El agujero negro de la DGA

La Corporación Empresarial Pública de Aragón cerró el año 2013 con 98 millones de euros de pérdidas. Así lo refleja el informe de la Cámara de Cuentas. Trece empresas se encontraban en situación de desequilibrio en ese ejercicio y presentaron un plan económico-financiero de saneamiento. Para asegurar su viabilidad deberá realizarse un desembolso de 182 millones de euros hasta 2017.

La Corporación Empresarial Pública de Aragón cerró el año 2013 con 98 millones de euros de pérdidas. Así lo refleja el informe de la Cámara de Cuentas. Trece empresas se encontraban en situación de desequilibrio en ese ejercicio y presentaron un plan económico-financiero de saneamiento. Para asegurar su viabilidad deberá realizarse un desembolso de 182 millones de euros hasta 2017.

Las empresas públicas han sido la gran rémora de esta Comunidad y todo parece indicar que seguirá siendo así durante unos cuantos años más debido a la desastrosa gestión vivida durante la etapa de Gobierno socialista presidida por Marcelino Iglesias. Un Ejecutivo que decidió tirar para delante en vez de asumir su cuota de responsabilidad e intentar encauzar el caballo desbocado del sector público de la Comunidad. No ha sido hasta la llegada del PP al Ejecutivo autonómico cuando se ha intentado racionalizar un sector público que contaba con una deuda sin precedentes y sin sentido.

El principal lastre del sector público han sido las empresas inmobiliarias. A las pérdidas por deterioro de sus activos inmobiliarios por la crisis hay que unir los elevados gastos financieros. Un cóctel de difícil solución hasta que la economía no repunte y se recupere, de verdad, el crecimiento económico.

Caso aparte merece Plaza, una sociedad que es protagonista de más noticias negativas que positivas. A su elevada deuda se une su parálisis en las ventas y, sobre todo, las consecuencias de una gestión cuanto menos dudosa en la época de Marcelino Iglesias y que ha acabado desembocando en varias causas judiciales que avanzan lentamente pero de manera firme estrechando el cerco a las supuestas irregularidades cometidas.

La legislatura de la austeridad lo ha sido para algunas materias del Gobierno de Aragón, pero no para todas. No ha sido plato de buen gusto para el Ejecutivo ver cómo se inyectaba dinero para algunos pozos sin fondo como las empresas inmobiliarias de la Comunidad, pero ha sido necesario para no dejar caer proyectos que en un futuro, y con una buena gestión, pueden ser esplendorosos para Aragón como es el caso de la logística, una actividad de difícil deslocalización y que puede tener un gran impulso con la reapertura del Canfranc en 2020 y la construcción de la TCP en el largo plazo.