Al llegar el final de cada legislatura, sea por su regular extinción o sea por decisión anticipada, la adrenalina política se dispara a tenor del nerviosismo que genera no formar parte de las astutas y celosas candidaturas, o por ir en ellas pero en el furgón de cola, o bien por temor a no gobernar tras la cita electoral. En Aragón, cuya población apenas alcanza un millón trescientos cincuenta mil habitantes, actualmente y “solamente” a nivel autonómico hay 67 diputados, siendo casi mil la cifra de los consejeros comarcales.
A tres meses vista de las próximas elecciones municipales y regionales, el pulso político ha dejado ya materialmente de latir. Ahora preocupa más el interés personal que el general, pues la clase política se procura por el aseguramiento de “su puesto de trabajo”, ya que de la representación institucional han hecho su inequívoca profesión. Vienen días en que los teléfonos irritarán numerosos oídos, semanas en las que el peloteo brillará con un bruñido esplendor, y diversos despachos soportarán la ingrata humedad babeante que participa en la composición de comités, ejecutivas, comisiones varias, así como en el nombramiento de los “pata negra” que encabezaran las listas electorales. Este contexto que avala la experiencia a través de la historia, no entiende de color político alguno en relación a las formaciones que acceden finalmente a la votación popular. No obstante, se puede afirmar sin mucho margen de error que, a día de hoy, la estructura interna de los partidos y la gestión política, salvo excepciones, están tan denostadas que no ofrecen a la ciudadanía ningún plus de ilusión.
Desde la época de la Transición hasta nuestros días, el dinamismo democrático ha sucumbido al naufragio de los grandes ideales, al fracaso de las legítimas y entusiastas ambiciones que debieran inspirarse en principios y valores rectores, en aras de acreditar esa dignidad que sustenta la razón de ser de las personas. España ha sido capilarmente atomizada en virtud de la descentralización administrativa, llegando a crearse instituciones a modo de coladeros para ubicar ciertos estómagos agradecidos por cuenta del erario público. En Aragón, con la absurda burocratización comarcal, lo que realmente se ha conseguido es endeudar aún más la región.
En este periplo democrático que arranca a finales de los setenta, el declive humano ha hecho estragos en el buen funcionamiento institucional. Por tal motivo hoy da igual el signo político que gobierne, pues no existen fronteras que impidan usurpar la honestidad y la decencia, ni concurren incentivos nobles que animen a realizar el trabajo bien hecho y servir con responsabilidad. La inteligencia política, la solvencia técnica y la sensibilidad social se han doblegado en no pocas ocasiones al enchufismo pródigo y ramplón. La prosperidad y el bienestar de la ciudadanía han quedado como pretexto para diseñar, subrepticiamente, una cultura que llena los bolsillos de mandatarios, asesores, y un sinfín de directivos con la anuencia incondicional de ilimitadas prebendas que, con acierto, se ha establecido así misma la clase política.
Sin tardar, volveremos a escuchar verborréicos discursos tan lánguidos como aburridos, veremos la desafiante hipocresía militante de los partidos políticos, y jugosas pero evanescentes promesas electorales que vislumbrarán ese desnaturalizado periodo preelectoral en el que se echa de menos el liderazgo político de otrora, donde los ciudadanos se levantaban del asiento con arengas y con soflamas sin papel escrito. Los años dan perspectiva y comentan que el poder es el único estímulo efectivo que buscan la mayoría de los políticos, sea cual sea su color y en la cota administrativa que fuere. Con todo, a la luz de la coyuntura imperante, estamos inmersos en una crisis institucional, política y humana que da vértigo, máxime con partidos emergentes de rasgo dictatorial y catadura inmoral, ilustrando los horrores que se pueden cometer en nombre de la “libertad”.
Sin duda, a esta sociedad a la que dolosamente hemos convertido en depravada y decadente, más que nunca le sobran una ingente cantidad de cargos públicos que cobran suculentos emolumentos, sin saber muy bien a qué obedece su respectiva contraprestación laboral. Pero quizá esta medida inteligente engrosaría las filas del paro, y muchos egregios de la política se verían abocados a transitar por las oficinas de empleo mezclándose con quienes sufren en sus carnes privaciones muy básicas. También se asegurarían las pensiones de quienes han cotizado previamente, así como las pagas extraordinarias de los agraviados funcionarios. En fin, como dijera antaño el estadista británico Winston Churchill: “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás”. Qué le vamos a hacer, soluciones las hay, voluntad de ejecutarlas...es otro cantar.
