Un total de 33.100 personas recibieron la ayuda de Cáritas Aragón para llegar a fin de mes a lo largo del pasado ejercicio. Para hacer frente a todas estas atenciones, la entidad destinó más de doce millones de euros. Aunque en este 2015 estas cifras empiezan a estabilizarse y a romper así la tendencia de ejercicios anteriores, que desde que comenzó la crisis han ido en claro incremento, siguen siendo completamente inaceptables.
Desde la entidad han advertido una contención en el número de solicitudes que reciben cada año, algo que achacan al descenso del desempleo, pero también a la agilización en el pago de las ayudas públicas. El nuevo Ejecutivo autonómico emprendió esta tarea como su reto más inmediato y los resultados ya son visibles. El Departamento de Servicios Sociales contrató a diez personas para desatascar la situación y la resolución de los expedientes del Ingreso Aragonés de Inserción se ha reducido de cuatro meses a sólo quince días.
Cáritas Diocesana es una entidad católica y su vocación le lleva a querer atender a cuantas personas pueda. Una encomiable labor que, sin embargo, no puede suponer un sustitutivo de las prestaciones públicas ni un recurso al que acudir con asiduidad. Atender las necesidades de los ciudadanos y garantizar una calidad de vida digna es un deber de obligado cumplimiento para las administraciones públicas.
El primer paso ya se ha dado y ha funcionado bien. Ahora la mirada debe centrarse en poner en marcha políticas que fomenten el empleo, porque esa es la clave en la salida de la crisis, y medidas que apuesten por la inclusión de las personas que urgen una integración social. Las administraciones públicas deben ejecutar los instrumentos necesarios para reducir las alarmantes cifras que entidades como Cáritas destapan cada año.