Zaragoza.- El Colegio de Abogados de Huesca organiza desde este viernes y hasta el domingo las I Jornadas de Derecho y Montaña, en las que coincidirán más de una quincena de ponentes que aportarán visiones desde sus puestos de responsabilidad en el mundo de la justicia, los cuerpos de seguridad o las empresas.
Para el decano de los letrados oscenses, Ángel García, y para el secretario de este evento, José María Orús, la actividad genera ilusión y tiene un carácter necesario por el papel de Huesca como capital de la montaña en Aragón. Ambos reconocen su vínculo con la naturaleza, bien a través del senderismo o del montañismo.
Orús critica que se pueda llegar a plantear el cobro de tasas a todos los rescates y asegura que la práctica del montañismo ha dejado su lado “romántico” y ha pasado a preocuparse más por los pormenores jurídicos que pudieran suceder.
Por su parte, el máximo responsable del Colegio crítica medidas que han cambiado el panorama judicial nacional, como los cambios en el Código Penal o la limitación de los tiempos de instrucción. Sin embargo alaba algunos puntos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por actualizar puntos sobre los que solo existían referencias jurisprudenciales.
Pregunta.- ¿Qué perspectivas tienen para la celebración de las I Jornadas Derecho y Montaña?
Ángel García.- Estamos muy ilusionados porque la jornada está teniendo mucha repercusión y ha despertado mucho interés, no solo entre abogados sino también entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en el caso de la Guardia Civil en Aragón son de los mejores equipos de rescate posiblemente del mundo.
Huesca tenía que hacer esto. Es una provincia de montaña y el Pirineo oscense es el central, el más alto y en el que se producen más de la mitad de los accidentes y rescates, por lo que ya tenemos un bagaje que podemos transmitir en esta materia. Además contamos con cinco estaciones de esquí, espacios naturales protegidos, y muchas razones por las que se debe dar este curso.
P.- ¿Cómo y por qué surge una actividad que relaciona derecho y montaña?
José María Orús.- El Derecho regula todas las actividades de la vida humana y desde luego en la montaña tenemos múltiples actividades donde confluimos muchísimas personas, desde aquellas que van a esquiar, hasta los senderistas, los que hacen esquí de travesía, los que están cazando o los que van a buscar setas. Todo eso genera conflictos, genera incidentes, accidentes y es una cuestión que el Derecho regula
P.- ¿Qué esperan obtener al reunir a personas de perfiles profesionales tan diversos?
J.M.O.- Dentro de las jornadas están los mejores especialistas dentro de sus campos, de manera que damos una visión jurídica y también otra más general para las personas que están interesadas en la montaña, como los profesionales o los empresarios de turismo activo.
Todas las ponencias son destacables y todos los ponentes tienen un perfil profesional muy alto. Contamos con José María Nasarre, que es director en la Universidad de Zaragoza del Máster de Derecho de los Deportes de Montaña, única formación especializada en el Estado; participa el comandante Garijo de la Guardia Civil, quien dirigió los rescates tras el terremoto de Nepal y de los espeleólogos en el Atlas marroquí; y José Luis Rubayo hablará sobre el desempeño de las aseguradoras.
Hablaremos con Javier Garrido del mundo de la empresa en la montaña y de la importancia de la formación de los guías y de evitar el intrusismo en el turismo de aventura. Además estará el juez José María Rives, del Juzgado de instrucción de Jaca, que se encarga de la investigación de los accidentes en la parte occidental de nuestro Pirineo.
También estará el coronel Ayora, del Ejército, un especialista en los programas en la prevención del riesgo en la montaña; también José Masgrau, que aportará una visión sobre las actividades y que aportan las federaciones de montañismo o Julio Rojas, que es un experto himalayista y analizará algunos de los accidentes más nombrados.
Derecho y montaña
P.- Precisamente sobre los accidentes sigue estando sobre la mesa el cobro de los rescates…
J.M.O.- Este va a ser uno de los puntos más comprometidos y sobre el que tenemos un debate el sábado. Cuando se quiere estar a favor de los rescates nos referimos a graves imprudencias, pero esto no es en la mayoría de los casos. Desde el mundo de la montaña consideramos que los rescates deben mantenerse por las instituciones públicas. No se puede meter miedo a la gente, porque hablamos de un polo de atracción turística y de inversión, y una fuente de creación de empleo. A nadie se le ocurre cobrar la asistencia a los accidentados en los Sanfermines o decir a un surfista que se le va a cobrar.
P.- ¿Es la forma de concienciar al ciudadano?
J.M.O.- El cobro de los rescates se está produciendo en alguna Comunidad con muchísimas reservas, porque donde hay que incidir es en la formación y educación del montañero: dónde se mete, que se preocupe de la meteorología, del equipamiento... Ahí es donde hay que incidir, donde se evitan los accidentes. He conocido un caso en el que una persona accidentada se negaba a ser rescatada por miedo a que le cobraran el uso del helicóptero.
P.- ¿Se está trabajando bien desde los clubes de montaña?
J.M.O.- Los clubes de montaña hacen bien su trabajo y tienen la firme voluntad de hacerlo mejor. Hemos pasado de una práctica de la montaña romántica, a una práctica más especializada, donde hay más reclamaciones por responsabilidad, y los clubes son los interesados en dar esa formación y que las personas que lideran los grupos se puedan hacer responsables de los grupos que llevan.
Balance de las reformas en justicia
P.- ¿Qué valoración hacen de la modificación del Código Penal?
A.G.- El Código Penal ha sufrido una modificación muy profunda, drástica. Ha afectado a más de 200 artículos, incluyendo algunas medidas muy discutibles y directamente criticables, como la prisión permanente revisable, que algunos autores consideran como inadecuada y rozando la inconstitucionalidad.
Para mí también es muy criticable, por centrarme en dos aspectos, algo que ha pasado más desapercibido: han desaparecido las faltas y han pasado a ser delitos leves. Ha habido una descoordinación con el tamaño de las penas y eso va a originar algún problema, creemos, con los accidentes de tráfico, que antes se tramitaban mediante faltas y ahora se va tener que tramitar en un proceso declarativo más costoso y más difícil para la parte.
Aparte está la vieja tradición en España y en Europa de aumentar la penalidad casi hasta extremos absurdos.
P.- ¿Cuál es la alternativa?
A.G.- La gente confía en que el Código Penal lo va a solucionar todo y, cuando el gobernante no sabe qué hacer, lo modifica. El Código actúa cuando el daño ya está cometido. Antes de acudir a estas modificaciones para resolver los problemas, hay muchas cosas, como la educación, que son muy importantes.
Hay que establecer una pena para restablecer la idea de justicia, pero como solución a los problemas tiene una eficacia muy limitada. El efecto ejemplarizante del Código Penal es muy limitado.
P.- Entre otras, también se ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal
A.G.- Ha tenido modificaciones acertadas en algún punto, como la transcripción de las directivas comunitarias al respecto de los derechos de los detenidos. Se ha entrado en mucho pormenor en la regulación de los medios de investigación que suponen restricción de derechos fundamentales, como la intervención telefónica o la captación de imágenes. En eso se ha mejorado porque era una regulación casi en el vacío.
Sin embargo, establece una limitación a los tiempos de instrucción que no es operativa, no es realista y no tiene sentido. Es un brindis al sol. No se puede exigir una limitación del tiempo de instrucción si no se facilitan medios para que las instrucciones sean ágiles. Hay juzgados que llevan causas muy voluminosas, muy complicadas y al mismo tiempo el juez tiene que resolver la agenda diaria de su juzgado, algo que no puede hacer nadie más.
Hoy por hoy cuando el juzgado requiere informes, incluso a organismos públicos, tiene que esperar meses, como en el caso de la Agencia Tributaria o los informes de caligrafía… No podemos limitar los tiempos porque se estaría haciendo en falso, sin justificación. Además hay un problema: no establece las consecuencias de aquella instrucción que dure más.
P.- ¿Qué consideración tienen de la instauración de las tasas judiciales?
A.G.- La Ley de Tasas Judiciales fue una puñalada a la justicia.
P.- ¿Qué consecuencias ha tenido?
A.G.- Produjo una disuasión, la gente vio limitado su derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. No es necesario que eso se produzca en un montón de casos, estamos hablando de un derecho fundamental, con que se produjera en un caso sería una restricción injustificada. Se dice que la administración de justicia es un servicio público, pero también un derecho, y no puede haber restricciones
Se hizo, además, por trámite de urgencia, no hubo discusión parlamentaria y nos la encontramos en el BOE de un día para otro con cuantías que eran, y son, un disparate. Francia, que tenía unas tasas muchísimo más bajas, las ha suprimido. Después de protestas hemos conseguido que con la Ley de Segunda Oportunidad se introdujeran unas medidas con las que se corrigió eso y se suprimió la tasa para las personas físicas. Sin embargo, una sociedad limitada formada por dos personas al 50% no está exenta del pago.
