Zaragoza.- Cada vez hay más aragoneses que manifiestan cómo quieren ser tratados en sus últimos días de vida por los profesionales sanitarios. Lo hacen mediante la firma del certificado de últimas voluntades.
Hasta abril, un total de 6.194 aragoneses han formalizado este documento. La mayoría, casi 4.000, son mujeres y viven en ciudades, según datos ofrecidos por el Departamento de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno de Aragón.
El documento de últimas voluntades es conocido popularmente como testamento vital, aunque no es un testamento como tal ya que no produce efectos tras la muerte de la persona ni es vital, ya que se refiere a los últimos momentos de vida.
“Es un documento dirigido al profesional médico en el que uno decide cómo quiere ser tratado al final de su vida si no puede manifestar su voluntad verbalmente”, ha explicado el decano del Ilustre Colegio de Notarios, Francisco Pizarro. El firmante de ese documento puede decidir sobre cuestiones como si quiere que le prolonguen la vida artificialmente, si quiere que el facultativo le suministre medios paliativos del dolor, etc.
El documento notarial de últimas voluntades va más allá y junto a las indicaciones para el profesional médico existe la posibilidad de añadir algunas disposiciones relativas al destino de los restos de una persona. “Si una persona quiere ser enterrada o incinerada, si quiere hacer donación de órganos o donación de su cuerpo a la ciencia y también contemplamos la posibilidad de que al final de su vida pueda ser objeto de internamiento en un centro sanitario o no, evitando así problemas entre familiares o quien tenga que decidirlo”, explica Pizarro.
Este documento fija asimismo la designación de un representante que será quien interprete la voluntad del que ha otorgado el documento si hay dudas o aclararlo ante el personal sanitario.
Existen varias formas de formalizar un documento de este tipo. Una de ellas es hacerlo en presencia de un notario y otra es ante dos testigos. “Lo lógico”, considera Pizarro, es llevarlo al Registro de Voluntades Anticipadas de Aragón porque “existe una interconexión entre todos los registros de las Comunidades Autónomos”.
De este modo, “si una persona de Aragón sufre un accidente en Galicia los médicos de allí podrían comprobar si existe o no este documento”, comenta el presidente del Colegio de Notarios de Zaragoza.
Aragón, comunidad pionera
Aragón es una de las tres Comunidades Autónomas pioneras en ejercer este derecho, junto a Cataluña y Navarra. Según explica Pizarro, hace años “era impensable” que una persona se planteara formalizar un documento de últimas voluntades. Sin embargo, hoy en día su uso se ha extendido ya que permite que “el profesional médico que quiere asegurarse a la hora de administrar un tratamiento pueda hacerlo y que nosotros, en un ejercicio de libertad, seamos quienes lo decidamos”, apunta Pizarro.
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Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente consideran que la cifra de aragoneses que ya ha formalizado un documento de últimas voluntades es “escasa”, fundamentalmente “porque la gente no lo conoce mucho”, señala José Antonio Rovira, miembro de la junta directiva de esta asociación.
La Comunidad Autónoma edita sus propios ejemplares informativos “que son muy buenos, pero nosotros reclamamos que estén en todos los centros de salud y hospitales a disposición de los interesados”, añade Rovira.
Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente insisten en que se trata de un instrumento “recomendable para todo el mundo” y que “no hay edad para hacerlo”. “No tienen que hacerlo únicamente quienes estén enfermos, sino que cualquier persona puede hacerlo, simplemente por una cuestión de conciencia personal para decidir cómo quiere ser tratado al final de sus días”, ha señalado Rovira.
Ley de Muerte Digna
Más allá de la posibilidad de formalizar un documento de últimas voluntades, Aragón tiene su propia Ley de Muerte Digna desde 2011, una norma presentada por IU y aprobada en el Pleno de las Cortes del 24 de marzo de 2011.
El texto recoge que todas las personas afectadas de una enfermedad grave, irreversible y de pronóstico mortal, que se encuentran en situación terminal o agonía tienen derecho al alivio del sufrimiento, mediante cuidados paliativos integrales de calidad en el lugar elegido por el paciente. El paciente en situación grave e irreversible, terminal o de agonía que padece un sufrimiento refractario también tiene derecho a recibir la sedación paliativa.
La presente Ley no contempla la regulación de la eutanasia, aunque considera en su exposición de motivos que el rechazo de tratamiento, la limitación de medidas de soporte vital y la sedación paliativa no deben ser calificadas como acciones de eutanasia ya que lo que se busca es “aliviar o evitar el sufrimiento, respetar la autonomía del paciente y humanizar el proceso de morir y de la muerte”.
Esta normativa también recoge las voluntades anticipadas, en el que se hagan constar sus deseos y preferencias de tratamiento para el caso eventual en el que no puedan decidir por sí mismas, así como designar mediante dicho documento quién tomará decisiones en su lugar.
