Cataluña dice que los bienes seguirán en Lérida y Sijena lo tilda de "acto de rebeldía"

El abogado de las parroquias aragonesas, Jorge Español, califica de desacato la respuesta de la Generalitat sobre las sentencias del Tribunal Supremo. El Gobierno catalán ha manifestado que las piezas seguirán siendo patrimonio cultural catalán. Por ello, Español anuncia nuevas acciones de denuncia en el marco judicial y político.

Huesca.- El abogado de las parroquias aragonesas en el litigio de los bienes sacros, Jorge Español, ha tildado de desacato la respuesta de la Generalitat de Cataluña tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a la parte aragonesa. Unas declaraciones que remarcaban que la catalogación catalana deja de tener efecto sobre las piezas aragonesas una que vez que su legítimo propietario decida sacarlas del Museo de Lérida.

Español ha insistido en que para la Generalitat “las piezas seguirán siendo del patrimonio cultural catalán y seguirán estando sujetas a su exclusiva catalogación como colección, por encima de los deseos del propietario, la Iglesia en este caso, y de la prevalente catalogación aragonesa, como así lo ha sentenciado el Tribunal Supremo”. El letrado también ha querido recordar al consejero de Cultura catalán que fue él mismo quien dejó patente que dicha catalogación no servía para retener dichos bienes, y que sería su propietario, la Iglesia, quien dirimiría su futuro.

Además Español ha entendido que la sentencia del Tribunal Supremo es firme y vincula a la Generalitat y al Consorcio del Museo de Lérida que han perdido el litigio, por lo que deben acomodar cualquier actuación suya “al absoluto respeto a la resolución judicial dictada, no debiendo oponer nunca más la catalogación catalana como obstáculo para la devolución, puesto el propietario de esos bienes, la Iglesia, ya ha dicho por activa y por pasiva que se tienen que devolver a las parroquias aragonesas propietarias”.

Según el abogado, la respuesta de Cataluña ha supuesto un “presunto acto de rebeldía y desacato” a una sentencia que les obliga a cumplirla y respetarla. “De no hacerlo así, se iniciarán las siguientes medidas, pues el propietario, la Iglesia en este caso, ya ha manifestado en innumerables ocasiones que las piezas deben retornarse a Barbastro en cumplimiento de las resoluciones eclesiásticas dictadas”.

Por todo ello, se denunciará el hecho ante al Nuncio Apostólico para que tome las medidas oportunas al respecto e interponga las acciones oportunas, informando de todo esto a la Secretaría de Estado en el Vaticano. También se pondrá el hecho en conocimiento del presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial a sus efectos oportunos.

Además, se denunciará el hecho ante el Ministerio de Cultura como un claro caso de expoliación para que "se proceda al secuestro de estos bienes y a su entrega a los propietarios aragoneses, pues el Estado tiene competencias en estos casos de presunto hurto, apropiación indebida o expoliación de un bien cultural español, expoliación que se produce cuando se niega la devolución a su legítimo propietario, y más cuando quien no las devuelve ha sido vencido en sentencia firme”, ha argumentado Español.

Otro de los bienes reclamados
Otro de los bienes reclamados

También se quiere trasladar el caso ante la Unesco y el ICOM (Consejo Internacional de Museos) “por la flagrante violación de las normas dictadas por estas instituciones que obligan a cualquier museo del mundo a devolver las piezas que tiene en depósito, como así todos los muesos hacen, a excepción del Museo de Lérida, lo cual resulta tan extraño como sorprendente”, ha indicado.

Finalmente, Español ha añadido que todo esto se realizará conjuntamente con el Gobierno de Aragón y con el Estado, que "deben implicarse ahora en el litigio al tratarse de un claro caso de expoliación" (secuestro de una propiedad privada a través de un acto hostil de catalogación que ha dejado de tener ya efectos jurídicos convirtiéndose entonces en un presunto delito de apropiación indebida o hurto). "Ambos gobiernos son, a partir de ahora, los competentes en este asunto, y no la Generalitat de Cataluña", ha especificado.

El letrado también ha recordado que “los ayuntamientos se reservan en todo caso la interposición de una querella criminal contra el Consejero de Cultura catalán por los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad judicial y apropiación indebida, que la podrán hacer extensiva a todos aquellos que, activa o pasivamente, colaboren o justifiquen semejante y escandaloso comportamiento, inadmisible y rechazable en un Estado de Derecho”.