Zaragoza.- La capital aragonesa arrastra una deuda de 90 millones de euros por sentencias judiciales sin pagar de anteriores gobiernos. Es una de las herencias que recibe el flamante nuevo responsable municipal de Economía, Hacienda y Cultura, Fernando Rivarés (1970), quien ha lamentado que sólo se hubiera provisionado 250.000 euros para contingencias cuando la cantidad era totalmente desorbitada.
Pese a este imprevisto, el edil de Zaragoza en Común asegura que acogerse al Plan Impulso para pagar esta cifra no afectará a los servicios básicos de la ciudad. Para evitar más sobresaltos parecidos, Rivarés presentará una auditoría interna a principios de septiembre, que dará a conocer la auténtica situación de las arcas municipales.
Amante de la cultura como bien esencial en el desarrollo de una ciudad, el concejal apuesta por derogar la Ley de Espectáculos del Gobierno de Aragón. Considera que es un decreto “hipócrita”, que está haciendo mucho daño a la cultura de las salas de música en vivo. “Ya hay una ley que prohíbe la venta de alcohol a menores de edad, que se persiga a quien la incumpla”, recalca.
Pregunta.- ¿Cómo pueden afectar esos 90 millones en sentencias judiciales firmes a las arcas municipales?
Respuesta.- Con este tema, los anteriores gobiernos del Ayuntamiento han hecho una política de patada hacia delante. Tendrían que asumir sus decisiones negativas, al igual que presumen cuando hacen las cosas bien. Nos acogemos al Plan Impulso, que implica que haremos una devolución al 1,3% en diez años. No es lo mejor, pero no es ningún drama. No es normal ni razonable que sólo se hubiera provisionado 250.000 euros para futuras contingencias.
P.- ¿Dejará dinero para nuevas inversiones?
R.- Los servicios básicos de la población se mantienen. Además, tenemos previsto financiar un plan de emergencia social, porque Zaragoza está en emergencia social y económica. Las personas van primero y hay que atenderlas. Habrá dinero para vivienda, para evitar desahucios, ayudas de comedor y pobreza energética, sí o sí. Será la primera semana de septiembre cuando desde el área de Derechos Sociales se presente este plan. Y recuerdo, porque algunos medios no lo han publicado, que hemos habilitado dos millones de euros más para ayudas de urgente necesidad porque se había acabado la partida.
P.- ¿Cuándo podrán verse los resultados de la auditoría interna?
R.- El anterior equipo de gobierno ha presupuestado a la baja los costes de los servicios públicos, que están hipotecando el futuro financiero de la ciudad. Habrá que corregirlo de modo inmediato. Es muy importante la auditoría interna porque dará una foto fija del estado económico de la ciudad, que no es bueno. Estará a principios de septiembre.Todo el mundo la verá a la vez.
P.- ¿Cómo van las ordenanzas fiscales?
R.- Mi interés es terminarlas en agosto para que el día 24 o 25 de este mes puedan ver el borrador los partidos de la oposición. No va haber nuevas tasas, se congelan la mayoría. No podemos hacer pesar sobre la vida cotidiana de la gente el drama de la crisis ni la estafa bancaria.
P.- ¿Qué pasará con el IBI?
R.- El IBI es una complicación muy seria. Si se aplican directamente las disposiciones de Montoro, será un drama para la mayoría. Nosotros queremos que sea progresivo y justo. Aplicaremos a la baja un punto municipal, aproximadamente un 2%, que evitará una subida para la inmensa mayoría. Aunque sí que subirá para los tramos más altos, económicamente hablando. Habrá que hacer una revisión del callejero comercial. Con el Impuesto de Actividades Económicas hay calles donde está demasiado alto y hay zonas de la ciudad donde está muy por debajo de lo que podría considerarse en esa zona. A finales de agosto se decidirá.
P.- ¿En qué situación se encuentra la deuda de la DGA con el Ayuntamiento?
R.- A Fernando Gimeno le digo que nos debe 50 millones de euros. Hablé con él y me dijo que primero los técnicos tienen que hacer cuentas. Pues bien, yo le contesto que los técnicos municipales tienen desde hace muchos días en la mesa unos cuantos dossieres y carpetas detallando hasta el último céntimo de cuánto, por qué, desde cuándo, en concepto de qué y quién lo debe. Se lo llevaremos para que cuando él quiera, hablemos de cómo empieza a pagar esos 50 millones de euros.
P.- ¿Habrá Ley de Capitalidad en esta legislatura?
R.- Recuerdo que el anterior alcalde, Juan Alberto Belloch, fue muy insistente a la hora de reclamar a la expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, una Ley de Capitalidad. Esta ley, en virtud del acuerdo del PSOE con Podemos, CHA e IU en las Cortes de Aragón, debe salir aprobada en la primera parte de la legislatura. Tiene que regular las condiciones políticas de colaboración económicas de la Comunidad con Zaragoza, que nunca han sido buena. La deuda acumulada es en buena parte porque la DGA no ha asumido su trabajo y su obligación en materia social, que sí asume el Ayuntamiento de Zaragoza.
P.- ¿Cómo van a ser los presupuestos para 2016 y teme dificultades para sacarlos adelante?
R.- Van a ser lógicos y no temo dificultades. Haremos las negociaciones que hagan falta. Todas las partes tienen que hablar para el beneficio de la mayoría de ciudadanos. Esta vez se valorarán bien los costes reales de los servicios básicos de la ciudad. Los servicios básicos no sufrirán recortes y algunas partidas como las destinadas a política social, crecerán. La situación económica de la ciudad no es la mejor y Zaragoza vive en un estado de emergencia social que hay que atender.
P.- ¿Tenían prevista la división que han generado con el cambio de nombre del Príncipe Felipe?
R.- Es una polémica falsa e interesada por algunos sectores que quieren seguir decidiendo las cosas por sí mismos. Es una medida que estaba en nuestro programa electoral, supone un reconocimiento a José Luis Abós, que llevo al CAI a sus mejores cotas de éxito. Ha sido apoyada en las redes sociales y apoyada por el Club CAI, hasta la semana pasada, en la que su grupo financiero hizo que cambiara su posición. Convertir esto en un debate entre monarquía y república es interesado y absurdo. El Ayuntamiento ha tomado una decisión. En esta legislatura el Gobierno ha cumplido un mandato que dijo que iba a hacer. Que alguien me diga cuántas veces se ha elevado a discusión pública la denominación de una calle o de un elemento importante o simbólico, en la ciudad. El Gobierno de la Ciudad decide qué nombre se les pone a las calles y a los equipamientos públicos. Siempre se ha hecho así.
P.- ¿Cómo valora que vaya a modificarse la Ley de Espectáculos?
R.- Me gustaría personalmente la derogación como mínimo. Es una injusticia y es hipócrita porque ya hay una ley que prohíbe la venta de alcohol a menores. No hacía falta impedir que los menores fueran a conciertos en directo sin sus padres. Hacemos mucho daño a la cultura, ya que es la edad idónea para amar la música en directo. Si se consigue, será un triunfo de este tipo de salas.
