Zaragoza.- De absoluto desconocido en el panorama político a llevar las riendas de la quinta ciudad de España. El nuevo alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, lleva apenas dos semanas en el cargo y ya ha dejado claro que sus principales apuestas serán conseguir una participación ciudadana más real, acabar con los desahucios y estudiar una posible remunicipalización de las contratas.
El primer edil considera urgente que haya pronto un gobierno autonómico para debatir sobre la financiación de las competencias impropias que asume el Ayuntamiento. Asegura que no subirá los impuestos, pero añade que tampoco los puede bajar porque reduciría los ingresos. Además, intentará llegar a acuerdos con los demás grupos para una disminución generalizada del sueldo de los concejales, ya que considera que debería haber un techo salarial de unos 60.000 euros.
Hasta la fecha, Santisteve ha ejercido como abogado penalista, ha sido profesor de Derecho y Ética en la Universidad de Zaragoza y ha estado vinculado a asociaciones contra el sistema penal y de apoyo a los presos. En las pasadas elecciones, su grupo municipal Zaragoza en Común (ZeC) consiguió nueve concejales, uno menos que el Partido Popular. El apoyo de PSOE y CHA ha servido para que gobierne en minoría el Consistorio.
Pregunta.- ¿Cómo valora estos primeros días como alcalde?
Respuesta.- Intensos. He tenido una muy buena acogida por parte de los funcionarios y por el equipo de Alcaldía. Poco a poco, vamos organizando la agenda y la estructura del gobierno.
P.- ¿Tiene el Ayuntamiento las suficientes competencias para paralizar los desahucios?
R.- De momento, hemos pedido colaboración al poder judicial para podernos adelantar a los desahucios y habilitaremos una mesa de información para que los servicios sociales competentes puedan facilitar el realojo habitacional. Queremos adelantarnos para que nadie se quede sin techo en una situación así. Negociamos con las entidades financieras que haya moratorias con los deudores de buena fe, que se hayan encontrado en esta situación tan penosa. El presidente de Ibercaja, Amado Franco, nos atendió muy bien. Queremos concretar en una nueva reunión técnica todo el tema de acopio de viviendas para afrontar esta emergencia social y seguiremos negociando con las entidades sociales que vayan a aplicar algún desahucio en los próximos días para evitarlo.
P.- ¿Qué creen que van a encontrar en la auditoría a las cuentas municipales?
R.- Queremos saber qué partidas de gasto se podrían derivar para los planes de emergencia social dentro del área de Derechos Sociales, y también queremos saber cuál es la eficacia en el gasto y en la relación coste-beneficio de los servicios que se prestan. No se trata sólo de conocer lo que se ha gastado, sino de cómo se ha gastado. Y queremos hacerlo con recursos propios. Hay que dar tiempo en este mandato a los órganos técnicos para que lo hagan.
P.- ¿Cómo fomentarán el empleo?
R.- Con las contratas municipales. En lugar de ERE o despidos, queremos que haya cláusulas sociales para que pueda contratarse a más personas. Además queremos que salgan planes de contratación, algunos de ellos estaban paralizados desde 2009. Propondremos un plan de rehabilitación de viviendas desde el punto de vista de eficiencia energética. Hay que hacer pequeñas cooperativas de viviendas en solares vacíos de barrios tradicionales.
P.- ¿Han avanzado en su apuesta por la remunicipalización de servicios?
R.- Ha habido una reunión muy importante con las contratas y los trabajadores nos han puesto de manifiesto su preocupación por los recortes de derechos y condiciones laborales que han tenido. Ha habido despidos por ejercer sus funciones sindicales y nos preocupa el tema. Hay un plus de beneficio industrial y del IVA que si se gestionara municipalmente se podría reducir, abaratar costes y, probablemente, mejorar la condición de vida de los trabajadores o tener un remanente de dinero para derivar a la emergencia social. Hay que revisarlo con calma.
P.- ¿Cómo se desarrollará?
R.- Veremos cómo van esas contratas en el tiempo, cómo van caducando los contratos y, en función de eso, ir analizándolo sin prisa pero sin pausa. No sé por qué ayuntamientos en muchos lugares de Europa tienen un fuerte sector público que dinamiza la economía de su ciudad y aquí tiene que estar todo privatizado y externalizado. No es verdad que desde lo privado se gestione mejor, lo público ha sido en este país una experiencia interesante en buena gestión.
P.- En el área de Derechos Sociales, ¿cuáles van a ser sus medidas más inmediatas para favorecer la inclusión de los desfavorecidos?
R.- Además de los desahucios, hablaremos con el próximo gobierno de la DGA de muchas competencias que se quieren derivar a la autonomía y no estamos de acuerdo. Lo lógico es que sea desde el Ayuntamiento donde se presten esos servicios. El tema ahora es quién los financia. Necesitamos urgentemente que haya un gobierno autonómico para entablar conversaciones y ver cómo obtener ingresos para esas competencias que dicen que van a ser suyas, pero que a la larga sólo van a poder desarrollarlas los ayuntamientos.
P.- ¿Qué va a pasar con el transporte público de la ciudad?
R.- Apostamos por la intermodalidad. Somos personas peatones, cogemos bici, autobuses, taxis, vehículos privados… Habrá que estar a expensas del estudio técnico y habrá que debatir con mecanismos de participación ciudadana qué hacemos en el futuro. El estudio determinará si es viable una segunda línea de tranvía o no. No va a haber decisión en los despachos de un asunto de este calado. En caso de que se acuerde habrá que ver si hay dinero para afrontarlo. Todo hay que analizarlo desde todas las perspectivas.
P.- ¿Van a tocar los impuestos?
R.- La idea es mantener la presión fiscal. No se pueden bajar los impuestos porque bajarlos es reducir los ingresos y eso es disminuir los derechos. Tampoco se pueden subir porque la presión fiscal no lo admiten las economías cada vez más empobrecidas de nuestras clases medias y trabajadoras.
P.- ¿Teme inestabilidad en los plenos al tener un gobierno en minoría?
R.- Me gustaría que las fuerzas políticas que han apoyado la investidura sigan con buen talante negociador. Tenemos que ir llegando a acuerdos puntuales e ir cerrando temas de interés común. Creo que hay una defensa clara en lo público y en eso nos tenemos que poner de acuerdo. Creo yo, no hay otra posibilidad.
P.- ¿Cuándo comenzarán a negociar los presupuestos?
R.- Los presupuestos pronto. Ya urge y hay que empezar a moverse. No puedo dar claves porque estamos pendientes de nombrar al coordinador del área de Economía.
P.- ¿Qué va a pasar ahora con La Romareda y la cesión al Real Zaragoza?
R.- No hay nada previsto. Es una entidad privada y tendremos que hablar con ellos porque el campo es patrimonio municipal. No se puede dar un dinero que no se tiene, sin ninguna garantía, a manos privadas y sin ninguna correspondencia. Se ha venido hablando de 200.000 euros de canon a 70 años vista en esa acelerada evolución del expediente administrativo, que tan sorprendidos nos dejó estos últimos días.
P.- ¿Qué sucederá con la construcción de pisos que hay prevista en Averly?
R.- Es un tema candente y delicado. Habrá que hablar detenidamente. Ya me lo planteó el anterior concejal de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón. Será un tema que habrá que abordar. Habrá que mantener reuniones con todos los implicados: propietarios, Urbanismo, Apudepa… Veremos a ver qué pasa con esa resolución que creo que está pendiente en el Tribunal Supremo.
P.- ¿El proyecto Torre Village saldrá adelante?
R.- Hay que hablar con Urbanismo. Nos sorprendió que se aprobaran estos proyectos en el último mes porque eran temas aparcados de hace mucho y en pleno proceso electoral pasaron a ser de primer orden. No me cuadra, por limpieza democrática, que a un mes de las elecciones se pase a Pleno temas así, salvo que se quiera hipotecar a futuro el trabajo de la corporación que elijan los ciudadanos.
P.- Concréteme, ¿en qué consiste la reducción de sueldos que plantean?
R.- Ya nos redujimos el salario al firmar un código ético, imponiéndonos unos sueldos de tres veces y medio el salario mínimo, es decir, unos 2.200 euros. Queremos una función ejemplarizante reduciéndolo en los cargos y ahorrar dinero al Ayuntamiento. Lo negociaremos con los demás grupos municipales. Si no aceptan, nos los rebajaremos nosotros en torno al 30%. Pensamos que no tiene que cobrarse más de 60.000 euros, eso debería ser un techo salarial a marcar. Hemos venido a servir a los ciudadanos y los primeros gestos se tienen que notar llevando a cabo políticas de austeridad.
P.- ¿Habrá colaboraciones con otras ciudades con gobierno como el suyo?
R.- Por supuesto, ya ha habido contactos. Se seguirá trabajando. He hablado ya con el alcalde de Valencia, el de Valladolid, el de Sevilla… Con todos hay muy buena sintonía. Estos 100 primeros días de trabajo vamos a ir intercambiando experiencias y perspectivas a futuro
R.- ¿Cómo está viendo las negociaciones de Lambán y Echenique para la investidura?
R.- Tengo muy poquito tiempo para enterarme porque me absorbe completamente la Alcaldía. Echenique es lógico que marque unas líneas claras. Si Podemos no va a formar parte del Gobierno tiene que asegurarse unos criterios de cumplimiento mínimo. Confío en que lleguen a un acuerdo para que entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón haya plena sintonía y visión de estadistas.
