Los partidos de izquierda aragoneses, que previsiblemente van a pactar la formación del inminente gobierno autonómico, ya han anunciado su intención de no aplicar la LOMCE, como se conoce a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. No es mi propósito aquí analizar los principios educativos, los preocupantes niveles de fracaso escolar o la necesidad de reformas consensuadas para un tema de Estado como debiera ser la Educación.
Creo que el anuncio de los partidos de izquierdas resulta extraordinariamente preocupante y va mucho más allá del debate educativo. Las leyes son de obligado cumplimiento y su inaplicación es, con seguridad, un delito. Sólo mediante su derogación expresa por el mismo órgano que la dictó podría quedar sin efecto la LOMCE, pero un gobierno autonómico no tiene potestad para incumplirla ni dejarla de aplicar. Si el presidente del futuro gobierno autonómico ordenara tal cosa, debería ser como mínimo inhabilitado para el ejercicio de cargo público. Esa sería la consecuencia lógica.
Las formaciones de izquierdas deben ser conscientes de que su anuncio no cuestiona realmente la LOMCE -aunque ellos lo hagan con ese propósito-, sino al propio Estado autonómico. Su propósito, si lo consuman, es una auténtica carga de profundidad contra los cimientos mismos del Estado de Derecho. Y yo lo tengo claro: si el Estado autonómico colisiona contra el Estado de Derecho, debe prevalecer siempre este último. Porque podremos prescindir de las autonomías, pero lo que nunca jamás podemos dejar de ser es un Estado de Derecho.
