Mayores de hoy, jóvenes del pasado

El nuevo Ejecutivo autonómico anunció a mitad de julio que iniciaría una ronda de inspecciones por todas las residencias de ancianos de la Comunidad. A fecha de hoy, cuando agosto apura sus últimos días, se ha dado a conocer un avance de cómo marcha este plan. La cifra es desalentadora: una veintena de centros de mayores presentan deficiencias.

El nuevo Ejecutivo autonómico anunció a mitad de julio que iniciaría una ronda de inspecciones por todas las residencias de ancianos de la Comunidad. A fecha de hoy, cuando agosto apura sus últimos días, se ha dado a conocer un avance de cómo marcha este plan. La cifra es desalentadora: una veintena de centros de mayores presentan deficiencias.

Todavía no hay un informe cerrado de estos problemas, ni tampoco se han terminado las inspecciones, lo que deja para el augurio que esa cifra tiene muchas posibilidades de aumentar. Las residencias están ahora en el punto de mira de las instituciones después del trágico incendio en Santa Fe, en el que fallecieron ocho ancianos. Aunque haya sido a raíz de este suceso cuando ha surgido la iniciativa de inspeccionar los centros, el nuevo Ejecutivo debe asegurar que los equipamientos para mayores que están actualmente en activo cumplen a rajatabla la normativa.

Lo que no se puede consentir es que expertos de este sector y completamente ajenos a los colores políticos, como es el Colegio de Ingenieros Industriales, denuncien confusión y contradicciones en la ley sobre residencias de ancianos. Aseguran que hay gran cantidad de normativa dispersa, competencias de administraciones distintas y criterios de aplicación dispares. Un panorama que deja una enorme preocupación entre las familias de ancianos que viven en centros para mayores.

Las personas que ahora ocupan estas residencias son las que han trabajado por y para Aragón en el pasado. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable que debe seguir recibiendo el trato respetuoso que se merece. Estos centros, sus hogares, deben cumplir la normativa escrupulosamente y con el máximo rigor posible. Por ello, el nuevo Gobierno de Javier Lambán tiene la obligación de desarrollar estas inspecciones de la manera más eficaz y eficiente posible.