Zaragoza.- Los trabajadores de la ONCE, a través de su sindicato mayoritario UTO-UGT, han pedido la paralización del juego ilegal y la aplicación del Estado de Derecho en toda España. En Aragón, el sindicato ha acudido este martes a la sede de la DGA en Zaragoza para presentar su campaña “El juego ilegal no es un juego” con un documento reivindicativo que se ha redactado a nivel nacional. En el escrito se explican las razones de por qué el juego ilegal es un gran problema para todo el país. Además, los trabajadores han aprovechado para denunciar la pasividad de la Administración contra el juego ilegal que “abusa de las personas con discapacidad, engaña a la ciudadanía y pone en riesgo la labor de la ONCE”.
El sindicato ha podido verificar que en el conjunto de las distintas CCAA del país, a finales de 2014 había un total de 22 asociaciones vendiendo juego ilegal en las calles. Utilizaban para ello 3.592 colaboradores, todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en ese año de más de 82 millones de euros. Estos hechos han sido reiterados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), y, en ocasiones, han llegado a agresiones a vendedores y vendedoras de la ONCE.
La Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT) es el sindicato mayoritario en la ONCE, y cuenta con casi el 90% de la representatividad sindical. Por ello, ha visto necesario denunciar “la absoluta pasividad de las administraciones públicas en la lucha contra el juego ilegal que, cada vez más, irrumpe en las calles, abusa de la imagen de la discapacidad, engaña a la ciudadanía con productos sin ningún tipo de seguridad, y pone en riesgo la labor social de la ONCE, así como el puesto de trabajo de cada uno de los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización, todos ellos personas con discapacidad”.
La secretaria general de UTO-UGT en Aragón, Ana Isabel Gracia, “estamos aquí para luchar contra el juego ilegal, y sobre todo, en contra de entidades “manifiestamente ilegales como la OID, entre otras, que utilizan la imagen del sorteo de la ONCE, copian sus productos y su imagen, y emplean la discapacidad en su propio beneficio”.
El Comité Estatal de UTO-UGT ha decidido movilizarse y salir a la calle para exigir a las autoridades competentes que actúen. Para ello, ha utilizado la campaña “El Juego Ilegal no es un Juego”, que trata de sensibilizar a los estamentos públicos de la necesidad de cumplir la normativa vigente sobre juego de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, que establece las condiciones específicas que regulan este sector, en todos los niveles, y que es burlada por quienes actúan al margen de la normativa y ponen en riesgo cada día a los ciudadanos que compran estos productos sin ninguna garantía.
UTO-UGT ha considerado “muy escasas y poco rotundas” las actuaciones contra esta actividad ilegal, como la imposición de una sanción de 25 millones de euros a la OID acometida por el Ministerio de Hacienda, puesto que no ha supuesto ningún avance significativo y, como expresa la propia resolución ministerial (BOE 27-12-2014) se trata de una Organización “con plena consciencia del carácter ilegal de su actividad”, con una “actitud perseverante” en la ilegalidad, con “ausencia de aprecio por la legalidad vigente”, lo que constituye un “grave atentado contra el orden jurídico”. Y todo ello sin consecuencias para el infractor.
Desde el UTO-UGT estatal, “como defensores de los trabajadores de la ONCE, así como de la prestación de servicios que ofrece a las personas ciegas y con otra discapacidad (a través de la Fundación ONCE), además de constituirse en el mayor motor del empleo para personas con discapacidad en nuestro país”, han anunciado que reiteran su postura “radical y rotunda” contra el juego ilegal en todas sus expresiones.
“No podemos tolerar que la Administración no haga cumplir las numerosas sentencias y resoluciones administrativas y judiciales que pesan contra el juego ilegal y, concretamente contra la OID, que sigue campando a sus anchas vendiendo sus productos y engañando a casi 100.000 consumidores cada día y, hasta hace poco, con la posibilidad de llegar a menores a través de su página web, como apunta el propio Ministerio de Hacienda en la citada resolución”, ha continuado el sindicato.
UTO-UGT ha exigido, con carácter de urgencia, la intervención de la Administración del Estado para que, de una vez por todas, se haga cumplir la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, “no solo a los que actuamos dentro de la legalidad, pagamos nuestros impuestos y trabajamos de forma responsable, sino también, y de manera concluyente y definitiva, a aquellos otros que sistemáticamente la transgreden, como es el caso de la OID”.
Para ello, este sindicato ha expresado que “iniciará cuantas acciones considere convenientes” para denunciar la “pasividad e inacción” del Gobierno en el cumplimiento de la Ley, exigiendo con rotundidad “erradicar esta lacra de juego ilegal que, aprovechándose de la solidaridad de la ciudadanía, ataca directamente a la sostenibilidad de la Institución y a nuestros productos de juego, poniendo en peligro los puestos de trabajo y la estabilidad laboral de todas las personas que dependemos de ella y de forma especial, pues lo sufren directamente en la calle, la de los vendedores y vendedoras de la ONCE”.
“Diez razones” para la campaña de UTO-UGT
Con el lema de “El juego ilegal no es un juego”, el sindicato ha querido expresar su inquietud y ha pedido al Gobierno de España que ponga medidas para frenar este problema. Para ello, ha redactado un documento con las razones de esta iniciativa y los problemas que genera el juego ilegal en el país, que forma parte de su campaña.
En primer lugar, el sindicato ha afirmado en el documento que “el juego ilegal atenta contra los derechos de los consumidores, al no tener ningún tipo de regulación ni control en las emisiones y pago de premios”.
En segundo lugar, ha explicado que el juego ilegal “engaña a más de 100.000 personas cada día, muchos de ellos mayores, que consideran que están adquiriendo productos de marcas legales”.
El tercer punto trata sobre la recaudación de este juego ilegal: “más de 80 millones de euros al año, entre una veintena de supuestas organizaciones, entre las que destaca la OID (unos 60 millones). El destino final de estas recaudaciones es totalmente opaco y fuera de los cauces legales establecidos”.
En cuarto lugar, “el juego ilegal no aporta ni un solo euro a las arcas públicas, dado que su actividad es ilegal, los vendedores no están dados de alta en la Seguridad Social y no paga ningún tipo de impuestos”.
En el quinto punto ha asegurado que el juego ilegal “representa por tanto un supuesto caso de fraude fiscal para el Estado y para las Comunidades Autónomas y, como tal, para todos los ciudadanos”; y en el sexto, que “el juego ilegal copia y utiliza la imagen, los sorteos y hasta la publicidad de operadores como la ONCE para engañar a posibles compradores”.
En séptimo lugar, “el juego ilegal utiliza y explota personas en situaciones de extrema dificultad y desempleo (afectados por la crisis, inmigrantes sin documentación, ex reclusos, etc.) y no les ofrece ningún tipo de cobertura social, como todos pudimos ver en el reportaje “Equipo de Investigación”, emitido el pasado día 19 en la Sexta”.
Como octavo punto, se encuentra la afirmación de que el juego ilegal “hace una utilización lastimera de la imagen de las personas con discapacidad como gancho para su actividad, como ha denunciado en varias ocasiones el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)”.
El punto nueve trata del riesgo que tiene el juego ilegal pone en menores, “tanto con el juego físico como a través de Internet, al no tener ningún tipo de control ni precaución”.
Por último, el sindicato ha manifestado que el juego ilegal hace peligrar a los operadores legales, “como la ONCE y sus más de 20.000 vendedoras y vendedores, todos personas con discapacidad, así como la estabilidad de esta Organización prestadora de servicios sociales y los puestos de trabajo y generación de empleo legal y estable para las personas con discapacidad”.
