La Audiencia Provincial de Zaragoza absuelve del delito de calumnias al testigo protegido en el caso del cura de Borja

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto del delito de calumnias al testigo protegido en el caso del cura de Borja. Estima así el recurso que presentó este hombre contra la sentencia que, el pasado mes de mayo, le condenó por calumniar a cuatro agentes de la Guardia Civil y le obligaba a indemnizarles con 5.000 euros a cada uno.

Zaragoza.- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto del delito de calumnias a Rafael G., el testigo protegido en el caso del cura de Borja. El tribunal provincial ha estimado así el recurso que presentó este hombre contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza que, el pasado mes de mayo, le condenó por calumniar a cuatro agentes de la Guardia Civil.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza condenaba a este hombre a pagar 1.400 euros de multa y otros 20.000 de indemnización para los cuatro agentes de la Benemérita que fueron supuestamente calumniados.

La Audiencia Provincial de Zaragoza no acepta en su totalidad los hechos probados en la citada sentencia y declara probado que Rafael G., teniendo la condición de testigo protegido, remitió al Juzgado de Instrucción número 1 de Tarazona -que instruye el caso del cura de Borja- una carta firmada por él en la que ponía de manifiesto que cuatro agentes de la Benemérita le obligaron a firmar una declaración redactada por ellos mismos y en la que tenía que referir "que familiares suyos tenían unas fotos comprometidas con el sacerdote de Borja y que por ellas le estaban sacando dinero".

La sentencia, a la que ha tenido acceso ARAGÓN PRESS, considera probado que "no ha quedado acreditado que dichas manifestaciones vertidas en la citada carta sean falsas". El tribunal provincial considera también que no se ha acreditado "la intención de atentar al honor y a la fama del ofendido".

Además, la sentencia considera que "no existe ni prueba directa ni prueba indiciaria suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia" del acusado, al que defiende la letrada Noelia Sanmartín.

Rafael G. reiteró por carta que los agentes de la Benemérita le habían "obligado a mentir" y señaló especialmente al sargento de Borja y al alférez como los responsables de las supuestas presiones.