Zaragoza.- CHA considera necesario que el próximo Consejo de Ministros apruebe, este mes de marzo, un "Real Decreto Ley de medidas urgentes para paliar los daños que se están produciendo como consecuencia de las inundaciones en el tramo medio de río Ebro".
El diputado de CHA en las Cortes de Aragón Gregorio Briz considera que este Real Decreto Ley tendría que incluir como mínimo reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias,tanto en el IRPF como en el IVA y medidas laborales y de Seguridad Social, por ejemplo para que las empresas y los trabajadores por cuenta propia, titulares de las explotaciones agrarias afectadas, incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, puedan solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de un año.
Eso sí, sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social o que los titulares de explotaciones agrarias inscritos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, como trabajadores por cuenta propia, o en el Régimen de Trabajadores Autónomos, en la actividad de agricultura, ganadera y silvicultura, en las zonas afectadas así como las cooperativas agrarias, puedan solicitar y obtener una reducción del 50 por ciento en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes.
Briz ha defendido que "es necesario que el Gobierno de Aragón sea exigente ante el Gobierno de Rajoy con esta demanda porque llevamos ya dos años completos sin aprobar un solo decreto de estas características, tan necesario para intentar paliar los efectos económicos provocados por las riadas del Ebro a su paso por Aragón y otros territorios limítrofes".
Estas declaraciones las ha realizado el diputado el mismo día en el que junto a la diputada de CHA en las Cortes, Carmen Martínez Romances, van a visitar las localidades de Gallur y Alagón para conocer, in situ, los problemas que se están produciendo en las comarcas aragonesas afectadas por el aumento de caudal del río Ebro, acompañados por el alcalde Antonio Liz.
CHA ha denunciado que el Gobierno de Rajoy lleva dos años sin aprobar decretos de estas características por lo que reclamamos poner "fin a esta política austericida que también se está practicando en este tipo de ayudas públicas destinadas a paliar los problemas causados por este tipo de situaciones"
