La Ley 42/2005 de reforma de la Ley 1/2000 de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil establece que: “A partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hicieran, estarán obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal”, lo que en términos coloquiales se ha venido en llamar “papel cero”.
En la práctica es el primer paso para la implantación del expediente judicial electrónico, cuya realidad viene impuesta para el día 7 de Julio de 2016.
Por lo que a Aragón se refiere, día sin otro nos desayunamos leyendo en las distintas publicaciones de tirada autonómica el éxito que ha supuesto la puesta en funcionamiento del papel cero en nuestra Comunidad Autónoma, pero nada más lejos de la realidad.
Ello requiere de numerosas novedades tecnológicas y exige dar a los usuarios de las mismas la debida formación. Para los funcionarios de Justicia ha consistido en un curso de una mañana, o en un cursillo de 5 minutos impartido por vía telefónica el día 30 de Diciembre, 2 días antes de que el papel cero debiera ser una realidad en la justicia aragonesa. Y lo que es más grave, no está previsto, a día de la fecha, impartir ningún curso de formación más al respecto.
Hoy, todavía se están colocando dobles pantallas en algunos juzgados, requisito indispensable para poder funcionar sin papel. Ello unido a una herramienta necesaria para poder trabajar con los escritos que se presenten sin necesidad de imprimirlos, como es el visor.
También deberíamos decir que un mes después de la entrada en funcionamiento del papel cero, todos y cada uno de los escritos que se presentan por vía telemática a través del sistema lexnet están siendo impresos, por exigencia de los responsables últimos del juzgado, que son los jueces, para su unión al expediente físico que a día de hoy, no nos engañemos, todavía existe en la justicia, lo cual está generando un aumento en el gasto del papel en los juzgados. No, no se sorprenda el lector, hoy se imprime más papel en la justicia que el año pasado.
Y es que cuando las cosas se hacen de forma chapucera el resultado final no puede ser nada halagüeño. El más mínimo sentido común, que al parecer es el menos común de los sentidos dentro de la justicia aragonesa, aconseja ir realizando pruebas piloto, introducir las sugerencias que los usuarios puedan ir observando para su mejora, solucionar previamente los problemas que seguro surgirán y están surgiendo, dotar antes de los soportes físicos e informáticos necesarios para su puesta en funcionamiento... Pues aquí, en Aragón, no solo no se está haciendo nada de esto, sino que a unos de los principales usuarios de estas nuevas tecnologías, los funcionarios, no solo no se nos escucha, sino que se nos ignora desde la Dirección General de Justicia e Interior, responsable de la implantación del papel cero en Aragón.
Y no solamente en este caso, sino en todos y cada uno de los supuestos en los que la Dirección General de Justicia e Interior ha tenido que tomar alguna decisión que afecta a los trabajadores que están bajo su responsabilidad.
No es por ello de extrañar que esta última actuación haya sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los representantes del colectivo de funcionarios de justicia de Aragón y los cuatro sindicatos con representación en la Comunidad Autónoma nos veamos en la necesidad de exigir de forma unitaria el cese de la Directora General de Justicia e Interior.
Con su actitud además de estar ignorando el acuerdo alcanzado a nivel nacional entre las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Administración de Justicia y el Ministerio de Justicia, que reconoce la necesidad de la participación del personal al servicio de la administración de Justicia en el desafío que supone la implantación de herramientas informáticas y medios electrónicos, sino que está vulnerando el derecho a la negociación colectiva recogido tanto en el artículo 31 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público como en el artículo 37,1 de la Constitución Española.
Y ello a pesar de que el punto décimo de este acuerdo dice que el Ministerio de Justicia se compromete a trasladar el contenido del mismo a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia en el seno de la Conferencia Sectorial, como es nuestro caso.
De la lectura de los hechos hasta ahora expuestos pudiera llegar el lector a la errónea conclusión de que todo lo relacionado no es más que una versión interesada, efectuada por uno de los funcionarios afectados. Nada más lejos de la realidad. Basten para ello los siguientes datos:
1,- El Subdirector General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia D. LUIS BUSTAMENTE, a la sazón responsable por el fiasco en la aplicación del papel cero en los Juzgados y Tribunales, ha sido cesado.
2,- En un informe del Consejo General del Poder Judicial elaborado por jueces, se detallaba la relación de incumplimientos que ocurrirían a partir del 1 de enero.
3,- La propia Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, transmitió al Gobierno su "profunda preocupación" ante el papel cero.
4,- Varias comunidades autónomas no han implantado el expediente digital, algunas cumplirán parcialmente y otras están en pruebas.
