pensiones no contributivas de invalidez o de viudedad; una garantía que se aplicará además en aquellos hogares donde sus dos miembros se encuentren en situación de desempleo, gracias también a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Aragonés.
A diferencia del resto de votaciones, la modificación de esta tasa ha roto el consenso establecido entre los grupos parlamentarios de izquierdas. Podemos e IU se han desmarcado del voto favorable, ya que planteaban a través de sus enmiendas una bonificación del ICA del 99%. No obstante, el apoyo de PP, PAR y Ciudadanos le ha valido al Ejecutivo (PSOE-CHA) para sacarla adelante.
Ante esta aprobación, IU ha manifestado su “oposición” a la no exención total del ICA por ser “injusto con los vecinos de Zaragoza”, tal y como ha manifestado Patricia Luquin. “Los zaragozanos llevan pagando desde hace más de 25 años el coste de la depuradora, que se terminó de construir en 2013”, ha resaltado la diputada, que ha añadido que supondrá “un aumento de 5 euros para cada familia”. Luquin ha expuesto como “contradicción” que el PSOE tumbara las ordenanzas fiscales en el Consistorio de la capital aragonesa, junto con PP y Ciudadanos, por motivos de “presión fiscal” y en el Parlamento haya obrado en “sentido contrario”.
En el mismo sentido, Podemos ha calificado de “gran injusticia” el acuerdo final del ICA y ha acusado a PP, PAR y Ciudadanos de “ponerse muy de acuerdo” con el PSOE “en lo que afecta de manera negativa a la capital aragonesa”, según ha expresado Violeta Barba.
Por su parte, CHA ha valorado su transacción con el PSOE para llegar a una exención el pago del ICA del 70% en Zaragoza. El diputado Gregorio Briz también ha resaltado la validación de otras de sus propuestas como la inclusión del aragonés y el catalán en la Ley de Patrimonio de Aragón, así como la garantía de unas partidas para la futura ley de capitalidad de la ciudad de Zaragoza
Críticas de PP, PAR y Ciudadanos
El PP ha subrayado que “es evidente que la ley adolece de algunos defectos importantes”, como la subida no progresiva del IRPF, y ha mostrado su desacuerdo con el aumento de la tasas fiscales. Su portavoz en la Comisión de Hacienda, Antonio Suárez, también ha reprochado a Podemos y CHA que con sus medidas “sólo piensan en Zaragoza”, y ha puesto como ejemplo la deducción a la compra de los abonos por transporte público que solo se puede aplicar a la capital aragonesa y la ciudad de Huesca.
Suárez también ha asegurado que el impuesto de crédito bancario es “inconstitucional” porque “no se puede pagar dos veces” por el mismo tributo, y ha criticado la prohibición de duplicidad de titulaciones entre universidades. En cuanto al impuesto del transporte por cable, Suárez ha afirmado que continuarán debatiendo para que no se aplique en años posteriores, porque la situación se prevé “igual de mala” para las estaciones de esquí.
Desde el PAR, Elena Allué ha valorado la aprobación de nueve de sus 23 enmiendas presentadas inicialmente a esta ley, que han conseguido “una mejora sustancial”, como en el caso del ICA. No obstante, la diputada aragonesista ha lamentado que el resto de sus propuestas se hayan desestimado, ya que iban encaminadas a “aportar beneficios e incentivos fiscales a los aragoneses, dinamizar económicamente los sectores estratégicos y conseguir eliminar las trabas burocráticas para dar una mayor eficiencia a la administración”.
Asimismo, Allué ha calificado de “perversión y manipulación del consenso del Estatuto de Autonomía” la inclusión, mediante una enmienda de CHA, del catalán y el aragonés como modalidades lingüísticas en la Ley de Patrimonio.
Por su parte, Ciudadanos ha tildado a la ley de acompañamiento de “descafeinada”, en palabras de Javier Martínez, por la negociación previa de las subidas tributarias entre los grupos parlamentarios que respaldan al Ejecutivo. Martínez también ha mencionado la abstención de su grupo en la “mejora” del complemento a altos cargos, y ha pospuesto el debate sobre esta cuestión a la presentación de la Ley de la Función Pública.
