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Viernes, 16 de noviembre de 2018
Editorial

27/10/2015

Los tributos para 2016

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al Proyecto de Ley de Medidas tributarias para 2016. Los socialistas y Chunta Aragonesista ponen sobre la mesa la visión ideológica de la izquierda, que defiende la redistribución equitativa de la riqueza y apelan al esfuerzo de los que más tienen para poder hacer de la recuperación un crecimiento justo que no deje a nadie en el camino. Pero en algunos casos no sólo afecta a los que más tienen, también lo hace a la generalidad con el cambio en transmisiones y actos jurídicos documentados y además será el que más recaude, 34 de los 88 millones estimados, aunque con alguna bonificación a menores de 30 años y personas con discapacidad igual o superior al 65% e incremento al 9% para la compra de vivienda usada de más de 500.000 euros. También tendrá consecuencias en los bolsillos de cualquier ciudadano, posea la renta que posea, el tipo autonómico que gravará los hidrocarburos. Aunque es cierto que transportistas, taxistas y agricultores no estarán afectados para evitar consecuencias en el empleo y por esa vía sí que podría haber algún acierto, pensándose además en que no se grave el gasóleo para calefacción.

Equipararse al resto de comunidades o ponerse en la media no puede ser la excusa para sacar de los bolsillos de los ciudadanos unos euros que generarán mayor dinamismo a la economía si se quedan donde están. La austeridad mal entendida tampoco es la solución. Lo han demostrado los datos de déficit y deuda.

La solución, después de haber renegociado las deudas, se halla en la consecución de una financiación autonómica ajustada. El Estado no se puede seguir arrogando la mayor parte de los ingresos mientras las comunidades autónomas son las que pagan los servicios esenciales, lo que obliga a las autonomías a asfixiarse abonando deudas, eliminar los derechos de sus ciudadanos o exprimirlos con las competencias tributarias que poseen.

Este problema se agrava en autonomías como la aragonesa donde la dispersión, el envejecimiento de la población y el territorio encarecen el coste y habrá de luchar mucho el Gobierno de Aragón del socialista Javier Lambán, esta vez con la ayuda de Chunta Aragonesista, para que el Ejecutivo que salga de las urnas el 20 de diciembre deje a un lado las presiones tradicionales de ciertos territorios y se avenga a actuar con justicia y equidad. Los aragoneses no tienen por qué ser los que más reciban dentro del contexto nacional, pero sí tener lo adecuado a sus peculiaridades, con un acuerdo bilateral que establece el Estatuto y que registre, al menos, unos derechos iguales al territorio que más tenga.

Ese es el gran reto a superar, lo demás solo son medidas cortoplacistas que junto al aumento de la presión fiscal general pueden hacer que grandes empresas aragonesas, muchas de ellas familiares, se planteen la deslocalización o que las que están buscando instalarse en Aragón estudien hacerlo en otras Comunidades.

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