Zaragoza.- Dieciséis familias tienen una necesidad de realojo urgente que no está garantizada porque el convenio –firmado entre Ayuntamiento, DGA, Consejo General del Poder Judicial y Federación Aragonesa de Municipios y Provincias- no dispone de ninguna vivienda para realojos en la ciudad de Zaragoza. Esta es la situación que ha reflejado este jueves el consejero de Vivienda de la capital aragonesa, Pablo Híjar.
Para poner remedio a este problema, Híjar, en rueda de prensa, ha reclamado que la DGA se “mentalice de que se necesita más inversión” y que dote de viviendas a este acuerdo. También ha criticado que los anteriores responsables autonómicos se “jactaron de tener vivienda disponible para los próximos meses y hoy se demuestra que no es así”.
Asimismo, el encargado municipal ha denunciado que desde el Ayuntamiento se han quedado "sin margen de maniobra". Todo ello porque “disponíamos de medios suficientes, pero si lo tenemos que hacer en este mes de octubre –los dieciséis realojos-, será muy complicado hacerlo para el mes de noviembre con una sola familia”.
Sin embargo, como alternativa a esta situación, Híjar ha llegado a ofrecer otras 50 nuevas viviendas que se sumarían a la bolsa del convenio, pero que exigirían un desembolso de 400 euros por vivienda y mes, en el que tendría que participar el Gobierno de Aragón. También ha apuntado que “estamos estudiando para movilizar toda aquella vivienda que no estaba en condiciones, para ponerla a disposición”. Y ha indicado que, hasta final de año, unas 90 familias “podrían necesitar un realojo de alquiler social”.
En este sentido, desde el Consistorio de la capital aragonesa, consideran que el convenio es una solución temporal hasta que se haga público el próximo decreto autonómico de Vivienda. Algo que, según Híjar, podría estar “a final de este año o al año que viene”. Por lo que respecta al convenio, Híjar lo ha calificado como “excluyente” al imponer unos “criterios de vulnerabilidad que dejan fuera a una parte importante de las familias”. Así también ha instado a la DGA a que se implique en “esos casos que se quedan fuera”.
Además, también ha cargado contra el papel del Gobierno de España, acusándole de ser un “espectador” al no materializar en una normativa las moratorias para evitar desahucios. Así, Híjar ha valorado que las cifras que se dan ilustran una “cronificación” del problema de la vivienda, añadiendo que el número de desahucios se mantiene invariable en niveles altos y que incluso supera las previsiones.
Asimismo, ha apuntado que además de esos 16 casos llegados desde el propio convenio, en estos momentos el Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra pendiente de otros posibles realojos provenientes de consultas tanto a la plataforma Stop Desahucios (20 familias) y a la Oficina Municipal de la Vivienda (en torno a 30).
Además ha puntualizado que desde el Gobierno de la ciudad se está cumpliendo con el compromiso que Zaragoza en Común defendía en campaña de parar todos los desalojos forzosos de familias. En este sentido ha reconocido que se trata de aquellos casos que “acuden a nosotros solicitando el amparo del Ayuntamiento”.
