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Viernes, 16 de noviembre de 2018
Editorial

4/11/2015

La Ley de Capitalidad, marginada de nuevo

La primera toma de contacto entre el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y el concejal de Economía, Fernando Rivarés, ha concluido con un acuerdo de compensación de deudas entre ambas administraciones por un valor de trece millones de euros. Sin embargo, la Ley de Capitalidad, el tema más importante que en principio iba a tratarse, ha sido de nuevo aparcada a un segundo plano por Gimeno, a la espera de que haya un borrador.

A pesar de que ellos lo han calificado como “fructífero”, el encuentro entre los dos Fernandos ha sido un débil intento de resolver el problema de la financiación municipal. Apenas se ha limitado a un intercambio de la misma cantidad de dinero entre ambas entidades. Desde el Consistorio han sido tibios en sus reivindicaciones y no se ha planteado ni una sola cifra de ingresos nuevos para que el Ayuntamiento pueda financiar los servicios públicos que presta.

Fernando Rivarés tampoco ha abordado los fondos que deberían llegar por la Ley de Capitalidad. Sólo ha planteado que los próximos presupuestos incluyan una partida presupuestaria para este fin. En el anterior mandato, el PP puso sobre la mesa una ley que hubiera dado a Zaragoza 30 millones de euros más de recursos, que se habrían ido incrementando conforme aumentasen los ingresos de la DGA provenientes del Estado.

Sin embargo, a última hora PSOE y CHA reclamaron 200 millones por las deudas pendientes, las competencias impropias y la financiación que entonces consideraban justa por los costes de capitalidad. Una cifra que se les denegó y ni llegó a negociarse. Seis meses después de pedir esa cantidad, ambos partidos dicen ahora que es mejor ir a la reunión sin una cifra base.

Zaragoza lleva más de una década esperando la Ley de Capitalidad, por lo que ambas instituciones tienen que poner más de su parte para llegar a un acuerdo y comenzar a financiarla. Es de suma importancia porque se trata de una herramienta jurídica fundamental para regular el estatus de Zaragoza como capital de Aragón y para mejorar las aportaciones económicas que recibe.

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