Zaragoza.- El establecimiento de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos de la Comunidad Autónoma será decisiva para desempatar entre ofertas que obtengan la misma puntuación. Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado al respecto por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La incorporación de estas cláusulas mediante las pertinentes reformas legales a la que se comprometió en su día a el presidente de Aragón, Javier Lambán, quedó supeditada al dictamen emitido ahora por esta Junta, órgano consultivo en materia de contratación pública de la Administración autonómica, sus organismos públicos, empresas y fundaciones del sector público de la Comunidad, así como de las universidades públicas y entes locales radicados en su territorio.
Adscrita al Departamento de Hacienda y Administración Pública, la Junta Consultiva está integrada por representantes de los órganos de contratación propios, de las entidades locales, la Universidad de Zaragoza, los contratistas, la Dirección General de Serivicios Jurídicos y la Intervención General. Su último informe ha sido remitido a todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón.
Desde 2006, han sido numerosos los informes de la Junta Consultiva que han analizado aspectos de lo que ha dado en llamarse "contratación o compra pública responsable", aquella que aspira, entre sus objetivos mediatos, al impulso y fomento por el contrato público correspondiente de una mayor responsabilidad ética, social o medioambiental.
En este nuevo informe, la Junta Consultiva persevera en la concepción de la contratación pública "como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas". Partiendo de esta idea, el informe establece los contornos en los que deben moverse los órganos de contratación en relación con la introducción de ciertas cláusulas sociales.
Así, la Junta Consultiva establece ciertos límites respecto del establecimiento de preferencias en la adjudicación de contratos públicos. En primer lugar, la Junta entiende que resultaría posible que la legislación aragonesa de contratos públicos estableciese una preferencia en la adjudicación de los contratos en favor de "cooperativas, sociedades laborales, empresas de carácter social, UTE de microempresas, empresas que contraten en condiciones laborales no precarias, y empresas que produzcan con energías renovables o hayan invertido en procesos de eficiencia energética", a condición de que esa preferencia opere como cláusula de desempate, cuando existan dos ofertas que obtengan la misma puntuación en los criterios de adjudicación.
Mucho más tajante se muestra la Junta respecto de la posibilidad de considerar la contratación «con empresas cuyos beneficios empresariales repercutan de nuevo en el territorio, o tributen en Aragón», al afirmar que resulta discriminatoria, y en consecuencia, deviene ilegal. La Junta Consultiva considera asimismo que los criterios sociales deben estar vinculados al objeto del contrato; por ello no resulta aconsejable su inclusión en los pliegos tipo, dado su alcance general e indefinición en determinados aspectos.
Por otra parte, el informe se posiciona favorablemente respecto a la inclusión de aspectos sociales en los contratos menores, si bien advierte de que para ello pueden ser necesarios "trámites procedimentales adicionales" sobre los legalmente previstos. Igualmente se entiende que la definición del objeto de los contratos también puede, en determinados casos, avanzar algunas condiciones de ejecución de carácter social.
A partir de este informe se pueden plantear diversas acciones relacionadas con la contratación pública socialmente responsable. En cuanto a los próximos pasos a dar, el pasado lunes, el Director General de Contratación, Patrimonio y Organización, Miguel Ángel Bernal, avanzó próximos pasos durante unos en comparecencia ante las Cortes de Aragón, al anunciar la solicitud a la Junta Consultiva de una circular de alcance general sobre el "uso estratégico de la contratación pública" y buenas prácticas para el desarrollo de políticas públicas, que incluya por supuesto las sociales y medioambientales, así como las de fomento de la innovación. Ese documento ha de convertirse en guía «de cabecera» para todos los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma.
