Zaragoza.- El Consejo de Gobierno ha aprobado instar al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales para que inicie un proceso de participación ciudadana que sirva como paso previo a la elaboración y aprobación de la Ley de Renta Básica. El objetivo de la norma será concretar el acceso a un derecho que garantice una prestación económica y, a la vez, la integración social. La DGA ha hecho un cálculo aproximado de la inversión presupuestaria que tendrán que hacer para desarrollar la Ley y está situado entre los 80 y los 90 millones de euros.
La consejera de Ciudadanía y Derechos sociales, María Victoria Broto, ha sido la encargada de presentar en qué va a consistir este primer paso en la elaboración de la norma. "Lo primero es reunirnos con colectivos y entidades con experiencia para ponernos de acuerdo en los requisitos necesarios que deberán cumplir las personas para acceder a esta ayuda", ha explicado Broto, que no ha querido poner fecha ni plazos concretos para su presentación. La consejera ha comentado que en todo caso la intención es que ésta sea una Ley complementaria y que apoye a familias en desempleo, pero también a aquellas que tienen ingresos precarios.
"Pretendemos que todos los aragoneses tengan lo mínimo para tener una vida digna", ha señalado. Sobre los posibles beneficiarios de esta nueva ayuda, y los máximos y mínimos en la cuantía, Broto no ha querido "adelantarse" dando cifras aproximadas ya que, dice, para eso inicia la próxima semana el proceso de participación.
Lo que si que ha apuntado es el carácter de "urgencia máxima" con el que la van a intentar desarrollar y asevera que su intención es que en los presupuestos de 2016 cuenten con una partida. "Si lo que queremos es solucionar los problemas de las familias aragonesas, lo que tenemos que hacer es presentar la norma acompañada de una memoria presupuestaria", ha afirmado.
El Ejecutivo aragonés considera que "es más necesario que nunca" concretar a través de esta norma el acceso a un "nuevo derecho básico, subjetivo y de ciudadanía" que garantice, por una parte, una cuantía económica mínima que cubra las necesidades y, por otra, la puesta en marcha de servicios técnicos y profesionales que acompañen y apoyen la integración social de las personas.
Broto ha señalado que, aunque parten de cero, cuentan con la experiencia y conocimiento de un proyecto similar que desarrollaron en 2012 que "no se llegó a tomar en consideración en el Parlamento". La consejera dice cumplir así con el Estatuto de Autonomía ya que la Ley facilita la eliminación de las causas y efectos de la marginación y garantiza una renta básica a todos los aragoneses.
