Zaragoza.- Una carta de la Dirección Provincial de Zaragoza del Instituto Aragonés de Servicios Sociales comunica a un dependiente en espera que su plan individualizado de atención está aprobado, y que recomienda como idónea la ayuda a domicilio, que puede contratar directamente el servicio de atención a domicilio (SAD) con una de las empresas privadas acreditadas por el Gobierno de Aragón y solicitar una prestación vinculada al servicio.
En la misiva, sellada el 9 de marzo de este año, se indica que esto se hace por la “inexistencia” de servicio público en su localidad que preste esta asistencia especializada para las personas en situación de dependencia.
El IASS explica en estas cartas los pasos a seguir para recibir el SAD a personas en situación de dependencia y beneficiarse de una prestación vinculada al servicio, empezando por contratar el servicio con una empresa acreditada. Esa empresa le debe prestar atención personal para la realización de las actividades de la vida diaria, junto con servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar como limpieza, lavado, cocina u otros.
Deberá contratar al menos el número de horas mínimo establecido para su grado de dependencia y tendrá que hacerlo con el listado de empresas privadas que están acreditadas y colgadas en la web http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/Documentos/ENTIDADACREDITADASAD.pdf
La empresa tendrá que emitir un certificado donde se refleje la fecha de inicio del servicio, el total de horas mensuales, diferenciando las de atención personal y las de atención doméstica, así como el coste mensual del servicio.
Tras esto, el dependiente en espera del servicio tendrá que pedir la revisión de su programa individualizado y comunicar que ha contratado el servicio. En el caso de Zaragoza capital, como es el de la carta recogida por ARAGÓN PRESS, en la Dirección Provincial del IASS de Paseo Rosales, y para el resto de municipios, tendrá que dirigirse a su centro de servicios sociales de referencia.
Será entonces cuando el trabajador social confeccione el plan individualizado donde recoja la nueva propuesta, enviándolo a la Dirección Provincial del IASS, que tiene que emitir la resolución de la prestación vinculada al servicio de atención a domicilio.
El dependiente recibirá el dinero que le corresponda en su cuenta corriente y vincularla a la efectiva realización del servicio.
Durante el Pleno de las Cortes de este jueves se ha conocido la existencia de esta carta, denunciado por la socialista María Victoria Broto, quien ha preguntado al consejero de Bienestar Social, Ricardo Oliván, qué atención van a tener y cuánto les costará.
Oliván ha asegurado que el Gobierno de Aragón ha desarrollado las órdenes de ayuda a domicilio y teleasistencia y que la carta “tiene bastante que ver” con que el Ayuntamiento de Zaragoza, según éste, “no ha querido firmar el convenio de encomienda de gestión para desarrollar la ayuda a domicilio y, como consecuencia de ello, a los zaragozanos dependientes cuyo PIA establece la ayuda a domicilio como recurso idóneo hay que darles una solución. Pregúntele al Ayuntamiento de Zaragoza por qué no ha querido firmar este convenio”.
En teleasistencia, Oliván ha remitido a Broto a la Diputación Provincial de Huesca para preguntarle por qué tampoco quisieron firmar el convenio. El Gobierno de Aragón ha firmado convenios con diferentes entidades públicas por valor de 1,2 millones en 2014 y 1,5 millones en 2015.
La socialista le ha dicho que es “especialista en echar la culpa a los demás” y le ha preguntado cuándo planteó el convenio. El consejero ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza, el 9 de febrero, les comunicó que no iba a gestionar ni a corto ni a largo plazo un contrato de ayuda a domicilio por tener que licitar un contrato específico “que en estos momentos no ven viable” y que estuvo con los presidentes de las Diputaciones a los que ofreció el copago de la teleasistencia.
Por su parte, la portavoz de IU, Patricia Luquin, ha puesto encima de la mesa una serie de preguntas para resolver las dudas de los que han recibido estas cartas y que, ha dicho, “no saben cómo actuar”. “¿Se puede ofrecer una prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio cuando éste no se ofrece en la red pública de servicios sociales directamente o con una empresa concertada? ¿En base a qué acto legal o administrativo se sostiene esta oferta y la consiguiente acreditación de unas empresas para un servicio que no es centro de día ni residencia? ¿Cómo puede un dependiente contratar un número de horas y de servicios sin saber lo que pondrá su programa individual de atención que se revisará posteriormente, o será la empresa la interesada en contratar el máximo de horas posible dentro de cada grado de dependencia? ¿Quién y cómo se responsabilizará del cumplimiento del nuevo programa y de la atención con calidad? ¿Cómo lo sabe el dependiente quién contrata?
El convenio de encomienda ha sido firmado ya por 21 entidades, ha mantenido la popular Carmen Susín, quien ha dicho que el Gobierno de Aragón asumirá directamente las que no lo hayan firmado como las del Ayuntamiento de Zaragoza o la DPH. Ricardo Oliván ha defendido que es una carta informativa y que hay que darle solución a través de una prestación económica vinculada al servicio concertando con una empresa privada la resolución de ese servicio “igual que pasa con las que ayudan al usuario a copagar una residencia privada o para centros de día”.
Precios
El precio del servicio es de 17,6 euros la hora y para un dependiente de grado dos que contratara 1,5 horas al día todo el mes tendría que pagar cerca de 900 euros al mes, ha explicado Luquin.
Mientras, según ha afirmado el consejero Oliván en el Pleno, una prestación económica en el entorno familiar le supone al IASS de media 289,66 euros al mes; una vinculada al servicio, 458 euros al mes; y una plaza residencial, 1.464 euros al mes. Eso explica, ha dicho, las secuencias de altas y el número de personas que tienen que esperar, “porque cuesta más dinero y es más complicado, pero es cumplir la ley”.
