Zaragoza.- Unas 200 personas se han concentrado este domingo en la plaza de España, en Zaragoza, para protestar por el suicidio de una mujer de 43 años, al parecer, porque iba a ser desahuciada de su vivienda de la calle Cereros.
Según han informado desde Stop Desahucios, la familia de esta mujer, Ester, era inquilina de la vivienda desde hace más de 30 años, pero los problemas económicos provocaron el impago de rentas que precipitó el desahucio.
"Los desalojos forzosos de las viviendas habituales someten a las personas y familias a una presión difícil de explicar para quien no se ha enfrentado a ella", han señalado desde Stop Desahucios. Consideran que es "urgente" una normativa aragonesa que impida los desahucios y redoblan su compromiso con la campaña #AragónSinDesahucios y con la manifestación convocada para el próximo 28 de febrero en Zaragoza en defensa de la moratoria de desahucios, la política de realojo y el alquiler social.
A la concentración de este domingo también se ha sumado la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo. Ataviados con pancartas, el frío no ha impedido a los asistentes alzar la voz para reclamar soluciones al grito de "No es un suicidio, es un genocidio" y reclamar "Ni gente sin casa, ni casas sin gente", entre otros lemas.
Desde la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Histórico, han señalado que esta situación "es un exponente más de que la crisis ha golpeado en mayor o menor medida a la grandísima mayoría de las personas en este país, tambien de la desprotección de las personas con dificultades económicas".
Plataformas de afectados luchan cada día frente a instituciones, bancos, juzgados y "contra todos los actores implicados en esta grave crisis que priva de un bien imprescindible para las personas como es el de tener un techo donde vivir", han recordado.
Denuncian que este papel "debería ser cubierto por nuestros representantes e instituciones", que son "los encargados de velar por el bienestar de los ciudadanos". Recuerdan así que la Constitución Española establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
