Zaragoza.- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona, Nieves Pérez, ha dictado este martes auto de sobreseimiento parcial y archivo de las actuaciones referidas a siete miembros del clan familiar de etnia gitana Zapato Veloz, encausadas como presuntos autores de delitos de extorsión y de pertenencia a grupo criminal en el llamado caso del cura de Borja.
Estas siete personas son: Luis C. P., Jesús C. P., José Luis C. C., Pilar P. H., María Luisa C. P., Lourdes P. M. y Alfredo Francisco C. T., que mantienen entre ellos vínculos familiares. En su auto, la juez instructora concluye que "dado que nadie ha formulado acusación contra los imputados mencionados", de acuerdo con el principio acusatorio que rige en el Derecho penal español y conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "procede acordar el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones, en relación al delito de extorsión y el delito de pertenencia a grupo criminal".
Todo ello sin perjuicio de la continuación del presente procedimiento contra el párroco de Borja, Florencio Garcés. Cabe impugnar este auto mediante la imposición de un recurso de reforma y apelación o mediante un recurso directo de apelación, sin previa reforma.
El presente procedimiento se dirigió contra estos siete miembros del clan Zapato Veloz cuando la Guardia Civil investigaba la presunta apropiación indebida de más de 150.000 euros de las cuentas de la parroquia de Borja por parte de su párroco, Florencio Garcés.
El testigo protegido que luego dejaría de serlo, Rafael G. C. -condenado recientemente por calumniar a los agentes de la Guardia Civil de esta investigación-, manifestó a los agentes de la Benemérita de manera voluntaria que los imputados podrían estar extorsionando al párroco con unas fotos comprometidas.
La Guardia Civil detuvo a estas personas y se practicaron diferentes diligencias, tanto policiales como judiciales para comprobar la posible existencia de los delitos que se imputaban a todos ellos. Se realizaron así declaraciones policiales y judiciales en las que se negaban los hechos y otras pruebas.
Sin embargo, quien parecía ser víctima de unos hechos muy graves, Florencio Garcés, no quiso mostrarse perjudicado, y de una manera bastante confusa dijo que los gitanos y otras personas cuyos datos aportó en las denuncias iniciales, y que verificadas no existían, le estaban molestando, pero que nunca le amenazaron, ni le pegaron. También aseguró que aunque dijo que le habían extorsionado, se refería a que le habían estafado, y que por eso les había dado altas cantidades de dinero en metálico procedente de las cuentas de la parroquia de Borja y de sus propias cuentas personales.
A pesar de que la posible víctima no quiera personase ni ejercer acusación, la figura del Ministerio Fiscal resulta esencial para sostener la acusación. Sin embargo, en su informe del 14 de abril de 2015 interesó el sobreseimiento provisional parcial de la causa respecto de los siete miembros del clan Zapato Veloz ya que “a pesar de que detrás de las disposiciones de dinero tan elevadas" efectuadas por Florencio Garcés "pudiera existir algún tipo de intimidación, represalia, etc. la negación efectuada por parte del denunciante impiden al Ministerio Fiscal proseguir con la causa”.
