Las acusaciones del caso Codesport mantienen que los cuatro imputados malversaron fondos públicos

El juicio por el presunto sobrecoste en la construcción de 119 naves en Plaza ha quedado visto para sentencia este viernes. Mientras que para las acusaciones se trata de un caso claro de malversación de caudales públicos -al tratarse Plaza de una sociedad 100% pública-, las defensas lo niegan y piden la absolución para los acusados.

Zaragoza.- Visto para sentencia. Así ha quedado, este viernes, el juicio por el presunto sobrecoste en la construcción de 119 naves en Plaza. Las acusaciones -Fiscalía, Gobierno de Aragón y Plaza- entienden que Plaza es una empresa pública y, por ello, mantienen que los cuatro acusados malversaron caudales públicos. Por su parte, las defensas de los procesados lo han negado y han solicitado su libre absolución.

Durante cuatro días, en el banquillo de los acusados se han sentado el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el exconsejero delegado, Carlos Esco; el exdirector técnico, Miguel Ángel Pérez, y el empresario y expropietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias. Se enfrentan a penas de entre ocho y 16 años de prisión, después de que este jueves las principales acusaciones rebajaran su petición hasta un máximo de ocho años.

Para el fiscal, Javier Checa, Plaza es una empresa pública que sólo debía responder de lo pactado con Codesport, encargada de la construcción de las naves, y no de las modificaciones que introdujo Autocity, que iba a adquirir posteriormente las naves. "Plaza pagó lo que no tenía que pagar", ha sentenciado Checa, quien ha señalado que, "de repente, sin saber por qué, en vez de facturar las modificaciones a Autocity, se facturan a Plaza y ésta a Autocity. Esto no está firmado así en ningún sitio", ha asegurado.

Checa entiende que, en el momento en que aparece Autocity e introduce "innumerables modificaciones" al contrato que Plaza firmó inicialmente con Codesport, las partes "se tenían que haber sentado a escribir un nuevo contrato". Para el fiscal hay además un sobrecoste "claro y evidente" en las obras del que responsabiliza a los cuatro acusados.

El letrado de la DGA, José Luis Gay, también ha coincidido con el fiscal en que se trata de un caso de malversación de caudales públicos, al ser Plaza una empresa pública. Gay ha insistido en que, ahora, van a ser los presupuesto de la Comunidad Autónoma los que "paguen este desaguisado" mediante la refinanciación de la Corporación Empresarial (Plaza, Plhus, Platea y Expo Zaragoza Empresarial) y ha insistido en que "la DGA defiende la Hacienda pública". Para la DGA, fue la "ocultación de la información real la que contribuye a la consumación de los delitos".

Para la letrada de Plaza, Laura Martínez, hubo "connivencia" entre los cuatro acusados "desde el principio". "Salen unas obras a licitación y lo primero que vemos es que los pliegos se elaboran desde Codesport", ha señalado. Asimismo, Martínez ha considerado que cuando apareció Autocity el Consejo de Administración "tendría que haber aprobado la modificación del contrato previo y autorizar un mayor gasto o en su caso convocar otro concurso". "Hubo connivencia para repartirse trece millones de euros", ha dicho.

Las tres acusaciones han solicitado, de forma alternativa al delito de malversación de caudales públicos, se condene a los cuatro procesados por falsedad documental, administración desleal, apropiación indebida y fraude.

UPyD, que ejerce la acusación popular en esta causa, es la única acusación que ha mantenido su petición de pena, entre trece y 16 años. "Poco tengo que decir a lo que han dicho ya mis compañeros”, ha comenzado diciendo el letrado de esta formación, Sergio Quin, quien en su breve intervención para leer sus conclusiones finales ha comentado que existen "pruebas que acreditan que Esco y García Becerril han ocultado permanente información al Consejo de Administración". "No es de recibo que, por ejemplo, no se aprueben partidas presupuestarias cuando se excede del presupuesto", ha añadido.

Las defensas niegan que hubiese malversación

Las defensas de los acusados han negado que Plaza sea una empresa 100% pública y, por consiguiente, que hubiese malversación de caudales públicos. El letrado del exgerente de Plaza, José María Paván, también ha restado importancia a la participación de su defendido en la gestión de Plaza. "No ha sido nunca administrador de hecho o de derecho de Plaza. Ha sido alto directivo y empleado de la sociedad", ha detallado. Asimismo, Paván ha aseverado que el contrato con Autocity "se pasa por el consejo de Administración y se analiza", ha dicho.

Tampoco son caudales públicos para la defensa del exconsejero delegado, Carlos Esco. Su letrado, Juan Monclús, ha considerado que las pruebas de las acusaciones "no tienen solidez" y ha asegurado que Esco no vio las certificaciones de las obras. "Su posición es la misma que la del resto de miembros del Consejo de Administración", ha asegurado Monclús.

La letrada de Miguel Ángel Pérez, Carmen Cifuentes, ha destacado que "ni una sola de las pruebas" "pone de manifiesto un pacto para delinquir". Asimismo, el letrado de Agapito Iglesias, Miguel Ángel Alemán, ha considerado que no se puede hablar de "connivencia" ya lo que existe entre los acusados es "una mera relación de amistad" y "Plaza ha pagado lo que tenía que pagar y Codesport ha cobrado lo que debía".

El juicio ha quedado visto para sentencia.